El golpe de Estado del 23F: ¿salvó el rey la democracia?

Han transcurrido 45 años de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 y los españoles seguimos sin conocer toda la verdad de lo ocurrido. La sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar que enjuició a los golpistas fijó para la posteridad una versión oficial a través del fallo judicial, según el cual el golpe de Estado fue obra de un grupo reducido de militares que fracasó gracias a la actuación decidida del rey Juan Carlos I y a la lealtad mayoritaria del Ejército a la Constitución. La realidad es que los meandros del suceso más grave de nuestra democracia desde el levantamiento militar que en 1936 acabó con la Segunda República y dio paso a cuatro décadas de dictadura siguen siendo un secreto de Estado.

La justicia militar rechazó recabar la versión del monarca, siquiera por escrito, sobre lo ocurrido aquel día, privándonos del testimonio de quien la historiografía oficial señala como el hombre que salvó a nuestra joven democracia. Ha sido el propio interesado quien en un reciente libro de memorias (Reconciliación. Editorial Planeta, 2025) nos desvele el papel que jugó, autoerigiéndose en el artífice principal, si no el único, del fracaso del golpe. “Aquella tarde, MI proyecto político estuvo en peligro, y el destino de todos los españoles en MIS manos. ¿Sería capaz de salvar la democracia que habíamos construido entre todos con una esperanza de renovación?”, se pregunta el emérito.

El rey escribe que conocía el creciente descontento que existía en los cuarteles por la legalización del PCE, el enemigo declarado del Ejército durante la Guerra Civil; el desarrollo del Estado autonómico, que los militares interpretaban como una ruptura de su indisoluble unidad de la patria, y el terrorismo de ETA, que había señalado a los militares y las fuerzas de la Seguridad del Estado como objetivos prioritarios, pero que nunca sospechó que fuese a producirse un levantamiento militar. Consumado el golpe con el asalto del Congreso de los Diputados por más de tres centenares de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero y la toma de Valencia por los tanques del teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la región, el rey refiere de manera somera su febril actividad de aquella noche, dando órdenes por teléfono para hacer fracasar el golpe. “Hablaba con aplomo y persuasión, porque sabía que estaba en juego el destino de la Corona y del país”, escribe.

En una de esas llamadas habló con quien había sido su preceptor, secretario general de la Casa Real y en aquel momento era segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Alfonso Armada Comyn, a la postre condenado como uno de los líderes de la asonada. Una conversación que resulta definitoria del papel del monarca. Juan Carlos I afirma que cuando Armada le pidió autorización para ir al Congreso a negociar con Tejero le contestó: “No te doy ningún permiso, y no vayas allí en mi nombre”, entrecomilla el monarca sus propias palabras.

No es eso, sin embargo, lo que sostiene el general Sabino Fernández Campos, sucesor de Armada como secretario general de la Casa del Rey, que vivió aquellas horas con él en el Palacio de la Zarzuela. En una declaración por escrito ante el juez instructor de la causa sostiene que sobre las nueve de la noche del 23F el monarca telefoneó al general Armada y que “después de una conversación que dura varios minutos, Su Majestad me pasa el teléfono para que siga hablando con él. Armada me expone, para que se lo traslade al rey, que la situación es grave, más grave de lo que puede deducirse del estado de cosas en la III Región Militar (Valencia). Se refiere a otras regiones que pueden adoptar la misma postura, me pone de manifiesto la tensión que existe en el Congreso, que puede acabar en una verdadera masacre, y añade que es preciso evitar la división del Ejército. Para ello me sugiere trasladarse al Palacio del Congreso y, en nombre del rey, establecer las conversaciones y realizar las gestiones que conduzcan a la liberación del Gobierno y de los diputados”.

Sabino relata que trasladó a su compañero la dificultad que entrañaba su misión, a lo que Armada respondió que estaba dispuesto a intentarlo “sacrificándome si es necesario y ofreciéndome a ocupar la Presidencia del Gobierno a fin de buscar la forma de terminar con la tensión y evitar un final sangriento”. El secretario general de la Casa del Rey asegura que trasladó al monarca la propuesta de Armada y, acto seguido, “transmitiendo la orden del rey, que está presente, digo al general que cualquier acción que realice tiene que ser con carácter personal, bajo su propia conciencia y sin invocar el nombre de su Majestad” (Sumario 2/81, tomo 9, folios 2.281 a 2.301).

Aún va más lejos Sabino, que para que no queden dudas de que fue el rey quien autorizó a Armada a ir al Congreso y ofrecerse como presidente del Gobierno escribe lo siguiente en su declaración judicial: “En modo alguno partió de mí la idea de que se presentara en el Congreso, ni yo podía decirle que lo hiciera, pues, como es lógico, no me correspondía a mí ninguna facultad decisoria, y en todas las ocasiones actué por orden y en nombre de Su Majestad el rey”. La versión contraria a la dada ahora por el emérito en sus memorias.

Como apostilla, dos datos: El tribunal que juzgó a los golpistas no autorizó la comparecencia del general Sabino Fernández Campo como testigo en la vista oral, y la sentencia condenatoria atribuye al general José Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), la autorización al general Armada para acudir al Congreso, haciendo caso omiso del testimonio del primero.

El relato empieza a gestarse

Lo ocurrido después es conocido, el general Armada se presentó en la Cámara al filo de la medianoche para hablar con Tejero y pedirle que retirase a sus hombres del hemiciclo para dirigirse a los diputados sin la amenaza de las armas y proponerse como presidente del Gobierno. El teniente coronel de la Benemérita quiso saber la composición del futuro Ejecutivo, y al contarle Armada que de él formarían parte representantes de todos los partidos políticos, salvo los nacionalistas, le echó de forma destemplada por proponerle “una chapuza de categoría”, según palabras del propio Tejero. “Para cambiar el nombre de Calvo-Sotelo por el suyo no hacía falta el campanazo que he dado”, declaró ante el juez.

Él esperaba una Junta Militar y aquella componenda le pareció inaceptable. Fue su negativa a que Armada se dirigiera al pleno la que hizo fracasar el golpe. Y aunque sea un ejercicio de historia contrafactual, cabe preguntarse qué habría ocurrido si Tejero hubiese accedido a las pretensiones de Armada. El miércoles 25 de febrero, al día siguiente de la liberación del Gobierno y de los diputados, el pleno de la Cámara Baja continuó con la sesión de investidura interrumpida y eligió a Leopoldo Calvo-Sotelo como nuevo presidente del Gobierno, que en su alocución agradeció “el firme pulso de Su Majestad el rey de España, que ha garantizado el orden constitucional y ha asegurado nuestra liberación”, y alabó “la lealtad y disciplina del conjunto de las Fuerzas Armadas, que han obedecido con gran patriotismo a Su Majestad”.

Comenzaba a gestarse la versión oficial del golpe, en la que insistiría fechas después, el martes 17 de marzo, el ministro de Defensa, Alberto Oliart, quien compareció ante la Cámara para dar cuenta de las investigaciones practicadas hasta ese momento, y cuantificó en un increíble 99,40% la lealtad y obediencia a la Constitución y al rey de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado. La sentencia judicial fijó definitivamente la versión oficial del golpe.

Ahora, 45 años después, el rey emérito reconoce que “de los 11 capitanes generales, calculo que la mitad apoyaba la rebelión, pero no se atrevían a desobedecer”, y un documento obrante en el archivo particular del ministro Oliart recoge que solo tres de los 11 capitanes generales fueron leales al rey y a la Constitución; el resto se mantuvo a la espera del discurrir de los acontecimientos. Hasta el propio general Alfonso Armada dijo años después que a sus compañeros de armas “lo que les importaba era si aquello (el golpe) iba para adelante o no. Lo que dijera el rey no les preocupaba, suponían que acataría lo que sucediera en esa primera hora. Los capitanes generales no preguntaban lo que opinaba el rey, sino: Oye, ¿esto tiene visos de salir adelante o no? (…) Mi impresión es que por lo menos una parte estaban felices de que el golpe triunfase”, según consta en El 23F. Conversaciones con Alfonso Armada, de José Manuel Cuenca Toribio (Actas Editorial, 2001).

Concluye Juan Carlos I en el capítulo de sus memorias dedicado al golpe de Estado que sigue teniendo “preguntas y dudas sobre la forma en que se desarrollaron los acontecimientos y el papel que asumieron algunos”, aunque no dice quiénes, contradiciendo a quienes llevan años tratando de convencernos de que los hechos probados de la sentencia judicial son la verdad de lo ocurrido.