La paradoja de Mónica Oltra: su nueva victoria judicial retrasa su vuelta a la política tras más de tres años en un limbo

Mónica Oltra dimitió el 21 de junio de 2022 de su puesto de vicepresidenta del Gobierno valenciano del Pacte del Botànic. En los más de tres años fuera de la primera línea política, los pasos de la dirigente de Compromís han estado irremediablemente condicionados por la causa en la que figura como investigada por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana. Oltra permanece en una suerte de limbo, a medio camino entre la resistencia del juez instructor y del fiscal a sentarla en el banquillo de los acusados, al no hallar indicios de criminalidad, y el empecinamiento de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, presidida por el magistrado conservador Pedro Castellano, en enviarla a juicio. La postura del instructor y del representante del Ministerio Público conlleva la paradójica situación de alejar un posible juicio oral que la sección cuarta nunca ha ocultado que tiene en su punto de mira. El último episodio ha supuesto una batalla ganada por la defensa de Mónica Oltra frente a las acusaciones populares, que ejercen varias marcas de la extrema derecha, a la espera de los más que probables recursos de apelación, que debe resolver la sección de la Audiencia de Valencia presidida por Castellano.

Tanto el juez, Vicente Ríos, como el fiscal, Jaime Cussac, descartaron la existencia de indicios contra Oltra y el resto de investigados en el procedimiento. El instructor se vio obligado a dictar el auto de procedimiento abreviado (el paso previo en términos procesales al de juicio oral) por “imperativo legal”, una fórmula que no se ve todos los días en los tribunales. La Audiencia de Valencia se ventiló la decisión en un auto de apena seis folios que ni siquiera entraba al fondo de la detallada resolución del veterano Vicente Ríos, uno de los jueces de instrucción más reconocidos en la Ciudad de la Justicia de València, que cuenta con un historial solvente en causas complejas como el 'caso Emarsa', entre otras. La sección cuarta, por su parte, insiste en la “hipótesis plausible” de que Oltra encubrió a su exmarido.

“Estimo que nadie debe ser juzgado sin que exista un solo indicio racional de criminalidad contra el mismo y, en conciencia, reitero que no los aprecio en la conducta de los encausados”, afirmó el juez en su anterior auto, del pasado 27 de junio.

Las acusaciones populares que ejercen Vox y Gobierna-te, la asociación de la agitadora ultra Cristina Seguí recurrieron la decisión del juez Ríos de archivar de nuevo la causa en vez de abrir juicio oral. La sustituta del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València, actualmente de baja, dictó este viernes un auto que desestima los recursos de reforma de ambas acusaciones, acuerda de nuevo el sobreseimiento provisional de la causa y deniega la apertura de juicio oral. La jueza Ana María Lillo coincide así con la postura del fiscal Cussac, “perfectamente ajustada a Derecho”.

El representante del Ministerio Fiscal reitera que no ve indicios de delito y considera que el recurso de Vox “distorsiona” el “alcance” del auto de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, que ordenaba al juez Ríos “la acomodación del procedimiento a los trámites del procedimiento abreviado y posterior apertura, en su caso, de juicio oral”. El fiscal, en su informe de oposición a los recursos de reforma, subraya el “en su caso” de la Audiencia, a modo de rendija por la que escaparse de una decisión que no comparte para nada. Tanto el instructor como el fiscal descartan los indicios contra Oltra, tras una minuciosa instrucción que, además de numerosas testificales y diligencias, repasó decenas de miles de correos electrónicos.

“Es decir, en ningún caso la superioridad adelantó la decisión de apertura del juicio oral”, afirma el escrito del Ministerio Público. El fiscal renuncia voluntariamente a ejercer la acusación pública, su papel natural, y se alinea así con la resistencia del instructor de enviar al banquillo a alguien sin indicio alguno de delito. La decisión de abrir juicio oral, remarca el escrito, corresponde al instructor “en su papel de juez de garantías”. “No existe pues y como pretende el recurrente ningún mandato de apertura del juicio oral que usurpe, anticipando un determinado posicionamiento, el criterio del instructor al respecto”, apostilla.

Las órdenes de “la Superioridad”

También sostiene que la “narración fáctica” del juez instructor que propició el sobreseimiento de la causa fue “expresamente hecha suya” por la sección cuarta de la Audiencia de Valencia. Además, el fiscal también reprocha a las acusaciones que no precisen los “indicios individualizándolos para cada episodio fáctico y para cada acusado/a” en el procedimiento.

El tremendo lío y el enfrentamiento abierto entre juez y fiscal y “la Superioridad”, como aludió el representante del Ministerio Público con mayúscula oficialista incluida en referencia a la sección cuarta, alarga un enrevesado procedimiento que se cobró el fuerte liderazgo de Mónica Oltra como líder de Compromís, formación que no ha acabado de levantar cabeza.

En los más de tres años desde su dimisión, el Pacte del Botànic perdió el poder en favor de un Gobierno de alianza entre el PP y la extrema derecha de Vox, que ejerce una de las acusaciones populares en la causa; una dana arrasó gran parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, dejando 230 fallecidos y reconfigurando de raíz el panorama político autonómico; el president Carlos Mazón dimitió a consecuencia de las dudas sobre sus paso el día de la tragedia, y Juan Francisco Pérez Llorca asumió la presidencia de la Generalitat como sucesor del jefe del Consell que alargó una sobremesa con Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro mientras la catástrofe se agravaba.

Oltra, una de las figuras políticas más destacadas de la izquierda valenciana, ha reaparecido en los últimos tiempos en algunos actos públicos, ejerce de abogada de Compromís, entre otros campos, y tiene asumido que acabará sentada en el banquillo. Aunque, de momento, sigue desmovilizada en un limbo, a modo de etapa previa a un juicio en el que, en todo caso, se sentaría en el banquillo sin que la Fiscalía le acuse de nada.