Isabel Perelló, la presidenta ‘progresista’ del Poder Judicial que gusta a la derecha

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, fue uno de los primeros en reaccionar a la elección de Isabel Perelló como presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. Tras un lustro de bloqueo, Bolaños afirmó en septiembre de 2024 que su elección era una “magnífica noticia” y que estaba “muy contento”. Esta semana, cuando ese mandato está a punto de superar el año y medio, el titular de Justicia no pudo disimular su malestar con uno de los últimos discursos de Isabel Perelló, que tachó de “político”. 

Por segundo año consecutivo la presidenta del Poder Judicial y del Supremo había empleado su intervención institucional de bienvenida a los nuevos jueces en Barcelona para censurar proyectos del Gobierno. Meses atrás, en la apertura del año judicial y de nuevo ante el rey Felipe VI, Perelló también pidió frenar las “inoportunas y rechazables (...) descalificaciones” a los jueces después de que Pedro Sánchez afirmara en televisión que algunos jueces “hacen política”. Meses antes, en junio, había hablado de “presiones intolerables” tras el cuestionamiento por parte de algunos ministros de la causa contra el ex fiscal general del Estado. 

En privado, fuentes del Ejecutivo consideran que Perelló ha decidido situarse en una posición política de confrontación que “no le corresponde” como sexta autoridad del Estado. Por contra, sus discursos son alabados por el bloque conservador del CGPJ, cuyos vocales se sienten cómodos con sus exposiciones de tinte corporativista, en las que hace constantes alusiones a la independencia judicial y únicamente admite como aceptables las críticas “razonables”, tal y como dijo en su discurso de esta semana. 

Esa sintonía se deja ver también en sus movimientos dentro del órgano. El pasado octubre unió sus votos al grupo conservador para acordar un nuevo reparto de poder claramente favorable a los vocales elegidos a iniciativa del Partido Popular. Con la nueva configuración, ocho de las once comisiones en las que se organiza el trabajo institucional tienen mayoría conservadora. El vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado también participó en esa operación y logró mantener su puesto en la Comisión Permanente, el núcleo duro donde se toman muchas decisiones de calado. 

Fue un reparto negociado a espaldas de los progresistas, lo que elevó la tensión hasta límites no vistos durante este mandato. En un duro comunicado, ocho vocales elegidos a iniciativa del PSOE y otra de Sumar acusaron a la presidenta de haber impuesto de “manera abrupta y deliberada” un cambio de reglas que les “excluye”. El líder en la sombra de los vocales de la izquierda amenazó incluso con presentar su dimisión. 

En esa nueva distribución es clave el posicionamiento de la presidenta, que tiene voto de calidad en caso de empate y que se ha puesto de perfil en asuntos de calado. Es el caso de las propuestas sobre el sistema de elección de los vocales o las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Supremo, donde acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha.

De forma reciente, su voto permitió la apertura de expedientes disciplinarios a varios magistrados por sus exabruptos contra políticos, tal y como pretendían los progresistas. Pero también se volvió a unir a los consejeros de la derecha y Preciado para situar a una magistrada vinculada a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura en un puesto de carácter técnico. 

Malestar en el grupo progresista

En el grupo de vocales elegidos a iniciativa de Sumar no ven a Perelló como una de las suyas. Distintas fuentes de este grupo coinciden en señalar que el malestar viene de lejos y subrayan la incomodidad que sintieron el pasado martes, en el acto institucional de bienvenida a los nuevos jueces. Recuerdan que el año pasado, en este mismo acto, el objeto de reproches fue el nuevo sistema de oposiciones a la carrera que prepara el Gobierno y que se encuentra en tramitación parlamentaria.

Cuestionan que esta semana Perelló hiciera, de nuevo, un discurso “sesgado”. La presidenta señaló, por ejemplo, que la mayoría de los nuevos jueces no tienen vínculos familiares previos con la Carrera Judicial —tal y como confirman los datos—, pero también dijo que son “representativos de la sociedad”. Según la propia encuesta realizada por el CGPJ, el 97,32% contó con el soporte económico de sus padres durante la preparación de la oposición, que la mayoría preparó durante más de cinco años. Además, el 69,49% no había trabajado anteriormente. 

También critican que hiciera alusión a cuestiones “absolutamente políticas” y sobre las que “no hay consenso” en el CGPJ, como la ley de eficiencia que supone una nueva organización de los juzgados. Perelló aludió a la “preocupación” del órgano sobre este cambio. Y afeó al Ministerio que haya implantado la reforma “desconociendo el papel del juez y su relación con los procedimientos”, además de no haber contado con los magistrados. “Las reformas han de hacerse de forma ordenada, garantizada y con el tiempo necesario”, apostilló.

Por otro lado, tildó de “buena noticia” la creación de 500 plazas de juez anunciada por el Ministerio, pero a renglón seguido lamentó que “no aborda ni resuelve el problema de fondo”. “No incrementa el número real de jueces disponibles, de modo que las vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando”, aseveró. “Me sorprende que el Consejo solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, lo conceda (...) y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso, no hay que perder la paciencia”, respondió Bolaños un día después. 

En el bloque conservador, por contra, sostienen que la presidenta hizo un discurso “muy correcto”. “Estoy conforme con todo lo dicho”, dice una fuente de este grupo. “No sé cómo el Gobierno anuncia la creación de 500 plazas cuando solo ha convocado 120 [en la oposición del turno libre]”, apostilla otro vocal que sostiene que la información que les llega sobre los nuevos tribunales de instancia es que su implantación está siendo “caótica”. 

El cruce de reproches entre los máximos responsables del CGPJ y del Ministerio de Justicia se produce precisamente en un momento en el que ambas instituciones están negociando asuntos de enorme calado. Es el caso de la implantación de los tribunales de instancia y la cobertura de esas 500 nuevas plazas que no se pueden dotar de personal solo con la tradicional oposición memorística debido a la falta de Presupuestos.

El Gobierno pretende que el órgano de gobierno de los jueces mueva ficha y active el llamado cuarto turno, la vía reservada a profesionales del Derecho con un mínimo de 10 años de ejercicio que deberían ser el 25% de la carrera y solo llegan al 9% por el incumplimiento histórico del CGPJ. Está obligado a convocar este proceso cada dos años. Pero la última convocatoria es de febrero de 2023 y todavía no hay nueva fecha. Las negociaciones siguen abiertas.