El Gobierno aprueba los avales para propietarios de vivienda ante impagos de alquiler

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para poner en marcha el sistema de avales para propietarios de vivienda en alquiler, ante “eventuales impagos de rentas” por parte de los inquilinos. Esta medida, anunciada por Pedro Sánchez en enero, es uno de los “incumplimientos y los retrasos” con Junts, reconocidos por el presidente y con los que el Gobierno quiere ponerse al día tras la ruptura de relaciones de los de Puigdemont con el Ejecutivo. Con este real decreto, ha dicho la ministra portavoz Pilar Alegría, se da “un paso más para seguir facilitando el acceso a la vivienda en nuestro país”.

Sánchez anunció la creación de un “sistema de garantías públicas que protejan tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en el alquiler asequible” en un acto a mediados de enero. A finales de ese mes, y fruto del acuerdo con Junts para prorrogar el escudo social, que la formación catalana había tumbado previamente, se anunció que sería gestionado por las comunidades autónomas.

Con esta medida, todavía sin dotación presupuestaria conocida, que se conocerá “en próximas fechas”, el Gobierno quiere “facilitar el acceso a la vivienda de determinados colectivos, como los jóvenes y las personas vulnerables”. Para ello, ha puesto varios requisitos, destinados a que los propietarios que quieran beneficiarse de este aval público bajen los precios. El principal: que los alquileres no superen el índice estatal de referencia, que marca el Ministerio de Vivienda y que se aplica para controlar los precios en las zonas declaradas tensionadas.

Este indicador se obtiene a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de los Institutos de Estadística de Euskadi y Navarra, relativa a la declaración del IRPF de viviendas en arrendamiento, y trata de establecer los precios reales del alquiler, al margen de los de oferta que publican portales inmobiliarios como Idealista. Aunque el precio de referencia se obtiene para cada inmueble concreto, en función de la ubicación y el tamaño, el Ministerio publica un mapa con una estimación de los importes. Por ejemplo, el precio mediano del alquiler declarado en el municipio de Madrid ronda los 950 euros; en Barcelona, los 1.008; en Málaga, los 666; en Sevilla, los 641; en Coruña, los 500; y en Palma, los 750.

Con este requisito, el Ejecutivo busca que los rentistas no suban los precios allí donde no están obligados a limitarlos porque las comunidades autónomas, principalmente las del PP, se niegan a declarar zonas tensionadas. No obstante, serán estas las que gestionen el aval, para lo que el Gobierno transferirá fondos finalistas, que no podrán dedicarse a otros usos. Una vez en marcha, la cobertura cubrirá los “eventurales impagos y daños generados en los contratos vigentes a 30 de enero de 2025”.

Como se había anunciado ya hace once meses, el aval cubrirá eventuales impagos, desperfectos en la vivienda o deudas de suministros de inquilinos menores de 35 años o personas vulnerables, según lo que establezca cada comunidad autónoma. Además, los propietarios deberán depositar la fianza legal obligatoria y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Las comunidades autónomas, por su parte, tendrán que remitir semestralmente información sobre las coberturas aplicadas al Ministerio de Vivienda.