Igualdad vetará a las entidades no abolicionistas de la prostitución de las ayudas sobre violencia machista y trata

El Ministerio de Igualdad quiere incluir un nuevo requisito para las asociaciones que pretendan acceder a dos de las subvenciones que concede periódicamente: que se declaren abolicionistas de la prostitución. Así lo especifica en las órdenes ministeriales que quiere aprobar para modificar las bases reguladoras de las líneas de crédito, en las que asegura que reclamará a las entidades que quieran concurrir que reconozcan “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres”. Las subvenciones afectadas son las que otorga para programas de concienciación, prevención e investigación de la violencia machista y para el apoyo a víctimas de trata.

Ambas ayudas públicas se regulan en dos órdenes que el departamento de Ana Redondo quiere actualizar y que están en fase de audiencia pública hasta este lunes. Los cambios son más amplios y afectan a varios ámbitos, pero, en general, buscan “reafirmar el enfoque feminista” de las subvenciones en base a “la perspectiva de género y el enfoque abolicionista”, justifica el Ministerio, que apunta a que estos son dos elementos que “orientan” sus políticas públicas. Para ello, pretende reformar el artículo que establece los requisitos que deben cumplir las asociaciones para acceder las ayudas.

Así, a las condiciones que ya regían en convocatorias anteriores y que tienen que ver con la promoción de la igualdad, la perspectiva de género, los derechos humanos y la prevención y erradicación de la violencia de género, se añaden además “otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva”. La nueva redacción apunta a que ello, o bien está recogido “entre los fines y objetivos” de los estatutos de la entidad, o esta debe “acreditarlo fehacientemente, por cualquier medio admitido en derecho”.

La primera de las órdenes regula las ayudas destinadas a poner en marcha proyectos de “concienciación, prevención e investigación” de la violencia contra las mujeres y la segunda está dirigida a programas de apoyo a mujeres o niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas. Según el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio, son las dos líneas de ayudas que mantiene la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y que no están dirigidas a una entidad en particular, como la Fundación Anar o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Las transferencias a comunidades y ayuntamientos para la atención a víctimas y para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se gestionan aparte.

Igualdad explica en los documentos que acompañan la consulta pública que los cambios se producen después de “un proceso interno de evaluación” tras las últimas convocatorias en el que “se ha constatado la necesidad” de “impulsar la perspectiva feminista” para “alcanzar la igualdad y transformar el sistema patriarcal”. “Las modificaciones propuestas se orientan a garantizar la máxima calidad de los proyectos, asegurar la capacidad técnica y reforzar los principios de objetividad, coherencia e igualdad en la concurrencia competitiva”, añade el texto.

El Ministerio justifica que “es necesario adaptar la orden de bases a un nuevo marco” para alinearla “con todas las formas de violencia contra las mujeres en su sentido más amplio” y con la renovación del Pacto de Estado. Precisamente es este último objetivo el que asegura que se pretende lograr con la inclusión de la prostitución, según la memoria de impacto de las modificaciones legislativas. Los cambios incluyen también el deber de acreditar que las entidades cumplen con las obligaciones de prevención de la violencia sexual contenidas en la ley del solo sí es sí o contar con Plan de Igualdad si tienen más de 50 empleados.

Además, la convocatoria de subvenciones para los proyectos de prevención y sensibilización contra la violencia machista, con la que se repartieron en la última convocatoria casi siete millones de euros, incorpora como criterio para valorar a las entidades si la actividad principal del programa “se alinea de forma clara” con alguna de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el año pasado por todos los grupos excepto Vox.

La intención de Igualdad ha provocado la oposición de varias asociaciones, que han presentado alegaciones, y las preguntas parlamentarias de Sumar. Preguntado por ello, el ministerio afirma que “se revisarán” las objecciones y añade que los cambios impulsados “han pasado todos los filtros legales pertinentes” y “son coherentes con la línea política del ministerio”.

Igualdad ahonda así en la posición abolicionista que el PSOE mantiene sobre la prostitución y que hace ya cuatro años cristalizó en el compromiso de impulsar una ley integral. Redondo se ha comprometido en varias ocasiones con llevarla cuanto antes al Consejo de Ministros, pero aún está pendiente. Es este un tema que atraviesa al movimiento feminista e incluso al propio Gobierno, en el que conviven diferentes posiciones. Los socialistas, de hecho, no lograron los apoyos suficientes en el Congreso en las anteriores ocasiones en las que intentaron aprobar una ley para perseguir el proxenetismo y que incluía medidas como las multas a los clientes.

“Una imposición ideológica”

El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) ha promovido un documento de alegaciones al que se han adherido otra treintena de colectivos y más de un centenar de personas a título individual, en el que reclama al ministerio que “reconsidere” la redacción propuesta porque “introduce una calificación normativa no prevista en el marco legal vigente” y que es “contraria” a principios como el pluralismo, la objetividad administrativa o la neutralidad ideológica.

Las alegaciones apuntan a que los cambios “conculcan” la seguridad jurídica porque incluir la prostitución como una forma de violencia hacia las mujeres junto a otras conductas “claramente tipificadas como violencia” –como son la explotación sexual y reproductiva– “genera una indeterminación conceptual incompatible” con el principio, consideran. El texto sostiene que la prostitución “no está tipificada como delito” en España ni existe “una definición legal estatal que la califique como violencia de género” ni tampoco “se ha establecido normativamente su erradicación como objetivo jurídico autónomo”.

Las entidades reconocen que comparten “los objetivos” de las órdenes sobre prevención y erradicación de la violencia machista, de la trata y de “cualquier forma basada en el género”, pero creen que los cambios “introducen un condicionamiento ideológico indirecto”. Por eso, proponen una redacción alternativa en la que, a la frase “otras formas de violencia contra las mujeres”, se añada “incluidas las que se ejercen en contextos de prostitución y la explotación reproductiva”. Lo contrario, apuntan, supone “anticipar una opción normativa no consolidada legislativamente”, algo que es “impropio del ámbito reglamentario y contrario al principio de jerarquía normativa”.

“El Estado no puede utilizar el régimen de subvenciones como un mecanismo indirecto para imponer una visión doctrinal concreta ni para redefinir conceptos jurídicos que no han sido establecidos por el legislador”, añaden las asociaciones en un manifiesto público.

Organizaciones feministas como la Asamblea Feminista de Madrid también han presentado alegaciones al proyecto en el mismo sentido y alertan de que un cambio de estas características “dejaría fuera” a asociaciones feministas en las que “no se ha llegado a un acuerdo” al respecto de la prostitución. “Porque es un tema que no es objeto de debate, porque hay diferentes posturas o porque tienen una posición” que no es abolicionista.

En sus alegaciones, estas entidades –varias de las cuales han suscrito también las de CATS– reclaman que se retire el precepto, que consideran inconstitucional. “La introducción de una determinada interpretación política o ideológica como condición de acceso a fondos públicos es incompatible con el mandato del artículo 103.1 de la Constitución, que impone a la Administración Pública el deber de servir con objetividad a los intereses generales y actuar con sometimiento a la ley”.

Sumar también se ha referido al asunto en varias preguntas registradas en el Congreso, en las que afirma que la modificación “genera dudas jurídicas” y también sobre “su impacto negativo en la eficacia de las políticas públicas al excluir a entidades con amplia experiencia contra la violencia hacia las mujeres”.