Uno de los vocales de Sumar certifica su pacto con la derecha para ganar posiciones en el Poder Judicial

El conflicto se recrudece en el bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El último pleno del órgano, celebrado este miércoles, ha mostrado de nuevo la imagen de la presidenta Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada; y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, votando junto a los diez vocales del grupo conservador. 

En esta ocasión, el órgano decidía qué dos vocales iban a asumir a partir de ahora las relaciones con las asociaciones judiciales. Por doce votos, el pleno ha decidido que esos interlocutores sean dos hombres: el propio Preciado y el vocal elegido a iniciativa del PP José Antonio Montero, considerado muy cercano a Perelló. Ambos eran compañeros en el Tribunal Supremo.

Los otros nueve vocales progresistas habían propuesto a la vocal Inés Herreros, también elegida a iniciativa de Sumar, y que ya resultó excluida por Preciado de su propuesta de reparto de comisiones pactada con los vocales de la derecha el pasado octubre. Tras ese reparto, ocho de las once tienen mayoría conservadora. Además, Preciado mantuvo su puesto en la Permanente, el núcleo duro donde se toman muchas decisiones de calado. 

La decisión ha generado malestar en el resto de progresistas, que consideran que se ha fraguado un bloque “absolutamente corporativista” que va incluso más allá del eje ideológico. Este último movimiento supone, además, una afrenta a la paridad que el Consejo está obligado a aplicar en las designaciones que realiza en la cúpula judicial.

Los dos vocales elegidos son magistrados y pertenecen a las asociaciones más identificadas con la derecha y la izquierda judicial. Montero está vinculado a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Preciado es afiliado desde hace 21 años a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), de tendencia progresista y tercera en representación en la carrera. Ha sido miembro de su secretariado en dos ocasiones. Herreros también tiene una larga trayectoria asociativa: dos décadas de afiliación a la Unión Progresista de Fiscales, de la que fue presidenta y representante en el Consejo Fiscal. 

En declaraciones a elDiario.es, la vocal Herreros cuestiona que se haya designado a dos personas “estrechamente vinculadas a dos asociaciones judiciales concretas”, lo que “empaña la debida apariencia de neutralidad”. Y afirma que este hecho “rompe con las formas inicialmente pactadas de ejercicio neutral de la presidenta y el acuerdo inicial de equilibrio, así como también rompe con el respeto a la igualdad de género y constituye una nueva muestra de acumulación de poder en estos dos vocales que refuerzan las formas presidencialistas e incide, de nuevo, en dinámicas patriarcales”. 

En una nota de prensa difundida a los medios, Preciado afirma que ambos han resultado elegidos “por su experiencia en las relaciones con asociaciones” y afirma que Herreros, que es fiscal de carrera, “no tiene experiencia previa en asociacionismo judicial”. 

Fuentes próximas a este vocal subrayan que el “relato” de que él se ha pasado a la derecha es “bastante equivocado”. Y sacan a colación una votación en la Comisión Permanente de este martes en la que Preciado se quedó solo defendiendo el derecho de las juezas sustitutas —un colectivo feminizado y precarizado— a que el cómputo de su antigüedad se realizara “teniendo en cuenta el tiempo total de vinculación y no sólo el tiempo de prestación efectiva de servicios”.  

En el pleno de este miércoles la presidenta y Preciado también han votado junto al bloque conservador en contra de la propuesta realizada por el gabinete técnico sobre la interpretación del alcance de las reglas de provisión de plazas en las secciones de Familia, Infancia y Capacidad y de Violencia contra la infancia y la adolescencia. 

La vocal Herreros afirma que el acuerdo finalmente alcanzado “flexibiliza el nivel de especialización exigido por la nueva legislación en materia de infancia y rebaja los estándares inicialmente contemplados en el informe técnico”. Por contra, en el entorno de Preciado subrayan que la propuesta defendida por el resto de progresistas era un “sin sentido”, ya que penalizaba a jueces con mucha experiencia en juzgados mixtos frente a aquellos con menos tiempo en juzgados especializados.