Han sido varias las ocasiones en las que desde este mismo espacio se ha tratado la segregación escolar en Euskadi; si la memoria no falla, las dos últimas, durante el pasado curso escolar. No me tengo por ingenuo y tras poner el punto final en  cada uno de los artículos, sabía que el tema no quedaba cerrado y que más pronto que tarde debería volver sobre él. Lo que desconocía era la inmediatez con la que me encontraría de nuevo pensando sobre la falta de oportunidades, el poder adquisitivo de las familias y de los argumentos que utiliza la administración educativa para justificar su falta de solución en el asunto.

Pues bien, la decisión adoptada por el Gobierno Vasco con su valoración negativa a que la Iniciativa Legislativa Popular Eskola Inklusiboa, que había llegado a la Cámara vasca, pueda ser tramitada como ley es la nueva oportunidad para seguir denunciando la situación de desequilibrio entre redes educativas. Les refresco la memoria por si han perdido algún dato durante el periodo vacacional.

Decía Churchill que la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre; con excepción de todos los demás. No voy a ser yo el que contradiga al orondo político británico y menos con la que está cayendo en países con este sitema asentado durante décadas y en otros como el nuestro con menor cultura política participativa. En sentido amplio -y sin ninguna intención de entrar en disquisiciones filosóficas sobre las características que debe reunir una sociedad democrática- podría aceptarse que es una forma de convivencia social en la que sus miembros son libres e iguales y establecen entre sí mecanismos contractuales que condicionan las relaciones sociales de una comunidad.

Estamos tan acostumbrados a que los agentes activos de la democracia sean los partidos políticos, que nos marquen cambios, tendencias, propuestas y desilusiones en el ágora público que llegamos a olvidar a otras instituciones socializadoras que también contribuyen a enriquecer o empobrecer este concepto politíco. Entre ellas está la educación.

Son varias las ocasiones en las que el ser humano se encuentra satisfecho con el grado de avance que la sociedad va consiguiendo, siempre con costoso esfuerzo; el nuevo descubrimiento médico contra una enfermedad que parecía invencible, la mejora en la comunicación que  acerca a familias separadas por miles de kilómetros, aquel tratado de paz que cierra un conflicto bélico nunca deseado por la mayoría de las población son algunos ejemplos escogidos sin demasiada reflexión.

En otros momentos, sin embargo, nos inunda el desánimo ante lo que consideramos retrocesos inaceptables para la condición humana en pleno siglo XXI: el avance de la xenofobia, la persistencia del maltrato humano y animal, la inagotable avaricia de las mayores riquezas y su perseverancia o las luchas partidistas –en ocasiones fratricidas- por alcanzar el poder político en una comunidad. En estos casos nos avergonzamos de nuestra propia especie y optamos por buscar argumentos que nos diferencien de ellos/as o por recluirnos en una cueva hasta que la razón y la luz acaben imponiéndose y podamos volver a sonreír.

Se acabó el verano y con él –confío- las incertidumbres que me han provocado alguna de las lecturas realizadas. Intentaré explicarme con un cierto orden escasamente cronológico.

A punto de hacer las maletas que nos devolverían a la rutina urbana, ojeé en una librería el último trabajo publicado por el joven historiador israelí  Yuval Noah Harari  quien, con solo dos obras  (Sapiens y Homo Deus), ha causado un profundo impacto en los medios sociales. Su tercer libro comienza con la siguiente afirmación: “En un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder” ('21 soluciones para el siglo XXI'. Debate, 2018).

Ortega y Gasset dijo una vez que cuando encontramos a un hombre o a una mujer, o cuando leemos un libro, solo nos interesa conocer su balance vital.  Si interpreto correctamente sus palabras, el filósofo del realismo radical apuesta por un saber continuado para poder posicionarse frente a cualquier cuestión; se necesita conocer las circunstancias de ser una persona para poder opinar con autoridad.

Parece una forma culta de decirnos que nos movemos en la mayoría de las ocasiones por decisiones banales, amplias, que no nos ayudan a tener un criterio razonado sobre el que mostrar una opinión. Actuamos así, en la oportunidad de realizar un juicio rápido, ágil  para tener una primera impresión del libro leído o de la persona conocida y desdeñamos investigar, conocer más circunstancias que nos ayuden a definirnos de forma más precisa.

Si preguntamos en nuestro entorno más cercano qué se entiende por vivir dignamente es muy probable que las respuestas sean tantas como personas consultadas. La mayoría de ellas, sin embargo, tendrían elementos comunes: sentir satisfacción personal, tener autonomía económica, convivir como seres humanos. Quien más, quien menos, ha hecho de su forma de vida un espacio en el que coinciden cierto confort, niveles de relativa confianza y respeto a su alrededor. ¿En cualquier vida? No. Cualquiera de estas respuestas tan normales en nuestro pequeño mundo alcanza otra dimensión, se convierte en logro inalcanzable si quienes responden son personas migrantes.

El drama diario del Mediterráneo parece tener un breve y feliz capítulo con la solución aportada por España al caso Aquarius. Sami Naïr, un renacentista del siglo XXI, lo recordaba en un artículo reciente, mezcla de satisfacción por la respuesta española y de recordatorio a una Europa que está empeñada en suspender la asignatura de derechos humamos desde hace varios años. El gesto del Gobierno español no es la solución, es sólo una llamada a la decencia europea frente al auge de la indiferencia generalizada. Debe traducirse en una propuesta de acción que, desde España, retome la política común europea en materia de inmigración de modo ofensivo y no solo defensivo como se ha hecho hasta ahora ['Por fin, la voz de España'. El País, 16/06/2018]. Y añadía, además, que estos gestos simbólicos se perderán en el vacío si no provocan una verdadera catarsis mental entre la ciudadanía europea.

“Si el plan 'A' no funciona, recuerda que el abecedario tiene 26 letras más”

Puede sonar un tanto extemporáneo pretender hablar de educación cuando el país está aún inmerso en asimilar la importancia de los acontecimientos transcurridos recientemente en la capital madrileña. En una semana –dicho a 'grosso modo'- hemos pasado de la indignación/satisfacción tras el conocimiento de la sentencia del caso Gurtel a la incredulidad por la rapidez del cambio del presidente del Gobierno de  España. Medio país clamando porque tal hecho se produjera desde hace años y, en cuestión de horas, una moción de censura contra Rajoy, aparentemente inocua,  termina consiguiéndolo.

No soy creyente de los designios del destino ni de soluciones religiosas, así que me decanto porque, como se ha recordado recientemente, las mareas verdes, blancas, las movilizaciones feministas, las continuadas reclamaciones por unas pensiones dignas, y los plantes de profesionales de RTVE, entre otras, han servido para aumentar el clima de indignación del país; han contribuido al viraje de ciento ochenta grados que necesitaban algunos grupos parlamentarios, reacios inicialmente a apoyar al candidato Sánchez.

El pasado lunes, 14 de mayo, cuatro de los cinco sindicatos de enseñanza pública vasca firmaron un acuerdo de mejora de las condiciones laborales, tras seis años de sequía negociadora. Que algo más de tres de cada cuatro profesionales del sector (según los resultados de las últimas elecciones sindicales) avalen el documento final presentado por la Administración indica dos cuestiones, a vuela pluma.

La primera, que el aumento en la frecuencia negociadora (en Mesas Sectoriales y en reuniones bilaterales) reflejaba el deseo de ambas partes –la sindical y la Consejería- de aprovechar la primera ocasión en que había contenido sobre la mesa y de explorar el horizonte final al que pretendía llegar la Administración. En este sentido, es importante recordar tiempos lejanos más aciagos en los  que los sindicatos eran acusados de no persistir en el diálogo y de "refugiarse" tras las distintas y variadas movilizaciones emprendidas. Se oyeron comentarios malintencionados sobre el profesorado -que el Gobierno no sólo no censuró, sino que incluso propició-, al que se acusó de colectivo privilegiado (el Sr. Erkoreka, sin ir más lejos) y sobre los propios sindicatos, a quienes se afeó la conducta de utilizar la movilización como estrategia, por el desamparo en que quedaba el alumnado implicado (la Sra. Uriarte).