La ambigüedad de la Audiencia con Mónica Oltra condiciona las elecciones de 2027 solo con la ultraderecha acusándola

La izquierda de la Comunitat Valenciana se prepara para las elecciones de 2027. La desastrosa gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que terminó con la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, y el reciente escándalo del reparto de pisos protegidos en Alicante entre cargos y funcionarios afines al PP han dado alas a las formaciones de la oposición para cuestionar la capacidad de los conservadores y de su muleta, Vox, para gobernar.

Y, aunque Mónica Oltra no se ha pronunciado sobre si quiere formar parte de las huestes que cambien el rumbo de la política valenciana, a nadie se le escapa que la experimentada abogada de izquierdas puede ser una de las bazas que dinamicen un posible cambio político en mayo del año que viene.

Su formación política, Compromís, ya ha preguntado en una encuesta interna —de la que se hizo eco elDiario.es— por la querencia de la ciudadanía hacia Mónica Oltra. El resultado fue espectacular para una persona que lleva cuatro años fuera de la política y enmarañada en un proceso judicial que cuestionó su gestión: nada menos que por presuntamente ocultar un caso de abuso cometido por su exmarido. Dos jueces y el fiscal niegan que la exvicepresidenta incumpliera sus funciones o protegiera a su expareja, y solo la extrema derecha sigue acusándola, en una clara estrategia de dilatar la causa: un caso de lawfare de manual.

Con todo, y siempre según la encuesta interna de su partido, Mónica Oltra continúa siendo una política muy valorada y más conocida incluso que el actual presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca. Además, no hay acto al que asista para hablar del futuro y del peligro de la ultraderecha global que no llene hasta la bandera. De momento, la abogada mantiene un hermetismo extremo sobre su futuro, pero muchas voces, internas y externas, la animan a que lidere una candidatura de Compromís, en un frente amplio sumado a otras fuerzas, para conquistar la alcaldía de València.

Esta aspiración legítima y la esperanza que despierta en una parte de la izquierda valenciana chocan, sin embargo, con la desidia y la ambigüedad —algunos piensan que calculada— de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, que mantiene a Mónica Oltra en un limbo judicial hace casi dos años del que se beneficia la ultraderecha y que ya está conculcando de manera flagrante su derecho al sufragio pasivo. No porque no pueda concurrir a unas elecciones con una hipotética cita pendiente con la justicia, sino porque sigue inmersa en un proceso en el que dos jueces instructores y el fiscal han descartado la existencia de indicios de criminalidad, después de analizar miles de correos electrónicos de la conselleria que dirigió Oltra.

Y esa actuación, activa o pasiva, de la sección que preside Pedro Castellano —uno de los jueces valencianos de perfil más conservador— ha contribuido a prolongar esta situación que tiene visos de alargarse a después de las elecciones del año que viene en caso de que se terminara abriendo juicio oral.

La Audiencia Provincial de València ordenó al juez instructor que acomodara “el procedimiento a los trámites del procedimiento abreviado y a la posterior apertura, en su caso, de juicio oral”. Ese “en su caso” ha dejado abierta la posibilidad de no abrir juicio oral y ha provocado que jueces de instrucción y fiscal hayan iniciado una partida de ping-pong con el futuro político y personal de Mónica Oltra, poniendo en riesgo cualquier intención de regresar a la primera línea política sin el riesgo de un proceso penal.

Además, la causa solo sobrevive por la insistencia de la extrema derecha en mantener en el purgatorio a la abogada valenciana. Vox y Gobierna‑te, la asociación de la agitadora ultra Cristina Seguí, así como la joven que fue víctima de los abusos de su exmarido —cuya defensa ejerce el líder de España 2000— mantienen viva la causa. La representación de la menor, ni siquiera recurrió el archivo de la investigación por parte del juez instructor y se adhirió a las otras dos acusaciones. La joven ha llegado a declarar públicamente que fue engañada por la ultraderecha y que la habían dejado tirada tras la dimisión de Oltra como vicepresidenta.

La defensa de Oltra lo tiene claro. En su escrito de impugnación de los recursos de apelación presentados por las acusaciones advierte, frente al relato instalado, que no existe ningún pronunciamiento que ordene la apertura de juicio oral y que hay “plena autonomía funcional y material del juzgado instructor para no acordarla”. Es decir, el “en su caso” significaría que la Audiencia Provincial de Valencia no insta a la apertura de juicio oral y que el caso podría sobreseerse ya.

La extenuante indefinición de la Audiencia de Valencia y la perseverancia del juez instructor, Vicente Ríos, y de su sustituta por acabar con el proceso al no haber indicios de delito están alargando una situación que ya sacó del tablero político a Mónica Oltra, a petición propia y no sin un duro proceso de desgaste personal. Ahora, y a poco más de un año de unas elecciones clave para los valencianos, una de las políticas más valoradas por la izquierda sigue sin poder cerrar un difícil capítulo judicial o ya, definitivamente, defenderse en una vista oral. Aunque solo la acuse la extrema derecha.