Los 'papeles' que ya se conocen del 23F: qué dice la sentencia de la intervención del rey Juan Carlos

Salieron del nº 15 de la calle General Cabrera de Madrid con la decisión cada vez más perfilada. El 18 de enero de 1980, el teniente general Jaime Milans del Bosch, el General de División del Ejército Luis Torres Rojas, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, el ultraderechista Juan García Carrés y el teniente coronel Pedro Mas Oliver, dueño de la vivienda, se reunieron para acordar la ocupación del Congreso “mediante el empleo de fuerzas militares” con el objetivo de “sustituir” al Gobierno. Llevaban tiempo conversando para hacer caer a Adolfo Suárez y, así, “salvar” España. Aquel día, pactaron congelar la operación durante un mes, a la espera de que el general Alfonso Armada fuera nombrado Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército.

Es uno de los capítulos de la conspiración que derivaría en el intento de golpe de Estado del 23F descrito por la sentencia dictada por el Consejo Supremo de Justicia Militar en 1982. El fallo impuso diferentes condenas por un delito de rebelión militar y conspiración a una veintena de hombres y dejó plasmada una actitud decisiva del rey Juan Carlos para parar el golpe que ha sido cuestionada posteriormente. 45 años después, España desclasificará este miércoles “toda la documentación encontrada hasta el momento” sobre la asonada: son 153 “unidades documentales”, según el Gobierno, que han permanecido bajo secreto hasta ahora.

La Justicia Militar condenó a 30 años de cárcel a Tejero y Milans del Bosch y seis a Armada –indultado en 1988 por Felipe González– tras un juicio celebrado durante 48 jornadas. La sentencia describe cómo el teniente coronel Tejero preparó el asalto al Congreso previamente con la toma de fotografías del edificio o la compra de gabardinas para disimular con ellas los uniformes de los asaltantes. Además, adquirió “por el precio de dos millones quinientas mil pesetas” seis autobuses “usados” para trasladarlos. Pasadas las 18.20 horas del 23 de febrero, se produjo la entrada al hemiciclo.

El golpe fracasó y los sublevados aceptaron rendirse a la mañana siguiente, un punto y final que la sentencia vincula directamente con el papel del monarca en línea con lo escrito por él mismo en sus memorias, recientemente publicadas. El fallo relata varios momentos en los que los golpistas emplearon el nombre del rey para justificar el alzamiento desde el primer momento. Es, de hecho, el argumento que Tejero y el coronel Miguel Manchado García dieron a los guardias civiles que reclutaron para un plan que definieron como “servicio extraordinario en defensa de España, la Corona y la democracia”.

Como algunos expresaron ciertas reservas, apunta la sentencia, Manchado confirmó que se trataba de “servir al Rey”. Tejero añadió que si le desobedecían a él, desobedecerían al monarca, y que Armada –hasta 1977 secretario general de la Casa del Rey– se encontraba en aquellos momentos en la Zarzuela, algo que no llegó a ocurrir. Ya dentro del Congreso, Tejero proclamó públicamente que estaba “a las órdenes de Su Majestad el Rey” y de Milans del Bosch, mientras que este, desde Valencia, aseguró también a sus subordinados que el monarca “estaba al corriente” y que Armada “daría instrucciones” desde La Zarzuela.

“Su majestad no apoyaba el movimiento”

La sentencia describe a partir de ahí diferentes movimientos que considera hechos probados y que supuestamente acreditan que “no era cierto que su majestad apoyara el movimiento”: así, asegura que sobre las 20.00 horas, dos horas después de la entrada al Congreso, “al conocer que Tejero invocaba el nombre” del rey, el general Sabino Fernández Campo, sucesor de Armada como secretario general de la Casa del Rey, “telefoneó” al golpista “preguntándole por sus pretensiones y ordenándole que depusiera su actitud”.

También relata el fallo distintas llamadas de Juan Carlos a Milans del Bosch, que estaba sacando los tanques a la calle en Valencia, y el envío de un télex para que frenara su actuación. Sobre la 01.00 horas, prosigue la sentencia, el monarca “le telefoneó una vez más” para “reiterarle la orden de retirar las tropas y de que mandase a Tejero que depusiese su actitud”. “Le hizo saber su rotunda decisión de mantener el orden constitucional, de cumplir su juramento a la bandera y de no abdicar ni abandonar España, responsabilizando, a quien se sublevase, de una posible guerra civil”, añade el texto.

A las cuatro de la mañana hubo una nueva llamada, de acuerdo con la sentencia, en la que Juan Carlos le ordenaba a Milans del Bosch que retirar el bando en el que declaraba el estado excepcional en su jurisdicción militar e invocaba un supuesto “vacío de poder”. El Consejo Supremo de Justicia Militar consideró acreditado que el militar “cumplió” a las 4.55.

Sobre Armada –cuya participación en el golpe considera el emérito en sus memorias “muy dolorosa”–, la sentencia insiste en todo momento en que su idea de acudir a Zarzuela fue “rechazada” debido a “las dudas que existían sobre su conducta”. En otro momento, apunta a cómo José Gabeiras Montero, jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME) que se oponía al golpe, afirmó que “jamás sería aceptado” por el rey un gobierno presidido por el militar. Acto seguido, apunta el fallo a que Gabeiras autorizó a Armada a que “si lo estimaba imprescindible” lo propusiera, pero “exclusivamente a título personal, sin implicar ningún tipo de autorización” de Juan Carlos.

El antes y el durante

Aunque el asalto había comenzado por la tarde, los mensajes que han trascendido se producen varias horas después, mientras que la intervención pública del monarca en televisión para condenarlo se produjo a la 1.14 horas de la madrugada. No hay apenas información en la sentencia sobre los movimientos en semanas y meses previos al golpe, más allá de lo que atribuye a los condenados más destacados, momentos en los que, según aseguró Armada, el rey mostraba comprensión con la posibilidad de apartar a Suárez en medio de un clima cada vez más tensionado.

Algunos expertos que han analizado la causa completa como Carlos Fonseca, autor de 23F, la farsa (Plaza & Janés, 2024), sostienen que el fallo judicial “nunca tuvo la intención de desvelar todos los meandros” de lo ocurrido. Y por eso consideran importante que la desclasificación afecte a la documentación previa y posterior al 23F que elaboró el CESID, el antiguo servicio de inteligencia. También las llamadas que se mantuvieron en aquellas horas desde el Congreso, concretamente con La Zarzuela.

De estas, no hay constancia en la causa a pesar de que, según afirma Fonseca, Francisco Laína, entonces director de la Seguridad del Estado, ordenó intervenir los teléfonos de la Cámara Baja para saber con quién hablaba Tejero. El periodista sostiene que una miembro de la familia de Laína le aseguró años más tarde que, al menos una copia de ellas, las tenía ella. Fonseca explica en su libro que, aunque la Policía pinchó los teléfonos de varios miembros del búnker franquista, las transcripciones presentes en la causa solo aluden a las que se produjeron tras la salida de Juan Carlos por televisión y que sirvieron para culpar a Juan García Carrés, el único civil condenado. Pocas semanas después del golpe, el entonces ministro de Defensa, Alberto Oliart, reconoció que 114 personas y 154 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban siendo investigadas. Sin embargo, los resultados de esas pesquisas nunca llegaron a manos del juez.