Los funcionarios logran las 35 horas semanales con el reto pendiente de la cascada de jubilaciones de la próxima década

Los funcionarios de la Administración General del Estado verán cubierta en el próximo mes una de las reivindicaciones que los sindicatos del sector han puesto sobre la mesa una y otra vez en los últimos años. La jornada laboral de 35 horas, pactada en el penúltimo acuerdo marco, firmado en 2022, entrará en vigor previsiblemente en marzo, después de que el Gobierno iniciase los trámites a finales de enero. En la práctica, será una reducción de jornada para cerca de medio millón de empleados públicos.

En los últimos meses, los funcionarios han ido viendo resueltas algunas de las tensiones con el Ejecutivo, que elevaron la conflictividad en 2025. Ese año comenzó con la crisis de Muface abierta, una negociación salarial pendiente que afectaba a más de tres millones de empleados públicos y el objetivo de rejuvenecer las plantillas de la Administración General del Estado (AGE) ante el reto de una cascada de jubilaciones, que culminarán con el retiro de la mitad del personal en la próxima década.

Ahora la lista de tareas pendientes tiene que ver, sobre todo, con lo relativo al cumplimiento del acuerdo marco rubricado con los sindicatos a finales de noviembre, pero con los grandes temas que mantuvieron en vilo a miles de funcionarios resueltos, al menos de momento: la mutualidad garantizada y una subida de sueldo del 11% hasta 2028.

Uno de los grandes retos que afronta el Estado es la edad de las plantillas que trabajan para él. El Ejecutivo ha logrado revertir la tendencia de envejecimiento de su personal. La edad media de los trabajadores de la Administración General del Estado en el Gobierno Central ha descendido en los últimos seis años y se sitúa ya en los 49,9 años, frente a los 51,6 que registró en 2019 y 2020, según los datos del último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, publicado en diciembre.

Este descenso en la edad media de las plantillas de los empleados públicos del Estado viene acompañada de varias ofertas públicas de empleo cuantiosas en cuanto a incorporación de efectivos, después de los años de austeridad y recortes tras la crisis financiera. En total, desde 2023 se han convocado más de 100.000 plazas de nuevo ingreso, con un llamamiento récord en 2024, con 40.000 posiciones.

Estas ofertas de empleo no se traducen en incorporaciones inmediatas, que tienen cierto decalaje, en función de las administraciones y la organización y desarrollo de las oposiciones. De hecho, uno de los compromisos que el Ministerio adquirió con los sindicatos durante las negociaciones para el acuerdo fue la “agilización y mejora de los procesos selectivos”, que las organizaciones sindicales quieren limitar a un año de duración.

Con todo, como muestra el siguiente gráfico, el número de trabajadores públicos en España en el conjunto de las administraciones —Estado central, comunidades autónomas y entidades locales— ha aumentado notablemente en los últimos años. Según los últimos datos disponibles, hay 3,1 millones de empleados públicos, 136.632 más que en 2023, el año más antiguo con el que se pueden comparar. Entonces, el Ministerio realizó modificaciones metodológicas, con la inclusión de todos los contratos temporales, y no solo los que tengan una duración superior a seis meses; personal en formación o prácticas; se simplifican fuentes administrativas en lo relativo al personal de las universidades públicas; y se deja de publicar información desagregada del personal del Poder Judicial.

Pese a ese salto en el gráfico, por el cambio metodológico, la curva permite apreciar un cambio de tendencia claro, tras la caída en el número de trabajadores públicos desde la primera década de los 2000 y la estabilización entre 2013 y 2020, cuando se eliminó la tasa de reposición. El Gobierno se comprometió hace un par de años a eliminar para 2025 este mecanismo, que limita el lanzamiento de plazas en las ofertas de empleo público en función del número de bajas que se van a producir y que se actualiza en cada ley de Presupuestos Generales del Estado, pero que la debilidad parlamentaria del Ejecutivo ha dejado en pausa.

La eliminación de la tasa de reposición es una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales y una de las anotaciones en la lista de 'pendientes' del Ministerio de Función Pública, que hace unas semanas se comprometió a crear un mecanismo alternativo que sustituya de manera progresiva a esta herramienta.

Un análisis exhaustivo del Boletín Estadístico permite desgranar dónde trabajan los funcionarios. Al margen del detalle de los centros, instituciones, ministerios, provincias o administraciones, la mayor parte del personal que se dedica al sector público trabaja para las comunidades autónomas. No es casualidad que estas tengan transferidas las competencias en sanidad y en educación, dos partidas que agrupan a casi uno de cada dos trabajadores, con más de 1,4 millones de efectivos, según los últimos datos estadísticos del ministerio, de julio de 2025. De hecho, hace unos días, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) destacaba la contratación de 19.400 personas más para reforzar la sanidad en diciembre.

Los ayuntamientos contratan al 18% de los empleados públicos del Estado, más de medio millón, y las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil al 9%, unos 280.000 efectivos, a los que habría que sumar los 28.700 miembros de las policías autonómicas.

Al margen del personal funcionario de las corporaciones y entidades locales y las comunidades autónomas, la Administración General del Estado —a grandes rasgos, los trabajadores públicos que dependen de los ministerios— ha conseguido frenar la sangría de personal, que venía produciéndose desde hacía años, en una tendencia que se revirtió a partir de 2021, cuando el número de altas superó al de bajas. Si aquel año esta diferencia fue de apenas unos cientos, en 2024, los últimos datos disponibles, se incorporaron más de 18.000 nuevos empleados, frente a los 9.800 que se jubilaron o causaron baja.

Entre 2021 y 2024 hubo un total 36.423 salidas y 48.304 entradas, con un saldo positivo de 11.881 trabajadores en la Administración General del Estado. Unos datos que no incluyen al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia, las entidades públicas empresariales y las universidades públicas no transferidas.

Según el Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado 2025 y proyección futura a 2035, en la próxima década se jubilarán la mitad de los funcionarios de carrera, un 49,53%. Son 67.488 efectivos, a los que habría que sumar otros 22.242 de personal laboral fijo. En total, 89.730. “Los colectivos que se verán más influenciados, con una estimación de que más del 50% de su plantilla actual estará jubilada en 10 años, son los subgrupos E, C2, B y C1. El más significativo por porcentaje y número de bajas el subgrupo C2, con un 74,92% y 15.979 bajas. Para los subgrupos superiores se estiman porcentajes de baja inferiores al 50%: el A2, con 12.439 bajas y un 36,51%; y el A1, con 9.574 que corresponden a un 33,57%”, indica el trabajo.

El proyecto de ley de Función Pública, que se cursa en el Congreso, contempla dos medidas relativas a la jubilación. Por un lado, recuperar la parcial anticipada que Rajoy eliminó en 2012 y, por otro, alargar la forzosa, que permite a los funcionarios que lo deseen seguir trabajando más allá de la edad ordinaria, hasta los 72 años. La primera, tras un pacto con los sindicatos y la segunda sin el apoyo de estos, pero ambas atascadas en el trámite parlamentario.

A julio de 2025, el porcentaje de trabajadores de la AGE que llegarán a la edad de jubilación en cinco años o menos había descendido. Fueron tan solo cuatro décimas, hasta el 18,6%, pero rompe una racha ascendente. Crecen, no obstante, quienes deciden alargar su vida laboral, hasta el 4,2%. Al otro lado de la tabla, aumentan los trabajadores jóvenes. Actualmente, el 21,7% tienen menos de 40 años, frente al 11,6% de hace cinco años.

Pese a la reducción de la edad media y la entrada de personal joven, en una comparativa con otros sectores o grupos de trabajadores, el personal de la AGE continúa siendo el más envejecido, con el 57% de las plantillas por encima de los 50 años. La mayor diferencia se da con los asalariados del sector privado, donde solo el 30,8% superan esa edad, seguido del 35,1% de la población activa en España o el 45% de los asalariados del sector público.