Qué cambia y qué se mantiene en el nuevo 'escudo social': desahucios, bono social y ayudas por la dana y los incendios

El Gobierno trata de salvar en segunda vuelta el conocido como 'escudo social', que se puso en marcha en 2020 para que las familias vulnerables pudieran hacer frente a los estragos económicos y sociales de la pandemia, y que PP, Vox y Junts tumbaron la semana pasada. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo Real Decreto-Ley, con las pensiones al margen y un cambio central en una de las medidas de protección que más reticencias causaba en Junts: la moratoria antidesahucios.

El PNV, que sí votó a favor del real decreto-ley ómnibus del pasado martes, ha negociado con el Ejecutivo un nuevo texto que incluye el bono energético, las ayudas por la dona, bonificaciones fiscales y la prórroga de la prohibición de los desahucios a familias vulnerables. Y en este último punto está la modificación con la que el Gobierno quiere atraer a Junts al acuerdo, al dejar fuera de este paraguas a los inquilinos de caseros con una o dos viviendas en alquiler. Son una “muy pequeña parte del mercado inmobiliario”, ha estimado el ministro de Cultura de Sumar, Ernets Urtasun.

“El Gobierno blinda a los inquilinos vulnerables para que los fondos buitre y grandes tenedores no los puedan desahuciar”, justifican fuentes de Moncloa, que indican que “las personas propietarias de una o dos viviendas no se verán afectadas por la prórroga de este escudo social” porque “corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia”. En el caso de propietarios de tres o más viviendas, se frenará el desahucio, siempre que los caseros no sean vulnerables.

Los servicios sociales son competencia de las comunidades autónomas y las corporaciones locales que, en la práctica, ya estaban obligadas a garantizar una alternativa para las familias vulnerables según la redacción del texto de la antigua moratoria, que decayó la semana pasada, independientemente de si los caseros eran pequeños, grandes propietarios, empresas o fondos de inversión.

“Acreditada la vulnerabilidad, antes de la finalización del plazo máximo de suspensión, las Administraciones públicas competentes deberán adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna”, indicaba el antiguo texto.

Además, acuerdos internacionales ratificados por España ya contemplan la obligación de los Estdos de garantizar una vivinda adecuada a la población, un incumplimiento por el que este país ha recibido varios requerimientos y condenas por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) de Naciones Unidas, por intentar desahuciar sin alternativa habitacional.

“Hay una responsabilidad importante de las comunidades autónomas para ofrecer esas alternativas habitacionales”, ha indicado la ministra portavoz Elma Saiz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “La medida es muy importante, pero para hacerla efectiva requiere de muchos más” actores además del Gobierno, ha insistido.

A falta de conocer la postura de Junts, que ya el año pasado se opuso al 'escudo social' en una primera votación, pero que acabó votando a favor tras conseguir el compromiso de una línea de avales para caseros ante impagos del alquiler, que se reactivó en diciembre, ha sido otro socio de la coalición quien se ha mostrado en contra del cambio. “El PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que ”solo“ tienen una vivienda para alquilar”, escribió en X la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que calificó la enmienda de “asco absoluto”.

“El Gobierno está acostumbrado a buscar y conseguir los acuerdos entre quienes a priori tienen posturas irreconciliables”, indican fuentes gubernamentales, que insisten en que no dejan “a nadie atrás”. “Ni a los pensionistas, ni a los migrantes, ni a quien por un tropiezo en su vida, como puede ser una enfermedad o una pérdida de empleo, no pueden pagar el alquiler”, señalan estas mismas voces.

Suministros y bono social eléctrico

El nuevo escudo social mantiene otras medidas, que fueron tumbadas también con el decreto ómnibus de la semana pasada. Así, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la prohibición del corte de suministros básicos, como energía y agua, y la prórroga del bono social eléctrico para consumidores vulnerables. Además, se incluye la adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo 2026-2031.

Exención en el IRPF para las ayudas por los incendios y la Dana

Además, se conserva la no tributación de las ayudas concedidas por daños personales para los afectados por los incendios forestales del pasado verano y “otras emergencias de protección civil”. Y, también, la exención del IRPF y del Impuesto de Sociedades de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana para hacer frente a los efectos de la Dana y la extensión de líneas de subvenciones para los municipios afectados.

Ampliación de deducciones y beneficios fiscales

El nuevo real decreto mantiene las ampliaciones a 2026 de algunas ayudas fiscales vinculadas a la inversión en eficiencia energética en viviendas, a la compra de vehículos eléctricos o instalación de cargadores en el hogar; la modificación del IVA en materia de hidrocarburos; y el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA.

Prohibición de despidos en empresas con ayudas públicas

El nuevo texto mantendrá también la prórroga de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, que no podrán alegar el aumento de los costes energéticos como causa objetiva de despedido, o aquellas que se hayan acogido a medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se hayan beneficiado de apoyo público.

Actualización de las entregas a cuenta

El nuevo real decreto-ley mantiene también la actualización de entregas a cuenta de las comunidades autónomas y las entidades locales para 2026, mediante suplementos de créditos por valor de más de 3.000 y 3.600 millones, respectivamente.