El Gobierno desclasifica los papeles del 23F con el foco en el rey Juan Carlos: “No había un solo proyecto de golpe”

45 años después del 23F, el Gobierno va a desclasificar los documentos en torno al golpe de Estado de 1981. La decisión será adoptada este martes en el Consejo de Ministros y se hará efectiva a partir del miércoles, cuando cualquier ciudadano podrá consultar los papeles en la página web de la Moncloa. Aunque aún se desconoce qué documentos son en concreto y los historiadores piden cautela, la medida permitirá tener acceso a información hasta ahora considerada secreta sobre un episodio de la historia aún rodeado de confusión e incógnitas, especialmente en lo que respecta al papel del rey Juan Carlos.

La noticia ha sido celebrada por historiadores y periodistas que llevan años investigando lo que ocurrió aquel 23 de febrero, cuando un grupo de guardias civiles armados encabezados por el teniente coronel Antonio Tejero irrumpieron en el Congreso. La sentencia condenó a una treintena de sublevados y contribuyó a fijar un discurso oficial según el cual el fracaso del golpe se debió a la actuación decidida del rey emérito y a la lealtad mayoritaria del Ejército. Sin embargo, algunos expertos recelan de esta versión y apuntan a que aún no se conoce toda la verdad de lo sucedido.

Hasta qué punto la desclasificación permitirá esclarecer por completo lo ocurrido es aún un interrogante. “Desconocemos el registro que puede haber de documentos relativos al 23F, por lo que no podemos saber si estará todo. Aun así, cualquier cosa aportará a lo que ya hay y sabremos algo más”, valora Carlos Fonseca, que accedió al sumario completo del juicio aún custodiado por el Tribunal Supremo. El autor del libro 23F, la farsa (Plaza & Janés, 2024) cree que hay “documentos sustanciales” que deberían estar entre los liberados que aportarán “elementos interesantes”, pero es cauteloso: “No podemos tirar campanas al vuelo antes de tiempo”.

“La desclasificación es muy bienvenida. Es necesaria”, apunta el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que recuerda que los historiadores llevan “mucho tiempo” reclamando la apertura de los archivos. Aun así, el experto señala que “hay muchas cosas que ya se saben” sobre el 23F y descarta que “vaya a haber grandes sorpresas” que cambien a fondo lo conocido: “Cuando hablamos de desclasificar documentos hay que tener en cuenta que fueron clasificados y que han podido perderse o destruirse. Los historiadores sabemos que no todos llegan al futuro”.

Pedro Sánchez ha anunciado la decisión este martes en X, donde ha acompañado el mensaje de un vídeo en el que el escritor Javier Cercas, autor de Anatomía de un instante (Random House, 2010), reclamaba en el Congreso la desclasificación. Cercas se ha referido a la medida horas después del anuncio apuntando a que “la verdad, esencialmente, la sabemos” y celebrando el paso dado por el Gobierno para “evitar teorías de la conspiración”. El escritor asegura que “la mentira es un negocio” y que la desclasificación, que ha calificado de “correcta”, “contribuirá a que el negocio vaya reduciéndose”.

Las conversaciones telefónicas

Sobre lo que revelen o no los documentos en relación con la actuación del rey Juan Carlos, el historiador Julián Casanova prefiere no adelantarse. “Veremos, pero lo que está claro es que si la gente está esperando un papel con una conversación definitiva, eso no va a salir. Otra cosa es que haya intercambios que den más detalles sobre lo hablado con Armada [Alfonso Armada, condenado por su participación en el golpe]. En todo caso, buscar al asesino en un papel es más de novelista, pero los historiadores sabemos que a partir de los documentos hay que hacer investigación”.

Armada había sido instructor militar de Juan Carlos y fue nombrado en 1975 secretario general de la Casa del Rey, cargo que ocupó hasta 1977. El vínculo entre ambos –por el que el emérito asegura en sus memorias que fue “muy dolorosa” la participación del general en el golpe– ha sembrado las sospechas sobre hasta qué punto era conocedor el rey de sus planes. “Difícilmente de las cuestiones más importantes va a aparecer nada que cambie la interpretación consolidada, pero probablemente sí pueda haber información sobre el grado de conocimiento y comprensión de Juan Carlos de las actitudes de algunos sectores más determinados a hacer algo para apartar a Adolfo Suárez”, sostiene el historiador de la Universitat Autònoma de Barcelona Pere Ysas.

El experto se refiere a “los movimientos previos” al 23F de Armada, indultado en 1988 por el Gobierno de Felipe González, en los que “hablaba con la élite política, económica y militar” de la posibilidad de dar un “golpe de timón”, como se referían al cambio de gobierno de Suárez. “Consideraban que la situación era catastrófica. Era un proyecto poco articulado, más verde de lo que se ha dicho, pero existente. Se trataba de forzar la salida de Suárez, pero hacerlo dentro del marco legal y constitucional. De todo esto probablemente Juan Carlos sabía más de lo que aparentaba. Puede que haya pruebas de una implicación, no tanto como sujeto activo, pero sí pasivo”, afirma Ysas, que diferencia este proceso del propio 23F en el que se tomó el Congreso por las armas.

A la espera de lo que el Gobierno va a desclasificar, Carlos Fonseca apunta a una cuestión que considera clave: las conversaciones telefónicas mantenidas esa tarde noche desde el Congreso. “Son sustanciales y siempre se han negado que existieran. Las que figuran en el sumario son las grabadas a partir de la 1.15, cuando el rey ya ha salido por televisión a condenar el golpe, pero hay muchas horas previas de llamadas que no están en el sumario. Son conversaciones del Congreso con la Zarzuela o con Milans del Bosch desde Valencia”, explica el periodista.

Entre ellas, debería estar la conversación que Tejero mantuvo con el general Sabino Fernández Campo, entonces secretario general de la Casa del Rey, que en sus declaraciones ante el juez “explicó que había reclamado al golpista en nombre del rey que depusiera su actitud”, apunta Fonseca, que recuerda que Fernández Campo también declaró que habló con Armada. Según su testimonio, el general le hizo partícipe de su disposición de ir al Congreso y ofrecerse como presidente para solucionar la situación, una propuesta que trasladó al monarca para, acto, seguido, “transmitiendo la orden del rey [...] digo al general que cualquier acción que realice tiene que se con carácter personal” y sin nombrar al hoy emérito.

Fonseca también pone el foco en los servicios secretos del antiguo CESID. “El sumario no contiene ni un solo informe elaborado por el CESID ni previo ni después del golpe”, señala. A pesar de eso, el periodista reveló que tres meses después del golpe, el ministro de Defensa afirmó que 114 personas citadas en conversaciones intervenidas y 154 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al margen de los 33 condenados, estaban siendo investigados. “Aun así nunca se remitió ninguno de estos informes al juzgado y son documentos que supuestamente deberían estar”. Solo un civil fue condenado, el ultraderechista Juan García Carrés, con quien Tejero habló desde el Congreso en una de las conversaciones que sí se aportaron al juicio.

Permanece también clasificado el informe Jáudenes, elaborado por el jefe de la División Interior del CESID, para dilucidar las implicaciones del centro en el golpe, un documento que también podría hacerse público este miércoles.

Pere Ysas también apunta a la posibilidad de que aparezca “información complementaria” que ayude a “ampliar el cuadro explicativo” de lo ocurrido entonces más allá del día exacto del golpe. “Se trataba de un escenario extremadamente complejo y se sabe que no había un solo proyecto de golpe o de forzar un cambio de gobierno por vías más o menos constitucionales. Había todo un magma conspirativo del que se conocen algunos nombres, pero no todos. Son movimientos que no se pueden directamente vincular con la acción de Tejero, pero que forman parte de un conjunto de acciones que van a facilitar el ambiente en el que se va a dar el golpe”.