El Gobierno destina 300 millones para avales a caseros ante impagos del alquiler
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una línea de avales de 300 millones de euros para los propietarios de vivienda en alquiler. La dotación de esta medida, pactada con Junts hace casi un año, fue anunciada en el Congreso por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante su defensa del decreto ómnibus que incluye, entre otras medidas del escudo social, la moratoria antidesahucios, que ha decaído esta misma tarde por el voto en contra del propio Junts, PP y Vox, en una estrategia similar a la del hace doce meses.
“Somos conscientes desde el Gobierno de que quien alquila una vivienda, en ocasiones puede tener dudas o temores, muchas veces alimentadas por determinadas empresas o terminales mediáticas por intereses particulares”, señaló Bolaños, quien consideró que “esta situación no es buena para nadie”. “Queremos que todas las viviendas que puedan estar disponibles en forma de alquiler salgan al mercado y lo hagan a precios asequibles”, continuó el ministro, que anunció que la “novedosa línea de avales para pequeños arrendadores” anunciada en diciembre estará dotada con 300 millones de euros.
A falta de conocer la dotación, el Consejo de Ministros ya había aprobado en diciembre un real decreto para la regulación de una “cobertura ante eventuales impagos”, destinada a propietarios que alquilen sus viviendas a menores de 35 años y personas vulnerables, como un guiño a Junts. Entre los requisitos, los precios de esos alquileres no pueden superar el índice estatal de referencia.
La medida no era nueva. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en enero de 2025 la creación de un “sistema de garantías públicas que protejan tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en el alquiler asequible”. A finales de ese mes, y fruto de un acuerdo con Junts para prorrogar un año más el escudo social, que la formación catalana había tumbado previamente, como ha hecho de nuevo este mismo martes, se anunció que ese aval sería gestionado por las comunidades autónomas.
Junts votó entonces a favor del decreto ómnibus que ahora vuelve a estar en duda pero el sistema de avales no avanzó más hasta que el pasado mes de diciembre el propio Sánchez asumió “los incumplimientos y los retrasos” que denunciaban los de Puigdemont, que elevó la tensión sobre el Gobierno con el anuncio de su 'no' a las leyes que se estaban tramitando en el Congreso.
Entre las medidas que el presidente se comprometió a reactivar se encontraba, precisamente, este aval para proteger a los propietarios de posibles impagos por parte de sus inquilinos, para lo que el Ejecutivo destinará un total de 300 millones de euros. Se trata, por ejemplo, de un 50% más de presupuesto que los 200 millones de euros que el Ministerio de Vivienda activó para dotar el Bono Alquiler Joven.
Al margen de estos 300 millones de euros en avales, Bolaños ha avanzado que el “compromiso don los ciudadanos que alquilan su vivienda no termina aquí”. El Ejecutivo estaría estudiando “fórmulas para ampliar y mejorar este mecanismo de protección a los arrendadores” porque “no hay excusas para dejar una vivienda vacía cuando en ella podría estar viviendo una familia”.
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