Una administrativa de Sidenor dice ante el juez que no había control interno sobre la venta de material a empresas armamentísticas
La causa abierta contra directivos de la metalúrgica vasca Sidenor, en la que se investiga si cometieron un delito de contrabando por vender material a la empresa armamentística israelí IMI Systems -filial de Elbit Systems-, ha tenido este viernes un nuevo capítulo con la celebración de dos declaraciones en calidad de testigos que, para los impulsores de la querella -la Comunitat Palestina de Catalunya-, eran clave: un miembro del comité de empresa por el sindicato ELA y una de las trabajadoras de la compañía del área de administración.
Fuentes jurídicas presentes en ambas comparecencias, que se han celebrado de manera telemática, ha señalado que la antigua administrativa ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge que esa compañía no tenía mecanismos de control relativos a envíos de material a empresas armentísticas. Esta testigo, conocedora de la naturaleza, las fechas y los destinos finales de los envíos investigados, habría mantenido ante el magistrado que tampoco recibió ningún tipo de formación al respecto. Según una nota difundida por la Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel, “la ausencia total de este tipo de herramientas posibilitaron los envíos a la industria militar israelí”.
Cabe recordar que en un inicio, cuando se abrió la causa, los hechos fueron investigados como posibles delitos de contrabando y de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio. Finalmente, la Sala de lo Penal siguió el criterio de la fiscal del caso y circunscribió la investigación a un delito de contrabando. En la causa constan como investigados el presidente de la acerera, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos.
Este viernes, la administrativa también ha confirmado a preguntas de la defensa, que todos los envíos que se realizaron a la industria militar israelí se hicieron desde la central de Londres, y que ella llevaba a cabo un trabajo mecánico de soporte administrativo, como 'picar' datos. Además, ha reseñado, según las fuentes consultadas, que sí existía un código ético en la compañía, que recibió formación sobre el mismo pero no hacía referencia a exportaciones sino a qué hacer ante posibles sobornos.
Por su parte, el representante del comité de empresa ha explicado que ellos conocieron en junio de 2025 por la prensa que la empresa enviaba acero a Israel, y que fruto de ese conocimiento decieron llevar aa cabo una solicitud de información a la compañía que cayó en saco roto. Con esa premisa decidieron hacer público el asunto, fruto de ello la Comunitat Palestina de Catalunya presentó la querella y al día siguiente la propia Sidenor anunció que cancelaba ese envío que ya estaba a punto de partir hacia Israel desde el puerto de Barcelona.
Tras estas declaraciones, es previsible que el magistrado responda al informe de julio de la fiscal del caso en el que interesaba el archivo de la causa. A su juicio, no se ha podido determinar si las operaciones de exportación de Sidenor hacia Israel que se han examinado infringieron la normativa que regula el comercio exterior de material de defensa o productos de doble uso y si, por tanto, integraban el delito de contrabando. Cuando se habla de producto de doble uso, en el caso del acero, se hace referencia a un tipo de material especial de altas prestaciones técnicas que permiten que sea usado tanto para aplicaciones civiles como para la fabricación de armamento.
El Ministerio Público explicaba en escrito que, tras recibir informes policiales, documentación mercantil, documentación aduanera, informes periciales privados, declaraciones de investigados y abundante documentación técnica, se ha evidenciado que ese acero de Sidenor con destino a Israel no se encontraba incluido en los listados reglamentarios de materiales expresamente clasificados como material de defensa o producto de doble uso.
Consideraba que tampoco se ha acreditado de forma concluyente que ese material exportado fuera efectivamente incorporado a sistemas concretos de armamento. Y decía más, que la circunstancia de que la empresa destinataria desarrolle actividades vinculadas a la industria militar israelí no permite deducir que el acero adquirido fuera a terminar incorporándose a procesos de fabricación armamentística. De hecho, recalcaba que se desconoce el concreto uso final dado a las partidas exportadas.
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