Si preguntamos en nuestro entorno más cercano qué se entiende por vivir dignamente es muy probable que las respuestas sean tantas como personas consultadas. La mayoría de ellas, sin embargo, tendrían elementos comunes: sentir satisfacción personal, tener autonomía económica, convivir como seres humanos. Quien más, quien menos, ha hecho de su forma de vida un espacio en el que coinciden cierto confort, niveles de relativa confianza y respeto a su alrededor. ¿En cualquier vida? No. Cualquiera de estas respuestas tan normales en nuestro pequeño mundo alcanza otra dimensión, se convierte en logro inalcanzable si quienes responden son personas migrantes.

El drama diario del Mediterráneo parece tener un breve y feliz capítulo con la solución aportada por España al caso Aquarius. Sami Naïr, un renacentista del siglo XXI, lo recordaba en un artículo reciente, mezcla de satisfacción por la respuesta española y de recordatorio a una Europa que está empeñada en suspender la asignatura de derechos humamos desde hace varios años. El gesto del Gobierno español no es la solución, es sólo una llamada a la decencia europea frente al auge de la indiferencia generalizada. Debe traducirse en una propuesta de acción que, desde España, retome la política común europea en materia de inmigración de modo ofensivo y no solo defensivo como se ha hecho hasta ahora ['Por fin, la voz de España'. El País, 16/06/2018]. Y añadía, además, que estos gestos simbólicos se perderán en el vacío si no provocan una verdadera catarsis mental entre la ciudadanía europea.

“Si el plan 'A' no funciona, recuerda que el abecedario tiene 26 letras más”

Puede sonar un tanto extemporáneo pretender hablar de educación cuando el país está aún inmerso en asimilar la importancia de los acontecimientos transcurridos recientemente en la capital madrileña. En una semana –dicho a 'grosso modo'- hemos pasado de la indignación/satisfacción tras el conocimiento de la sentencia del caso Gurtel a la incredulidad por la rapidez del cambio del presidente del Gobierno de  España. Medio país clamando porque tal hecho se produjera desde hace años y, en cuestión de horas, una moción de censura contra Rajoy, aparentemente inocua,  termina consiguiéndolo.

No soy creyente de los designios del destino ni de soluciones religiosas, así que me decanto porque, como se ha recordado recientemente, las mareas verdes, blancas, las movilizaciones feministas, las continuadas reclamaciones por unas pensiones dignas, y los plantes de profesionales de RTVE, entre otras, han servido para aumentar el clima de indignación del país; han contribuido al viraje de ciento ochenta grados que necesitaban algunos grupos parlamentarios, reacios inicialmente a apoyar al candidato Sánchez.

El pasado lunes, 14 de mayo, cuatro de los cinco sindicatos de enseñanza pública vasca firmaron un acuerdo de mejora de las condiciones laborales, tras seis años de sequía negociadora. Que algo más de tres de cada cuatro profesionales del sector (según los resultados de las últimas elecciones sindicales) avalen el documento final presentado por la Administración indica dos cuestiones, a vuela pluma.

La primera, que el aumento en la frecuencia negociadora (en Mesas Sectoriales y en reuniones bilaterales) reflejaba el deseo de ambas partes –la sindical y la Consejería- de aprovechar la primera ocasión en que había contenido sobre la mesa y de explorar el horizonte final al que pretendía llegar la Administración. En este sentido, es importante recordar tiempos lejanos más aciagos en los  que los sindicatos eran acusados de no persistir en el diálogo y de "refugiarse" tras las distintas y variadas movilizaciones emprendidas. Se oyeron comentarios malintencionados sobre el profesorado -que el Gobierno no sólo no censuró, sino que incluso propició-, al que se acusó de colectivo privilegiado (el Sr. Erkoreka, sin ir más lejos) y sobre los propios sindicatos, a quienes se afeó la conducta de utilizar la movilización como estrategia, por el desamparo en que quedaba el alumnado implicado (la Sra. Uriarte).

Es de suponer que ante la atención mediática de la última semana a la disolución de la banda terrorista ETA, miles de hogares vascos habrán entablado un diálogo en torno a este tema. Probablemente, en la mayoría de ellos la conversación habrá girado sobre preguntas elementales que se hacen los adolescentes acerca de un hecho supuestamente transcendente, pero desconocido por la mayoría. Así parece certificarlo un estudio de la Universidad de Deusto, del pasado año, organizado por el Gobierno Vasco y que concluía con la preocupante cifra de que el 47 % de la juventud universitaria vasca desconocía hechos como el atentado de Hipercor en Barcelona o la bomba contra la T4 de Barajas y no reconocía a personas como Miguel Ángel Blanco, Ernest Lluch o Santiago Brouard, por citar distintos ejemplos. (¿Dónde estábamos los y las educadores vascas en esos años?)

Continuando con esa conversación, en la mitad de esos hogares y ante las inocentes preguntas  recibidas, madres y padres se habrán sorprendido de que en la escuela o instituto  no les hayan hablado de ello aún. Aparecerán entonces dos posibles actuaciones. Algunos/as, molestos/as por tener que iniciar una exposición dura que intuyen hacia dónde les puede llevar, optarán por desviar la atención y devolverán la cuestión a la casilla de salida, la escuela. “¿Pero es que nadie te ha hablado aún de ´esto´? ¿Y qué esperan, que lo hagamos nosotros/as?”

Es lugar común entre las y los profesionales de la educación pensar en la escuela como el espacio en el que la equidad adquiere su mejor expresión. La mayoría se siente representada en esa definición que explica el término en clave de ofrecer a cada cual lo que se merece, en función de sus méritos o condiciones, sin condicionantes previos. No se nos escapa, sin embargo, que hay también una minoría docente que, aunque lo acepte como máxima políticamente correcta, sigue creyendo que no es la más adecuada para formar a ese alumnado excelente, que queda desperdiciado con esta manera de educar. Esta opinión, por lo general, está ampliamente representada en los centros privados no concertados, aunque cuenta con adeptos/as silenciosos/as en cualquier rama y nivel educativo.

Probablemente, si atendiésemos al segundo significado del término equidad, la aceptación fuese más amplia: “cualidad que consiste en no favorecer en el trato –en la educación, sería nuestro caso- a una persona perjudicando a otra”. Casi con toda seguridad se podría afirmar que ninguna persona docente pretende formar a su alumnado bajo la premisa del perjuicio, sino en la búsqueda de la mejora continua. El problema es que con la inequidad –aunque sea inconsciente- estamos dejando apartada a una parte importante de la población infantil y juvenil de nuestro país.

Parece que se clarifica el futuro de la LOMCE, la ley educativa en vigor más contestada de cuantas se han creado en España desde la llegada de la democracia. Recientemente, el Pleno del Tribunal Constitucional desestimaba el recurso interpuesto por el PSOE sobre la posible inconstitucionalidad de la ley en base a cuatro aspectos: la concertación pública a centros privados que discriminan por razón de sexo, la valoración académica de la asignatura de Religión, la pérdida de presencia de las familias en los consejos escolares y la pronta separación por itinerarios formativos en la ESO.

Pues bien, victoria rotunda: 4-0. Todos y cada uno de los apartados incluidos en el recurso han sido desestimados por la mayoría que otorgan ocho votos a favor sobre los de cuatro magistrados/as que han decidido presentar voto particular. No ha habido partido –que diría el cariacontecido hincha, lamiéndose las heridas de la derrota-. Es lo que suele ocurrir cuando se enfrentan en el mismo espacio dos tendencias con fuerzas tan dispares, diseñadas a través de decisiones partidistas que otorgan mayorías amplias al bloque favorecido por el gobierno de la Nación, en este caso el flanco conservador del TC.

Suele ser complicado reducir el optimismo habitual que acompaña a quienes trabajamos en el ámbito de la educación. No somos personas que se desanimen fácilmente y encontramos constantes alivios en situaciones intrascendentes: el saludo matinal de nuestros vecinos/as, un rayo de sol tras una noche tormentosa, la sonrisa inocente de cualquier alumno/a. Quizás sea consecuencia de valorar que una botella medio llena quita casi siempre la sed, sin recordar lo que le falta de líquido. Buscamos, en fin, razones que mitiguen los altibajos propios de una profesión en continua presencia social.

Pero, si hay algo que altere estas inyecciones diarias de bonhomía son las noticias que sin tener como protagonista principal la Educación, empiezan salpicándola y terminan convirtiéndola en el elemento más perjudicado de la trama. Acaba de ocurrir en esta última quincena, con asuntos que (todo parece indicar) colearán durante largo tiempo aún.

¿Cómo no reaccionamos ante los problemas medioambientales? ¿Por qué seguimos sin actuar, pese a saber que es el principal problema actual del mundo y que sus consecuencias están siendo devastadoras en numerosos países menos desarrollados? ¿Cuántas veces tendremos que ver que marcamos récord históricos de jornadas gélidas en invierno y asfixiantes en verano, con lluvias torrenciales que anegan terrenos y sequías inacabables para convencernos del cambio climático al que estamos asistiendo? ¿Qué pensamos cuando Greenpeace nos advierte de que aún en 2016, España utilizaba el 85% de su energía proveniente de combustibles fósiles y nucleares, las más contaminantes de las conocidas? ¿Por qué dejamos solas a unos cientos de personas que protestaron ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en tiempos del ministro J.M. Soria, tras el freno impuesto a la introducción de energías limpias para no obstaculizar el beneficio de las empresas energéticas tradicionales? ¿Dónde estábamos entonces? ¿Dónde estamos ahora? Si está en nuestras manos ¿por qué no exigimos al Gobierno de turno que legisle ya  contra el cambio climático?

¿Cómo no reaccionamos ante los problemas sociales que causa la violencia de género? Si quedamos tan impresionados/as por el éxito de las marchas del 8M, ¿cómo se explica que el Gobierno del PP, en los Presupuestos Generales para el año 2018, sólo proponga invertir en medidas correctoras 80 millones euros de los 200 comprometidos en el Pacto contra la violencia de género, aprobado por una rarísima unanimidad en el Congreso? ¿Quizás es que hubo quien lo aprobó sabiendo que nunca se implantaría plenamente? ¿Y sobre la brecha salarial, 'trending topic' por unas horas en la fecha señalada? ¿Cuántas noticias hemos visto en los medios que hablen de empresas que hayan revisado sus políticas retributivas por cuestión de género? ¿Estará la reciente reunión de Rajoy con las 'kellys' (camareras de hoteles) en esta sintonía? Según las estadísticas oficiales, el año 2017 conoció la muerte violenta de 49 mujeres por violencia machista.