El veto a las ONG no abolicionistas de la prostitución de las ayudas de violencia machista: “Excluirá proyectos necesarios”

La decisión del Ministerio de Igualdad de incorporar una cláusula abolicionista de la prostitución a las subvenciones sobre violencia machista y trata ya es definitiva. El pasado 22 de abril, el BOE publicó la orden que modifica los requisitos de estas ayudas y que obliga a las entidades que quieran presentarse a reconocer “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres”. La decisión sume en la incertidumbre a buena parte de las organizaciones y deja en el aire sus proyectos porque o bien no se definen como abolicionistas o ni siquiera lo han debatido internamente, al estar dedicadas a cuestiones que no tienen que ver con la prostitución.

“Es un tema que ni tocamos ni vamos a tocar, porque no es oportuno para nuestro trabajo ni las mujeres a las que nos dirigimos. Presentaremos el proyecto y, si no los rechazan por esto, será una pena”, señala la portavoz de la Fundación Secretariado Gitano, una de las entidades que fueron beneficiarias de estas ayudas en 2025 para un programa de prevención de la violencia de género en mujeres gitanas. Esta es una sensación compartida entre las ONG, que desconocen cómo va a aplicar Igualdad los requisitos. Según la orden, deberán reconocer la prostitución como forma de violencia en sus estatutos o “mediante experiencia previa”. Además, la última versión del texto añade una condición más: que firmen una “declaración responsable” en la que lo afirmen.

Uno de los efectos de la orden será que aquellas asociaciones que no cumplan estos puntos quedarán fuera de las ayudas. Es lo que también teme la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género de Catalunya, que recibió algo más de 14.000 euros el año pasado para organizar el Foro contra las Violencias de Género, en el que anualmente reúne a expertas, víctimas e instituciones. Ahora, no sabe si podrá presentarse a la nueva convocatoria. El Ministerio ha aplicado el cambio a dos líneas de ayudas: tanto a las que financian proyectos de “concienciación, prevención e investigación” en violencia machista como a las de apoyo a víctimas de trata.

“Dentro de la plataforma hay 140 entidades, cada una con aproximaciones diferentes. No vamos a posicionarnos en un concepto que no deja de ser un amplio debate incluso en el feminismo”, apunta Ainhoa Morán, su coordinadora, que advierte de que la orden “va a poner en riesgo y a excluir proyectos necesarios”. “Lógicamente, todas estamos en contra de las violencias machistas, pero esto es tratar de imponernos una agenda y una ideología concreta. La prostitución no está así catalogada en ninguna ley y ni siquiera en el Convenio de Estambul”, añade Morán.

También de Catalunya es la fundación Àmbit Prevenció, una entidad que trabaja con víctimas de violencia machista y mujeres que ejercen la prostitución. En la convocatoria pasada se le adjudicó algo más de 4.800 euros del Ministerio de Igualdad para financiar un proyecto con el que monitorizar qué pasa después de una denuncia por violencia sexual. Con ese dinero, ya ha empezado a recopilar información y a coordinarse con los servicios de atención a víctimas de Extremadura, Madrid, Baleares y Catalunya con el objetivo de recabar la participación de mujeres. La idea era ampliar aún más la iniciativa, pero la ONG es consciente de que ya no se podrá presentar a la misma subvención.

La presidenta Mercè Meroño explica que “para nada” se ha planteado la fundación hacer un cambio de estatutos para poder entrar ni tampoco firmar la declaración que exige ahora el departamento dirigido por Ana Redondo. “Tenemos una misión y valores propios, no vamos a ir cambiándolos en función de los intereses del Estado”, apunta Meroño, que recalca que su “prioridad” es “atender a las necesidades de las mujeres desde la diversidad, la proximidad y el respeto sin opinar sobre sus vidas”, algo que “en ningún caso” está por debajo de la posibilidad de obtener una subvención.

Aún así, la presidenta de Àmbit Prevenció lamenta la modificación del Ministerio en unos fondos que reparten unos siete millones de euros desde hace cuatro ejercicios. “Nuestro proyecto, que tiene que ver con la violencia sexual, ¿va a quedarse fuera porque en nuestros estatutos no nos refiramos a la prostitución? Es un cambio arbitrario y una discriminación muy grave”, cree Meroño.

La fundación cuenta con un proyecto llamado 'Siempre Vivas' para asesorar a víctimas de violencia machista y también servicios de acompañamiento a mujeres que ejercen la prostitución, a las que ofrece asesoramiento jurídico y psicológico, además de poner a su disposición un espacio para que puedan descansar, hacerse pruebas o recoger material. También tiene dos recursos asistenciales para mujeres que han ejercido la prostitución y han sufrido algún tipo de violencia. “El enfoque que aplicamos es el basado en los derechos, no intentamos que vaya por delante una determinada ideología, sino que escuchamos a las mujeres y las acompañamos”, añade.

La oposición de las entidades

La polémica por las subvenciones arrancó el pasado febrero, cuando el Ministerio de Igualdad abrió la consulta pública sobre la modificación legislativa. En la memoria de impacto, justificaba los cambios en un intento de “reafirmar el enfoque feminista” de las ayudas en base a la “perspectiva de género y el enfoque abolicionista” de la prostitución. Además, aludía a la necesidad de alinear las ayudas con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el año pasado por todos los grupos excepto Vox.

Medio centenar de organizaciones de prostitutas y entidades no abolicionistas, con el apoyo de Amnistía Internacional, enviaron entonces alegaciones a la propuesta y advirtieron de que la llevarán a los tribunales si Igualdad no da marcha atrás, al considerarla “inconstitucional”. El Ministerio defendió entonces la orden y apeló a que “no constituye una imposición ideológica”, sino “una manifestación legítima del principio de orientación finalista del gasto público”. Sin embargo, no ha respondido a las preguntas enviadas por este medio sobre cómo van a aplicarse los nuevos requisitos.

Porque una de las sospechas que tienen la decena de organizaciones con las que ha contactado elDiario.es es que, tras las quejas, el Ministerio rebaje las condiciones y, en la práctica, sirva con firmar la declaración responsable que fue incluida después y suavice la exigencia del cambio de estatutos. Aun así, el requisito no convence a los colectivos consultados, buena parte de los cuales prefieren no romper su anonimato a la espera de cómo se concrete la convocatoria. “Está fuera de lugar en una subvención pública. Exigir un posicionamiento en un tema tan complejo y en el que hay diversidad, no conduce al entendimiento, sino a la confrontación”, dice una portavoz .

Entre las ONG que prometen recurrir la orden está el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), que en los últimos ejercicios ha recibido dinero para montar el ciclo de charlas 'Hablan las prostitutas', con el que buscan “dar voz” a las protagonistas. “Probablemente, no nos podamos presentar porque nos obligan a declarar que la prostitución es violencia per se, algo que desde muchas ONG cuestionamos”, apunta Fuensanta Gual, presidenta de la entidad, que añade: “Otra cosa es que efectivamente haya mucha violencia en la prostitución y, de hecho, de eso van nuestras charlas”.

CATS cuenta también con un programa de asistencia integral a mujeres en contextos de prostitución que recibió ayudas de Igualdad hasta 2020. “Desde entonces nos lo rechazan. Es un proyecto de asistencia y acompañamiento, les damos atención social, jurídica y psicológica. Ahora estamos en pleno asesoramiento por el tema de la regularización extraordinaria”, añade la presidenta de la entidad, que reclama el reconocimiento de derechos laborales para las prostitutas.

Otras ONG están evaluando qué pasos dar cuando tengan que concurrir a las ayudas. La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) no modificará sus estatutos, pero sí enviará la declaración responsable, aunque con matices. La condición es que las entidades reconozcan en ella que los proyectos presentados están alineados contra las distintas formas de violencia contra las mujeres “incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva que supone la gestación por subrogación”. Según explica Elisabeth Ortega, adjunta a la dirección de UNAD, la declaración que adjuntarán no se referirá específicamente a ninguna de estas violencias.

La organización confía en que así pueda volver a ser financiado su proyecto Comunidades GPS —que el año pasado recibió 24.500 euros— y que, junto a la Universidad de Salamanca, busca fortalecer la coordinación para dar respuesta a mujeres con adicciones víctimas de violencia machista. “UNAD no cuenta con un posicionamiento sobre prostitución porque somos una red compuesta por 200 entidades con trayectorias y enfoques diversos, no obstante, nuestros estatutos y experiencia reflejan de forma clara nuestro compromiso con los derechos de las mujeres y la atención a las distintas violencias que pueden atravesar”, concluye Ortega.