La ONU afea a España la falta de investigación de los crímenes del franquismo: “Incumple sus obligaciones”

Naciones Unidas ha vuelto a llamar la atención a España por el archivo de querellas relacionadas con crímenes de la dictadura. Así lo estipulan en una observación conjunta del pasado mes de febrero cuatro relatores de la ONU, que apuntan a que “mientras el Estado español no inicie investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos” del franquismo “estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

La comunicación fue dirigida al Gobierno español a raíz de una queja presentada por Irídia y CEAQUA en la que describen hasta 18 casos iniciados en los tribunales españoles tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática que se han topado con obstáculos para ser instruidos. Entre ellos está el asesinato de Teófilo del Valle en Elda en 1974, una querella que no se archivó y por la que en un inicio se acordó la imputación del exministro Rodolfo Martín Villa. Sin embargo, hace unos días la Audiencia de Alicante la ha tumbado esgrimiendo la Ley de Amnistía de 1977.

Los relatores recuerdan que los estándares internacionales “estipulan la imprescriptibilidad e imposibilidad de amnistiar” crímenes de lesa humanidad, por lo que hacerlo “estaría obstaculizando el acceso de las víctimas a un recurso efectivo”. “Si bien es importante asegurar que la justicia opere con respecto al principio de legalidad penal, el derecho internacional no permite la aplicación de plazos de prescripción o causales de extinción de la acción penal, tales como las amnistías” a este tipo de casos, añade.

La entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática impulsó la creación de una fiscalía especializada que está interviniendo en algunos casos y en algunos de ellos se ha acabado tomando declaración a los denunciantes, algo que pasó por primera vez en septiembre de 2023, con las torturas denunciadas por Julio Pacheco. Sin embargo, posteriormente fue archivado. Además, el Tribunal Constitucional certificó un año después que la nueva legislación de memoria histórica no cambia el escenario y los crímenes seguirían sin juzgarse. Lo hizo aplicando los mismos criterios que antes de su aprobación y que ahora censura la ONU.

La observación reclama a España que transmita el comunicado a las autoridades judiciales “a fin de que puedan tener en cuenta los estándares internacionales” que deben aplicar. “Nos permitimos recordar que el derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación del Estado español, en todas sus esferas y niveles, de investigar y sancionar adecuadamente las graves violaciones de derechos humanos”, escriben añadiendo que “el incumplimiento de estas obligaciones” puede “comprometer la responsabilidad del Estado en su conjunto”.

El escrito ha sido firmado por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

No es la primera vez que Naciones Unidas concreta una advertencia de este tipo. Y así lo recuerdan en esta ocasión los relatores, que mencionan las anteriores veces en las que la ONU ha reprochado a España por la falta de diligencia con las víctimas del franquismo: en 2014, 2015, 2024 y 2025. La comunicación insta a España a proporcionar información detallada sobre las querellas y a “adoptar medidas” para asegurar que implican investigaciones “eficaces, independientes y exhaustivas”.

La respuesta de España

El Gobierno, por su parte, respondió a la ONU el pasado 13 de abril afirmando que los tribunales archivan o inadmiten estas causas “basándose en normativas penales internas” y la doctrina del Tribunal Constitucional sobre prescripción, Ley de Amnistía y el principio de irretroactividad de las normas penales. Ante ello, señala que algunos jueces están “argumentando” que el derecho a la tutela judicial “debe satisfacerse” no por la vía penal, sino por la civil, mediante expedientes de jurisdicción voluntaria.

En cuanto a los datos de querellas archivadas o activas, el Ejecutivo remarca que no cuenta con estas cifras porque la Estadística Judicial “no publica el desglose de datos sobre esta materia”. Lo que sí incluye en la respuesta es un recorrido por la actividad de la Fiscalía, según lo que esta misma ha publicado en su Memoria Anual, en la que destaca que en 2024 la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática inició diez expedientes de seguimiento por querellas de este tipo o intervino “activamente” presentando nueve recursos contra la inadmisión el archivo.

Además, se añaden las medidas adoptadas por el Ministerio Público para “promover las investigaciones”, entre ellas “la consolidación” de una red de 49 fiscales especialistas, la adopción de una postura de “combate procesal” contra los archivos “automáticos”, el impulso a la vía civil como “medida alternativa” o la apertura de “diligencias de investigación preprocesal cada vez” que se hallan restos humanos con signos de violencia en una fosa común.