El Gobierno inicia el trámite para blindar el aborto en la Constitución: “No vamos a tolerar el recorte de derechos”

El Consejo de Ministros ha arrancado este martes los trámites de la reforma que propone para blindar el aborto en la Constitución. Con la aprobación del anteproyecto, sobre el que ahora el Consejo de Estado deberá emitir dictamen, el Gobierno inicia el proceso con el que quiere responder a la ofensiva antiaborto de Vox y el PP. “La ola reaccionaria nos lleva a un recorte de derechos que no vamos a tolerar. Hay que tomar las medidas para evitar que el retroceso se produzca en el presente y el futuro”, ha justificado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior a la reunión.

La fórmula escogida es la de incluir un añadido en el artículo 43 de la Carta Magna, el referido a la protección de la salud. En concreto, un punto cuarto que reza así: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.

La vía elegida, que deberá contar con una mayoría cualificada del Congreso y el Senado, permite tramitar el cambio mediante un procedimiento ordinario sin necesidad de disolver las Cortes ni convocar un referéndum. Esto es porque el artículo 43 no está incluido entre las materias constitucionales especialmente protegidas, entre ellas los derechos fundamentales o la Corona, que requieren para reformarse mayorías más amplias, disolución de las Cortes –y, por lo tanto, convocatoria de elecciones– y un referéndum para su ratificación.

Moncloa, sin embargo, al proponer una modificación del artículo 43, ha optado por la vía más ágil y sencilla, que aun así será muy difícil de sacar adelante después de que el PP haya anunciado su oposición al blindaje del aborto en la Constitución. Esta fórmula exige una mayoría de tres quintos de ambas cámaras y, si no hay acuerdo, dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado. Unas condiciones que se vuelven prácticamente imposibles sin el apoyo de los de Alberto Núñez Feijóo, que esta semana ha definido la interrupción voluntaria del embarazo como “una prestación del sistema”, pero “no un derecho fundamental”. Además, si el 10% de los diputados lo exigiera, también debería ser sometido a referéndum.

En la entrevista que esta mañana ha concedido Pedro Sánchez a la Cadena Ser no ha descartado la posibilidad de esta consulta pública: “Es una opción”, ha dicho antes de incidir en que “lo que necesita la reforma es una mayoría en el parlamento con un PP que demuestre si está dispuesto a defender el derecho al aborto, como ha señalado Feijóo en más de una ocasión. Si es así, ha apuntillado, el PP ”no debería tener ningún problema“ en blindar ese derecho en la Carta Magna.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha adelantado que el Ejecutivo hablará “con todos los grupos parlamentarios” para intentar sacar adelante la propuesta y ha incidido en que aún queda trayecto por delante, “empezando por el Consejo de Estado, que tendrá que puntualizar técnicamente esta propuesta” y después “el debate parlamentario”.

Redondo ha explicado que la idea es reconocer la interrupción del embarazo como “una garantía prestacional” y como un servicio “que debe ser satisfecho dentro del sistema sanitario público” y por eso la reforma se refiere al capítulo tercero, el que regula “los principios rectores de la política social y económica”. Aunque el derecho ya está reconocido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de esta forma “se refuerza y blinda con este escudo constitucional”, ha afirmado la ministra.

El cambio supondría incluir el derecho al aborto al artículo que reconoce “el derecho a la protección de la salud”, y que añade: “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.

Un derecho avalado

Los socialistas han movido ficha en los últimos días y han convertido el aborto en un asunto central de su estrategia después de que las derechas reactivaran sus ataques en una cruzada que ha tenido en Madrid su punta de lanza. El anuncio de Pedro Sánchez de que blindaría ese derecho al aborto en la Constitución se produjo tras el apoyo que el alcalde José Luis Martínez Almeida dio a una iniciativa de Vox para obligar a las mujeres a ser informadas del síndrome posaborto, del que no hay ninguna evidencia científica, mientras que Díaz Ayuso se niega a cumplir la ley y crear el registro de objetores de conciencia. “Váyanse a otro lado a abortar”, ha llegado a exclamar.

El Gobierno avanza así en una iniciativa que busca blindar la interrupción voluntaria del embarazo, despenalizada en 1985 y después ampliada en 2010, bajo una premisa: cuando el aborto está en manos del PP y Vox, el derecho está en peligro. “Lo que viene es durísimo, viene un recorte drástico de nuestros derechos”, ha adelantado Redondo en la rueda de prensa, en la que ha añadido: “Estamos viendo que mayorías absolutas, por ejemplo en Madrid, son capaces de revertir y limitar los derechos de las mujeres”.

De esta forma, los socialistas buscan evitar que las derechas pongan en entredicho el derecho y marcar perfil político con un asunto que goza de respaldo social. Además, el Tribunal Constitucional lo avaló hace dos años en respuesta precisamente el recurso que los populares interpusieron contra el aborto libre en 2010.

Sin embargo, no es la primera vez que esta reforma constitucional está sobre la mesa. Sumar ya propuso en marzo de 2024 seguir los pasos de Francia, que había consagrado el aborto en su Constitución ese mismo mes ante el avance antiaborto a nivel global y después de que el Tribunal Supremo de EEUU tumbara la sentencia que lo garantizaba en el país. Sin embargo, en aquel momento los socialistas lo rechazaron. “No se dan las condiciones” para llevarlo a cabo, aseguró entonces la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La reforma que proponía Sumar suponía en añadir un apartado al artículo 43 de la Constitución, el que reconoce el derecho a la protección de la salud, con la siguiente redacción: “Se reconoce el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonomía física”. Los de Yolanda Díaz registraron la propuesta el pasado mes de febrero en el Congreso, pero ni siquiera se ha debatido su toma en consideración a pesar de que en noviembre, el PSOE se comprometió a blindar constitucionalmente el aborto en su 41º Congreso.

La negativa de Ayuso

Ahora, y a las puertas del ciclo electoral que está por venir, los socialistas han dado un paso adelante en respuesta al ataque de las derechas, personificado estos días en la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que se niega a crear el registro de objetores de conciencia al que obliga la ley desde la reforma de 2023. De hecho, el Consejo de Ministros ha aprobado también este martes un requerimiento al Ejecutivo autonómico, Baleares y Aragón –que tampoco han creado el registro– para que en el plazo de un mes cesen en el incumplimiento de la ley. Se trata de un aviso previo a iniciar acciones judiciales contra los gobiernos regionales.

El objetivo de estos listados es que las comunidades autónomas puedan saber con qué profesionales cuentan de cara a reorganizar los servicios sanitarios para poder ofrecer la prestación en centros de la red sanitaria pública, algo que solo ocurre excepcionalmente. Sobre todo en algunos territorios como Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Extremadura, donde el número de interrupciones voluntarias del embarazo en la pública no llegan al 1%. A nivel estatal, el porcentaje es del 21,26% mientras que el resto se derivan a clínicas concertadas, un modus operandi que la ley del aborto pretende cambiar.

Ante la publicación de los últimos datos y la presión del Gobierno para que las comunidades que faltan pongan en marcha el registro de objetores, Ayuso ha abierto un nuevo frente contra Pedro Sánchez. “No voy a hacer una lista de médicos. Nunca, nunca”, dijo la presidenta madrileña en la sesión de control de la Asamblea de Madrid, en la que acusó al Ejecutivo de fomentar el aborto. El Gobierno, por su parte, ya adelantó que usaría “todos los instrumentos legales a su alcance” para hacer cumplir la ley, “también en Madrid”, especificó el presidente, que advirtió de la posibilidad de llegar incluso al Tribunal Constitucional “si hace falta”.

Al tiempo que Ayuso se enrocaba en su posición, la dirección nacional del PP intentó cerrar filas con una nota hecha pública en redes sociales en la que Alberto Núñez Feijóo reitera su “posición clara y conocida” sobre el aborto: “Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes”, rezaba el texto del líder popular, consciente de que en el partido hay diferentes posiciones sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Este lunes, sin embargo, el líder popular anunciaba que derogaría la obligación de hacer registros de objetores si gobierna e incluso apuntaba a una “lista contraria”, de médicos que practican abortos.