Igualdad reactiva su agenda con una ofensiva legal contra la prostitución y la revisión de las pulseras antimaltrato

No es un compromiso novedoso, ha sido anunciado casi como definitivo en varias ocasiones esta legislatura e intentado un par de veces sin éxito en el Congreso, pero la ley abolicionista de la prostitución del Gobierno puede estar cerca. Es al menos la intención del Ministerio de Igualdad, que arranca 2026 con la vista puesta en esta normativa y en la de lucha contra la trata, otra de las que tiene pendientes. Ambas son compromisos del PSOE en las que la parte socialista del Ejecutivo lleva tiempo trabajando y que después de contradecir la idea inicial de llevarlas al Consejo de Ministros este otoño, quedarán ya para el nuevo año.

El departamento dirigido por Ana Redondo hace suya así la posición abolicionista que el PSOE ha mantenido sobre la prostitución y que hace ya cuatro años cristalizó en el compromiso de impulsar una ley integral. Los trabajos –y las declaraciones públicas– se aceleraron el pasado verano para intentar rebajar el escándalo de los audios entre José Luis Ábalos y Koldo García en los que se repartían mujeres con las que citarse. Fue entonces cuando la ministra anunció que el anteproyecto se aprobaría antes de que finalizara el año, pero ha permanecido encallada.

El ministerio es consciente del complejo debate que atraviesa la propuesta debido a las diferentes posiciones que conviven tanto en el movimiento feminista como en el Congreso e incluso en el propio Gobierno. De hecho, Sumar, socio de la coalición, ya votó en contra de la iniciativa para perseguir el proxenetismo que los socialistas presentaron en 2024 y que incluía las medidas más polémicas, las que tienen que ver con el Código Penal, que también ahora busca incorporar a la nueva ley. En concreto, las multas a los clientes de prostitución y la llamada tercería locativa, que penaliza a quienes alquilen espacios donde se ejerza.

La intención de Igualdad es, además, penalizar “todas las formas de proxenetismo”, incluido el que, a su juicio, “está en alza” y se lleva a cabo en espacios digitales como la plataforma OnlyFans, según ha ejemplificado en varias ocasiones Redondo sin detallar aún cómo lo hará. Lo que parece claro es que el PSOE tendrá que afanarse si quiere recabar los apoyos porque la formación se quedó sola en el Congreso con su última propuesta sobre prostitución, que ya también había intentado llevar a la ley del 'solo sí es sí' sin éxito.

Los socios de investidura consideraron entonces que, más allá de posiciones abolicionistas o regulacionistas, las multas y sanciones sin medidas de acompañamiento, soluciones habitacionales o la derogación de la Ley de Extranjería, pueden perjudicar a las mujeres y “hacerlas más vulnerables”, según defendieron ERC o Bildu para justificar su voto en contra. Lo que sí reclamó buena pare del arco parlamentario fue el impulso de la ley de lucha contra la trata, una asignatura pendiente que ya pasó por Consejo de Ministros en la anterior legislatura y que Igualdad retomó hace un año y nueve meses sin que haya visto la luz.

Los errores de las pulseras

Junto a estas dos leyes, la cartera de Redondo tendrá que afrontar la elaboración del nuevo pliego para adjudicar el sistema que monitoriza las pulseras de control a maltratadores (Cometa). Ya estaba previsto que el actual contrato finalizara en mayo, pero el cambio llega después de la mayor crisis que ha tenido que navegar el ministerio este año y que tiene que ver con los fallos detectados en el servicio tras el cambio de adjudicataria, que pasó de Telefónica a la UTE formada por Vodafone y Securitas Seguridad España.

Además de la pérdida de datos que ocurrió durante la transición de compañías, las trabajadoras denunciaron una situación de caos y numerosos problemas internos que han puesto el foco en un servicio de protección que actualmente llevan 4.300 mujeres y los hombres acusados de maltratarlas. El servicio llegó a sufrir una incidencia que lo mantuvo inactivo durante el pasado 11 de noviembre. Igualdad siempre ha defendido que “el sistema funciona”, pero ha abierto una auditoría para comprobar si las empresas cumplen el contrato y se ha comprometido a “incluir mejoras” en los futuros pliegos.

Hay unos cuantos proyectos de ley que el Consejo de Ministros está pendiente de aprobar antes de remitirlos al Congreso, algunos de ellos en los que Igualdad comparte liderazgo con otros ministerios: la ley de violencia vicaria incluye un delito específico para perseguir el maltrato que se ejerce contra otras personas del entorno de las mujeres, fundamentalmente los hijos. En lo que va de año, tres menores han sido asesinados por sus padres o las parejas de sus madres.

Además, incluye la posibilidad de que los jueces puedan impedir a los asesinos difundir información de los crímenes durante un tiempo, una medida impulsada al calor de la polémica por el libro en el que José Bretón confirmaba haber matado a sus hijos. Sin embargo, la norma levantó recelos entre las expertas, por lo que habrá que esperar a ver de qué forma acaba saliendo del Gobierno y si incorpora cambios.

Blindar el aborto

Está también pendiente el blindaje del aborto en la Constitución, una medida anunciada por Pedro Sánchez para marcar perfil político ante los pasos atrás de PP y Vox, fundamentalmente en Madrid. La idea del Gobierno es hacer un añadido al artículo 43 de la Carta Magna e incorporar el derecho dentro de los “principios rectores de la vida social y política” y no como derecho fundamental, lo que implica una reforma ordinaria menos exigente desde el punto de vista de los apoyos y evita la disolución de las Cortes. Aun así, requiere una mayoría para la que es imprescindible el voto a favor del PP, que ya anunció su oposición, por lo que el recorrido de la reforma no se atisba muy largo.

En el Congreso está tramitándose la reforma del Código Penal para convertir en delito las terapias de conversión, que ahora implican sanciones administrativas a la luz de la Ley Trans. Una iniciativa del PSOE que, al menos en la toma en consideración, contó con un amplio respaldo, solo a excepción de Vox, el único partido que votó en contra. Este año el Gobierno también se ha apuntado el tanto de lograr que el Tribunal Constitucional suspendiera una parte de la reforma de la ley LGTBI impulsada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y está pendiente de lo que ocurra con la valenciana, que también el Alto Tribunal está estudiando.

El departamento dirigido por Ana Redondo deberá afrontar el desafío que precisamente ha declarado el Gobierno madrileño contra el plan para reconocer oficialmente a víctimas de violencia sexual sin necesidad de denuncia, el último capítulo con el que las políticas de igualdad cierran el año. El Ejecutivo regional votó en contra del acuerdo alcanzado el pasado noviembre por el Gobierno y las comunidades y actualmente se niega a enviar la relación de centros que pueden emitir informes y acreditar a las víctimas para que accedan a derechos y ayudas. Es la única comunidad en la que no figura ningún servicio habilitado porque, según ha declarado, tiene la intención de desarrollar un sistema propio.