El Gobierno choca por la ley de violencia vicaria y negocia para evitar que sea un arma de doble filo

Estaba previsto que la ley contra la violencia vicaria fuera aprobada este martes en el Consejo de Ministros antes de encaminar su recorrido hacia el Congreso. Sin embargo, el Gobierno ha decidido aplazar el visto bueno y darse más margen para seguir negociando ante el desacuerdo interno. Ocurrió después de que el Ministerio de Juventud e Infancia, en manos de Sumar, se desmarcara a finales de la semana pasada de la norma, de la que es coproponente junto a Igualdad, el ministerio impulsor, y Justicia, ambos del PSOE. Fuentes conocedoras de la negociación apuntan a que existen “diferencias” sobre cómo debe articularse finalmente el texto y avanzan que las conversaciones siguen produciéndose.

Con esta ley, el Gobierno pretende regular específicamente este tipo de violencia, que define como “una de las formas más crueles y devastadoras de la violencia de género”, en la que el agresor “instrumentaliza” a los hijos o a otras personas del entorno de las víctimas “para causarles el mayo daño posible”. Entre las medidas que incluye, está la incorporación al Código Penal de un nuevo delito y la posibilidad de que los jueces impidan que los condenados difundan información sobre el crimen que han cometido, una reforma ideada al calor de la polémica por El Odio, el libro finalmente paralizado en el que José Bretón confesaba el asesinato de sus hijos.

El anteproyecto fue aprobado el pasado septiembre en el Consejo de Ministros y tras recabar los informes pertinentes, enfiló su visto bueno final. Sin embargo, el Ministerio de Juventud e Infancia dio un golpe de efecto el pasado jueves, cuando anunció que se descolgaba de la norma “tras la negativa de Justicia a corregir” preceptos que considera “indispensables” para que la legislación “avance en la garantía de derechos para las víctimas”, apuntaron fuentes del departamento dirigido por Sira Rego.

En la práctica, los desacuerdos tienen que ver con tres cuestiones clave: la manera en que la ley reforma el Código Penal para incluir como delito propio la violencia vicaria; el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados y cómo deben regularse los regímenes de visitas en casos en los que los padres están inmersos en procesos por violencia de género o existen indicios. Las “observaciones” de Juventud e Infancia en estos ámbitos “no han sido tenidas en cuenta”, al menos de momento, según el Ministerio, pero los tres departamentos del Gobierno implicados se muestran abiertos al diálogo.

Es la posición que también trasladan Igualdad y Justicia, que rehúsan pronunciarse sobre el fondo de los debates, pero sí apuntan a seguir negociando. Fuentes del departamento dirigido por Félix Bolaños trasladan que “se están analizando” los informes y las aportaciones recibidas al anteproyecto y que el Ministerio “está trabajando en ultimar una redacción jurídicamente impecable que ofrezca la máxima protección y seguridad a las víctimas, tanto si son las madres como si son los menores”.

El nuevo delito

Poco antes de que Rego hiciera públicas sus diferencias, la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género publicó una carta en la que planteaba su “gran preocupación” por la redacción actual de la ley. Entre otras cosas, se refiere en concreto a la nueva figura delictiva que crea la norma y que tipifica como delito contra la integridad moral la violencia vicaria. El texto castiga a quien “para causar daño o sufrimiento” a su pareja o expareja, cometa otros delitos contra sus hijos o el resto de familiares. Y lo hace a través de un doble tipo: uno genérico, que en la práctica afecta a todo tipo de parejas independientemente del género, y otro agravado en el caso de que la víctima sea una mujer.

Para la Coordinadora, esta vía implica crear “un delito neutro” que entra “en clara contradicción con el concepto de violencia vicaria y con las verdaderas necesidades” del fenómeno, que define como “el gran agujero negro” de la violencia machista. En su momento, varias expertas ya advirtieron de que, de aprobarse, el delito podría convertirse en “una nueva puerta de entrada” del falso Síndrome de Alienación Parental y que provocara un efecto indeseado: que hombres acusados de violencia de género puedan alegar ser víctimas de violencia vicaria denunciando a las mujeres por “instrumentalizar a los hijos para causarles daño a ellos”.

Es este precisamente el “riesgo” que ve el Ministerio de Juventud e Infancia, que apunta a que esta tipificación puede someter a “inseguridad jurídica a las madres protectoras”. Se refieren a los casos de mujeres que han denunciado a los progenitores por violencia o abusos y se acaban topando con un sistema que se les vuelve en contra, con retiradas de custodia incluidas, como el caso ocurrido en Sevilla revelado este miércoles por elDiario.es. Según trasladó en su momento la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el tipo genérico de violencia vicaria se incorporó en el anteproyecto “para evitar discriminaciones” y respetar el artículo 14 de la Constitución.

Las reticencias entre las expertas, que coinciden en la importancia de regular la violencia vicaria, también pasan por desconfiar de la vía penal como la más idónea para hacerlo. “Se está magnificando la pena cuando estamos ante un tipo de delincuencia poco sensible a ella. Hablamos de sujetos que están dispuestos a matar y suicidarse. Engordando el Código Penal no vamos a encontrar la solución”, decía la catedrática de Derecho Penal Miriam Cugat. Otras voces apuestan por incluir un agravante específico por violencia vicaria de género, es decir, solo circunscrita a las mujeres.

¿Excepción a la suspensión de visitas?

Además de la tipificación penal, también los regímenes de visitas están en el centro de las negociaciones entre Justicia, Igualdad y Juventud e Infancia. Y es que este último apuesta por restringirlos al máximo y sin excepciones. Actualmente, el Código Civil –reformado en 2021– establece que “no procederá el establecimiento de un régimen de visitas y si existiera se suspenderá” en los casos de hombres incursos en procesos de violencia de género o cuando se detecten “indicios fundados”. A esto se añade como excepción que el juez puede mantenerlas si lo motiva por el interés superior del menor o en su “deseo, voluntad o preferencias”.

También hay asociaciones que trabajan con víctimas de violencia machista, como la Asociación de Juristas Themis, que en las alegaciones a la ley insiste en eliminar la excepcionalidad de poder seguir manteniendo visitas al considerar que desde que el padre está incurso en un proceso penal o hay indicios, “la situación objetiva de riesgo existe” y “debe primar” ante otras consideraciones. Themis también reclama que la norma incorpore a las mascotas junto a otros miembros de la familia o el entorno que pueden ser instrumentalizados para ejercer violencia.

En cuanto a las visitas, el anteproyecto reconoce que actualmente existen “lagunas” que están posibilitando “su mantenimiento” y que “ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de los menores”, pero evita acordar que la suspensión sea imperativa, sino que propone añadir al Código Civil que, antes de decidir sobre las visitas, el juez debe siempre escuchar a los niños. Si no es posible “o no conviene al interés superior del menor”, la norma establece que “se podrá conocer su opinión” a través de terceros, como sus representantes legales “o sus personas de apoyo”.

Para el Ministerio de Juventud e Infancia, el texto “no garantiza” el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados “con independencia de su edad” en todos los procesos que les afecten, que es algo que ya anunció Sira Rego que pretende incluir en la reforma de la Ley de protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia. Este texto, que el ministerio estaba dispuesto a llevar al Consejo de Ministros el pasado octubre, también versa sobre cuestiones que se tocan en algunos puntos con la específica de violencia vicaria. Está aún por ver qué versión se impondrá.