La Fiscalía Europea investiga al Ministerio de Igualdad por el presunto fraude de las pulseras de control a maltratadores

La Fiscalía Europea en Madrid ha puesto en marcha una investigación en la sede del Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas de España por el presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medias cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género. La investigación que cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se inició el pasado año.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado tras conocerse la noticia que habrá “colaboración absoluta. Transparencia absoluta. Nos interesa que se fiscalicen todos los euros. Nos consta que se han invertido correctamente”.

“Este es un debate manipulado, lleno de bulos y mentiras. Tenemos un contrato que mejora todos los aspectos y corrige las disfunciones del contrato anterior. No se puede poner en riesgo la vida de las víctimas que necesitan estos dispositivos para mantenerse a salvo. Está en juego la vida de más de 40.000 mujeres. Somos los primeros interesados en que se fiscalice hasta el último céntimo”, ha insistido la ministra.

El escándalo estalló cuando la fiscalía española publicó un fallo en el sistema informático de Cometa, que gestiona las conocidas como pulseras de control a maltratadores, lo que provocó una “gran cantidad” de absoluciones y sobreseimientos de agresores debido a que los juzgados no podían contar con la información sobre sus movimientos. El contrato lo gestionó el Ministerio de Igualdad que dirige Ana Redondo.

Las trabajadoras que gestionan las llamadas pulseras antimaltrato avisaron de los fallos que estaban detectando tras el cambio de empresa desde el inicio. La llegada de la nueva empresa adjudicataria encargada del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa), una UTE de Vodafone y Securitas, y la transición con la anterior, Telefónica, provocó el caos durante meses: los dispositivos no dejaron de funcionar, pero varias trabajadoras relatan a elDiario.es un aumento muy relevante de las incidencias y numerosos problemas internos que, temían, llegaran a poner en peligro el sistema.

Las denuncias, sin embargo, se amplificaron por parte de las trabajadoras del servicio, que alertaron de una situación de “caos” y numerosos problemas internos. El servicio llegó a sufrir una incidencia que lo mantuvo inactivo durante el pasado 11 de noviembre que obligó a activar el protocolo de protección de víctimas.

4.300 mujeres llevan actualmente uno de estos dispostivios, que avisan cuando el agresor se acerca a ellas o accede a las zonas de seguridad previamente establecidas. Igualdad siempre ha defendido que “el sistema funciona”, pero abrió una auditoría para comprobar si las empresas cumplen el contrato.