Las dos investigaciones internas del CNIO identificaron la misma trama y acabaron con la salida de los denunciantes

Cuando los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se personaron en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) el pasado mes de diciembre, no lo hacían para realizar un registro por sorpresa. La Policía acudía para recoger documentos de manos del nuevo gerente, José Manuel Bernabé, que empezaba a descubrir los detalles de una trama interna de la que nadie le había advertido. Se adentraba así en un proceso lleno de trampas del que le llevó a presentar su renuncia a principios de febrero, antes de que una denuncia por acoso forzara su salida. 

Las irregularidades que este directivo describió en hasta cinco denuncias ante la UDEF coinciden y profundizan en las que ya había puesto ante la Fiscalía Anticorrupción un ex alto cargo del centro en junio de 2025, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. En sus informes, ambos señalaron el “riesgo de interferencia” de Juan Arroyo, el exgerente señalado como responsable de la presunta trama, que permaneció en su cargo de vicepresidente de Asuntos Económicos del CNIO hasta noviembre de 2025, a pesar de que se había anunciado su salida en enero de ese año. Las dos personas que examinaron con detalle la trama terminaron fuera del centro por denuncias internas.

Sobrecostes millonarios

En el breve periodo entre septiembre de 2025 y su salida a finales de febrero, Bernabé tuvo tiempo de recopilar documentación y reportar a la UDEF graves irregularidades en el área de mantenimiento debido al pago por trabajadores que no estaban prestando servicio y un sobrecoste millonario aún mayor que el que figuraba en la denuncia ante la Fiscalía. Este desfalco se habría producido, según su informe, a través de un entramado de sociedades con sede en Arroyomolinos, que acapararon adjudicaciones por valor de 11,9 millones de euros, y un segundo bloque de empresas vinculadas a dos ciudadanos de origen ucraniano que se llevaron otros 9,2 millones de euros.

Bernabé ordenó un recuento sorpresa el 22 de enero de 2026 y levantó acta: de los 26 trabajadores que una de las empresas debía tener en las instalaciones por contrato, solo había 11 presencialmente en el CNIO. El propio encargado de la empresa admitió que los cuadrantes “ya se elaboran con menos personal del exigido”, acreditando un incumplimiento estructural. La Policía también recibió la denuncia de que una persona de mantenimiento del centro —al que los trabajadores se referían como “el mayordomo”— acudía semanalmente al domicilio particular de Juan Arroyo para realizar labores particulares y que cada miércoles le llevaba un bidón de gasoil propiedad del CNIO.

Fragmentación y ofertas falsas

Bernabé documentó el mismo modus operandi en la contratación que había descrito el exdirector de Operaciones del CNIO ante la Fiscalía: el uso masivo de contratos menores, para ajustarse al límite legal, así como la simulación de competencia mediante “ofertas de acompañamiento” (empresas de la misma trama presentando ofertas falsas más caras para que gane la empresa deseada). El gerente saliente también denunció la creación a medida de un puesto de secretaria de alta dirección para Laura Muñoz, la asistente y mano derecha de Juan Arroyo, por un sueldo de 69.729 € anuales, así como un correo en el que el jefe de personal contaba que ella misma diseñó el perfil por indicación del ex gerente. 

Laura Muñoz es la trabajadora que puso una queja ante el departamento de Recursos Humanos por supuesto acoso que precipitó la salida de Bernabé del centro (lo hizo el día después de que este pidiera su despido, el de Arroyo y el de José Ignacio Fernández Vera). En su escrito, la secretaria denunciaba un trato excesivamente personal del gerente, que según ella le enviaba información íntima a través de WhatsApp. Hasta abril de 2025, esta colaboradora estrecha de Arroyo estuvo contratada por Gedosol SL, que consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción como una empresa “satélite” en la que se externalizaba fraudulentamente a personal estructural del centro.  

Las paredes oyen

Como en el caso del denunciante anterior, en el informe presentado ante la UDEF Bernabé advertía sobre el conflicto que suponía la presencia de Arroyo como vicedirector de Asuntos Económicos, con funciones estrechamente relacionadas con la contabilidad y gestión económica del centro. Esto generaba un riesgo evidente de interferencia, porque el resto del equipo económico-financiero seguía siendo el mismo que cuando se habrían producido los hechos que el nuevo gerente estaba investigando. Entre septiembre y noviembre, además, Bernabé estaba tratando de aclarar lo sucedido con Arroyo todavía en el propio centro.

En sus escritos Bernabé deja constancia de que podía ser objeto de espionaje por parte de los denunciados y tuvo que buscar formas seguras de recopilar información y proteger sus comunicaciones. Los informes que tiene la UDEF en su poder relatan cómo Gedosol controlaba los ordenadores, el correo y la ciberseguridad, y Zeus SL (fundada por un exdirector técnico del CNIO) controlaba todo el sistema SAP (el sistema de contabilidad interna). Esto, aseguran los denunciantes, les daba acceso pleno a toda la información financiera, presupuestaria, de recursos humanos y de compras, permitiendo modular la transparencia e impedir auditorías. A todo ello, según la denuncia ante la Fiscalía, se unían las represalias hacia los trabajadores que denunciaban irregularidades, además del uso de denuncias internas en el comité de acoso para silenciar a los críticos, según relatan varias fuentes.

El exdirector de Operaciones del centro, que presentó en el verano de 2025 una denuncia de más de 120 páginas ante la Fiscalía Anticorrupción tras documentar un presunto desfalco de hasta 25 millones de euros en contratos inflados o ficticios, también fue despedido en agosto de ese mismo año en lo que denunció como una represalia por haber destapado las irregularidades. La acusación que se utilizó para justificar el despido estaba relacionada con supuestas negligencias en la gestión de contratos que habrían puesto “en peligro la integridad económica y física” de instalaciones clave, algo que él niega. Fuentes del Ministerio de Ciencia también insinuaron que el exdirectivo estaba molesto por no haber sido elegido para el puesto de gerente cuando se produjo el relevo en la cúpula del centro.

Antes de esas investigaciones internas, ya existían avisos formales sobre posibles irregularidades en el CNIO. En 2018, la presidenta del comité de empresa, Ana Isabel Hernández, presentó una denuncia ante un juzgado en la que alertaba de posibles anomalías en la gestión económica y en determinados contratos del centro. Paralelamente, un informe del Tribunal de Cuentas había señalado deficiencias relevantes en los procedimientos de contratación y control interno, apuntando riesgos de irregularidades en la adjudicación y supervisión de servicios. Ana Isabel Hernández también denunció haber recibido presiones y amenazas tras presentar su denuncia, aunque aquellas reclamaciones iniciales ante la justicia no prosperaron.

Pasividad inexplicable

La salida de Bernabé en la gerencia se produjo tras la pasividad del patronato y del Ministerio de Ciencia a la hora de sacar al exgerente Juan Arroyo del CNIO, lo que permitió a los investigados mantener su capacidad para interferir en las pesquisas sobre la presunta trama que lleva años instalada en el centro. La salida del gerente ha conducido a un bloqueo de la gestión del centro, ya que el patronato ha decidido no renovar a múltiples trabajadores de Gedosol SL que cumplen tareas esenciales, como las secretarias de departamento.

Ante esta situación crítica, el máximo órgano de gobierno del CNIO, presidido por la secretaria general de Ciencia, Eva Ortega Paíno, se reunió el pasado lunes sin comunicar ninguna medida concreta. Tuvo que ser el actual director científico del centro, Fernando Peláez, el que informara a los trabajadores que el patronato ha decidido darle poder de firma, lo que permitirá mantener con normalidad las tareas administrativas cotidianas, y que se va a iniciar el proceso de selección de un nuevo director gerente. 

Unos días antes, buena parte de la plantilla salió en defensa de Bernabé tras su salida con una carta abierta, al considerar que las informaciones que causaron su cese forman parte de “una campaña de desprestigio orquestada”, dirigida a minar la reputación de la persona que estaba destapando la corrupción del anterior gestor. El lunes la situación era tan insostenible que prácticamente toda la plantilla, unos 400 trabajadores del CNIO, firmó otra carta pidiendo al patronato “una reestructuración de calado” de todo el sistema de gestión y administración. También pidieron que no se nombre a una sola persona para liderar esta limpieza del control como pasó con Bernabé, sino que se incorpore “un equipo de gestión de su confianza con el que reconducir esta situación”. No quieren que el sustituto de Bernabé vuelva a estar “solo ante el peligro”.

Consultado por este diario, el exgerente Juan Arroyo ha preferido no pronunciarse, puesto que no conoce los términos del informe de Bernabé. Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades subrayan que tanto la directora científica (María Blasco) como el director gerente (Arroyo), permanecieron en el centro en los puestos que tenían antes tras la decisión de cesarlos en enero de 2025. Tampoco han querido detallar la información que le dieron a José Manuel Bernabé al tomar posesión de su cargo, solo que se le encargó recabar toda la información necesaria para conocer la situación del centro.