El Gobierno cambia las pulseras de control a maltratadores por tobilleras y sube el presupuesto del contrato

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al nuevo contrato para gestionar el sistema que monitoriza las pulseras de control a maltratadores (Cometa). Ya estaba previsto que el actual contrato, de 30 meses de duración, finalizara en mayo, pero el cambio llega después de la crisis que atravesó el Ministerio de Igualdad por los fallos detectados en su funcionamiento tras el cambio de empresa adjudicataria. Entre las principales novedades, se incluye un aumento del 42% del presupuesto destinado al servicio, que pasa de ser de 50 millones a 71, y la sustitución de las pulseras por tobilleras.

La ministra Ana Redondo ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el contrato incorpora “mejoras” para las mujeres que portan estas pulseras y que pueden ser tanto víctimas de violencia de género en el seno de la pareja como víctimas de violencia sexual. El actual contrato, adjudicado en noviembre de 2023 a la UTE formada por Vodafone y Securitas Seguridad España, vence el próximo 6 de mayo. El nuevo tendrá una duración de tres años, que pueden ser prorrogables hasta los cinco, en cuyo caso el presupuesto se incrementará a los 110 millones de euros.

El cambio se produce después de que se tuviera constancia pública de los fallos del sistema, que ocurrió en en septiembre del año pasado. Entonces, la Fiscalía denunció en su memoria anual que había ocurrido una pérdida de datos durante la migración de sistemas al cambiar de adjudicataria, que anteriormenta era Telefónica. El Ministerio Público advirtió de que esto había provocado absoluciones y sobreseimientos en casos de quebrantamientos de órdenes de protección, aunque después aclaró que el fallo fue “puntual” y que “las mujeres estuvieron protegidas en todo momento”.

Las denuncias, sin embargo, se amplificaron por parte de las trabajadoras del servicoi, que alertaron de una situación de “caos” y numerosos problemas internos. El servicio llegó a sufrir una incidencia que lo mantuvo inactivo durante el pasado 11 de noviembre que obligó a activar el protocolo de protección de víctimas. 4.300 mujeres llevan actualmente uno de estos dispostivios, que avisan cuando el agresor se acerca a ellas o accede a las zonas de seguridad previamente establecidas. Igualdad siempre ha defendido que “el sistema funciona”, pero ha abierto una auditoría para comprobar si las empresas cumplen el contrato.

Redondo ha hecho un recorrido sobre lo ocurrido el año pasado y ha explicado que, tras pronunciarse la Fiscalía sobre los fallos, solicitó al Ministerio Público que “nos reportara” las sentencias de las que tuvieran constancia. “A fecha de hoy seguimos esperando”, ha afirmado la ministra, que ha reconocido que el Gobierno “fue consciente” de que “había que mejorar el contrato” e incorporar las mejoras detectadas “que las investigaciones nos trasladaron”. Más allá del vacío de datos, las trabajadoras dejaron constancia en informes internos desde el principio de los errores técnicos y de geoposicionamiento que daba el sistema y que atribuían al cambio de empresa.

Tobilleras “menos manipulables”

La ministra ha detallado que las pulseras, que son los dispositivos que portan los acusados, van a pasar a ser tobilleras porque “según nos indican los técnicos, son más fiables y menos manipulables”. Además, van a incorporar “mecanismos antivandálicos” y los teléfonos móviles a los que van asociadas dispondrán de una tarjeta eSIM “que no puede ser extraída” y que “facilitará el seguimiento de la geolocalización”. Por otro lado, los dispositivos “tendrán una mayor autonomía de batería” y una mejor “resistencia al agua”.

Los pliegos también incluyen un incremento en el número de dispositivos en stock que “va a permitir cambiar” los que estén manipulados “en tiempo récord”. Así, a lo largo del contrato se deberán adquirir un total de 17.660 y fija en 2.000 el “mínimo” de pulseras que tienen que estar siempre disponibles que para que puedan ser sustituidas en un máximo de 24 horas en cualquier punto del territorio. También el pliego exige un tiempo máximo de tres meses para que cualquier dispositivo que esté roto o no funcione, sea reparado. Habrá, además, nuevas “medidas de seguridad” para evitar la “simulación, el falseamiento o la manipulación” de los datos que se envían a Cometa desde los dispositivos.

Las tobilleras tendrán “geoposicionamiento de manera autónoma” y no solo dependiente del teléfono móvil y “mejoras de seguridad criptográfica” para que los dispositivos de la víctima y el agresor “estén permanentemente relacionados y no se pueda romper esa relación”. Según ha apuntado la ministra, los nuevos pliegos incluyen un “exhaustivo sistema de seguimiento” y el “refuerzo” de los planes de contingencia pensados por si hay caídas del sistema como la ocurrida el pasado noviembre.

También habrá cambios en el ámbito laboral. Aunque el contrato vigente se inició con 70 trabajadoras –la inmensa mayoría son mujeres–, actualmente son 151 las personas que trabajan en la sala Cometa, una cifra que los nuevos pliegos exigen como mínima. El contrato incluye por primera vez dos puestos de especialistas en psicología pensadas por si las víctimas requieren una atención más especializada y crearán la figura del coordinador/a de suminisrtos, gestión y mantenimiento de los dispositivos.

Además, habrá una coordinadora más de la sala –actualmente es una por turno– y se crearán dos figuras más: responsable del desarrolo y mantenimiento del software del sistema y otra de infraestructuras y procesamiento de datos. En caso de que la empresa adjudicataria sea diferente a la actual, la compañía saliente debe diseñar un plan de transición tres meses antes de la finalización del contrato en el que detalle cuestiones como la migración de usuarias, la gestión de las tobilleras y el intercambio de información entre empresas.