70.000 familias vulnerables sin protección ante un desahucio: “Vuelve el miedo. Lo tengo muy crudo”

Iván sabía que el Congreso decidía este martes una votación con impacto directo en su vida. El voto en contra de Junts, PP y Vox desactivó el 'escudo social', que incluía la moratoria antidesahucios para hogares vulnerables, que se fue prorrogando desde la pandemia. Hasta ahora. “Lo pueden reactivar en cualquier momento. Vuelve ese miedo a cuándo te lo notificarán, la nueva fecha de lanzamiento, intentar pedir otra vez la suspensión. Sabemos cómo funciona, a veces te dan un mes o dos semanas, pero a la hora de buscar una alternativa lo tengo muy crudo”, explica este hombre de 68 años, residente en Barcelona.

El caso de Iván Geisen es uno más de entre las 60.000 y las 70.000 familias vulnerables acogidas a la moratoria antidesahucios, que contabilizan las entidades sociales y los sindicatos de inquilinas. “El Congreso ha decidido que más de 60.000 familias sean expulsadas de sus casas sin una alternativa habitacional”, indican desde el Sindicato de Inquilinas, con una “decisión que llega en un momento de crisis habitacional sin precedentes: mientras se siguen alcanzando máximos históricos del precio del alquiler, el Parlamento ha optado por retirar incluso la poca protección que existía para frenar la expulsión de familias de sus hogares”.

El real decreto, que ha quedado sin efecto, protegía a aquellas familias que no podían pagar el alquiler o que se enfrentaban a algún conflicto con sus caseros. Pero no a todas. Estas debían acreditar situaciones de vulnerabilidad económica ante los servicios sociales y el juez de turno, que valoraba también la situación del propietario. Iván logró acogerse a la moratoria en enero de 2025, después de un lustro de incertidumbre. Él se mudó a su actual domicilio, en Poblenou, Barcelona, en 1999. No tuvo problemas hasta 2020. Gracias a las dos prórrogas de la pandemia pudo continuar en la vivienda, pero, después, la propiedad del bloque “se cerró en banda a negociar”, explica.

La primera fecha de lanzamiento que pesaba sobre este hombre, que alarga su vida laboral para poder jubilarse con una pensión de autónomo, estaba marcada el 16 de enero de 2025. Un día antes, consiguió parar ese desahucio, tras acreditar su precariedad económica. “Vivo solo y afrontar un alquiler así te hace vulnerable sí o sí. No puedes hacer nada salvo trabajar y pagar. Ni vacaciones, ni ir al teatro, nada. Solo lo básico para sobrevivir”, lamenta este profesor, que trabaja dando clases de inglés y como examinador cuando sale curro. “El último año pagué enero, febrero y agosto, porque tuve un pico de ingresos. El resto de meses consigné el 30% de lo que gané porque no podía pagarlo todo”, reconoce.

El Observatori Desca ya estimaba el año pasado que la moratoria antidesahucios había evitado expulsar de sus hogares a más de 58.000 familias. Este año calcula que hay unas 70.000 acogidas a esta medida, ahora malograda. “Había conseguido detener uno de cada cuatro desahucios desde su puesta en marcha en 2020, en plena crisis por la Covid-19”, lamentan. Según estas cuentas, en los últimos cinco años se han producido en España unos 210.000 lanzamientos.

Las miles de familias a la espera de una notificación para salir por la puerta de sus casas de forma definitiva tendrán que enfrentarse, además, a un mercado de la vivienda que en los últimos años ha sufrido incrementos de precio desorbitados. Iván, con una renta de 730 euros mensuales, entrará en Idealista, donde encontrará un precio medio de oferta en la ciudad de Barcelona de 23,8 euros por metro cuadrado: unos 1.190 euros por un piso de 50 metros. Según los datos oficiales del Ayuntamiento de Barcelona, en su barrio, Poblenou, el alquiler ronda los 1.166 euros, pese a estar declarado zona tensionada. “A la hora de buscar una alternativa lo tengo muy crudo, al final tendré que acabar en una habitación en alguna parte o irme de Barcelona, en vez de tener un espacio propio”, lamenta.

El texto de la moratoria antidesahucios incluía un párrafo que afectaba a las administraciones públicas. También decae, aunque en la práctica las 70.000 personas acogidas a la medida apunten a una incapacidad manifiesta para cumplir con ese punto: “Acreditada la vulnerabilidad, antes de la finalización del plazo máximo de suspensión, las Administraciones públicas competentes deberán, adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna”: Es decir, estas deben ofrecer una alternativa, además de compensar económicamente a los propietarios.

“Las administraciones públicas están obligadas a ofrecer una alternativa habitacional. No solo está dispuesto así en la moratoria, son los estándares internacionales los que establecen que no puede haber desalojos sin alternativa habitacional en casos de vulnerabilidad”, explica la directora del Observatori DESCA, Irene Escorihuela. Un informe de esta organización señala que en 77% de los casos, las entidades públicas ofrecían apoyo económico, pero solo en el 2% una alternativa habitacional. “Esto demuestra la necesidad de ampliar el parque público de vivienda para realojar y políticas estructurales de vivienda porque, desde luego, estos 70.000 desahucios no se van a poder gestionar en viviendas alternativas, dado el escaso parque público y asequible que tenemos en España”, desarrolla.

“Las administraciones no tienen alternativas: urge poner en marcha un plan de emergencia con medidas estructurales para garantizar el derecho a una vivienda digna”, reclaman desde el Observatori Desca, que señala que “el Gobierno tiene la responsabilidad de aprobar y consensuar un nuevo Decreto Ley que evite la inseguridad jurídica para las familias”. No sería la primera vez. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya pasó por un trago similar el pasado mes de enero, que consiguió salvar con una negociación con Junts, que acabó salvando el escudo social en una segunda votación.

El triunvirato de derechas, conformado en la sesión de este martes por Junts, PP y Vox ha tumbado la prohibición de los desahucios para personas de bajos ingresos, el corte de suministros básicos, como la energía y el agua, o el bono social eléctrico, entre otros. “La caída del decreto deja en el aire instrumentos que venían funcionando como escudo social para millones de personas en situación de vulnerabilidad”, lamentan desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN), que considera que estas medidas “se estaban consolidando como eficaces en la contención de los datos de pobreza”.

La EAPN tilda la caída del decreto ómnibus como un “grave retroceso en la protección del derecho a la vivienda, en un contexto de emergencia residencial ampliamente documentada”. Según su último informe sobre el estado de la pobreza, “la vivienda es hoy uno de los principales factores de empobrecimientoo en España”, con un “30% de las personas en situación de pobreza que destinan un porcentaje excesivo de sus ingresos” a estos gastos.

Más de un centenar de organizaciones y entidades han convocado para este miércoles una concentración frente al Congreso de los diputados para protestar ante el rechazo de la prórroga del escudo social y reclamar soluciones reales para miles de familias. “Una vez más, la derecha parlamentaria, representada por PP, Vox y Junts, se ha posicionado abiertamente del lado del rentismo, eligiendo reforzar el negocio de la patronal inmobiliaria en vez de ampliar medidas ante el mayor problema social de la población”, denuncian desde el Sindicato de Inquilinas.

La protesta ante el Congreso se replicará también en Barcelona ante la sede de Junts, a quien señalan las organizaciones, “teniendo en cuenta el especial contexto catalán, en el que se reactivarán más de 13.000 procesos de desahucio”, señalan desde el Observatori, que también apunta al Gobierno como “actor indispensable para que este decreto ley no salga adelante, al no conseguir los consensos”. El decreto, además, decae el mismo día que el Ejecutivo anuncia una línea de 300 millones de euros en avales para caseros y unos días después de que el presidente Pedro Sánchez anuncie una bonificación fiscal para aquellos propietarios que o suban los alquileres.

Iván acudirá a la manifestación en Barcelona, con la esperanza de que el proceso no se reactive de nuevo esta mañana. También con algo de ansiedad. “Hay mucho estrés. Intentas no tenerlo, pero el peso del posible desahucio ya está ahí”.