La brigada política del PP reclamó 300.000 euros para el autor del bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en el Caribe

La cloaca policial que actuó a las órdenes del Gobierno de Mariano Rajoy intentó recaudar 300.000 euros para el ciudadano venezolano que fabricó un bulo contra Pablo Iglesias, y que fue filtrado a cinco semanas de las elecciones generales de 2016. La Unidad de Asuntos Internos ha descubierto que uno de los miembros destacados de la brigada política del PP habló por WhatsApp con el presunto jefe de una organización de estafadores acerca del dinero que debía recibir Carlos Alberto Arias, presunto autor del documento que atribuía falsamente a Iglesias una cuenta bancaria en un paraíso fiscal del Caribe.

El informe de Asuntos Internos ha sido entregado al Juzgado que investiga a los miembros de una organización acusados de extorsionar a jerarcas venezolanos en España. Al frente de la delegación española de esta organización estaría Alberto Galán Fereres, ‘Avi’, un ex militar israelí que opera en el mundo de la seguridad y la inteligencia. 

El 3 de mayo de 2016, en plena ofensiva de la brigada política del PP contra Podemos, Alberto Galán intercambió unos mensajes de WhatsApp con el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, destinado entonces en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. El agente revela a Galán que sus clientes venezolanos “tienen una roja”, en alusión a una orden de detención dictada por Interpol. 

Asuntos Internos cree que la organización de Galán convencía a los venezolanos de que tenían unos problemas que luego ellos mismos se ofrecían a resolver a cambio de elevadas sumas de dinero. Los exministros venezolanos Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos contrataron los servicios del grupo de Galán para evitar ser extraditados a Estados Unidos y recibir protección en España.

El inspector jefe Díez Sevillano sabía de la extorsión de Galán y su grupo a los exministros de Hugo Chávez, pero no es algo que pareciera preocuparle. “Para vosotros, mejor. A más presión más dinero”, escribe el miembro de la cloaca policial del PP. En un momento dado, Alberto Galán escribe: “Por cierto, hablando de dinero, ¿los 300.000 euros que pediste tú?”. Y Díez Sevillano contesta: “Sin problema en ese aspecto. Yo jamás aceptaré un euro para mí. No te preocupes por eso”.

Asuntos Internos llega a la conclusión de que el dinero que pide el inspector jefe es para Carlos Alberto Arias. Se basa en otro documento incorporado a la operación Caranjuez, como se bautizó al caso contra el grupo de presuntos extorsionadores que investiga el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid. A Alberto Galán se le encontró un documento llamado “Carta ministro”. Es un escrito que habría redactado Martín Rodil, el jefe de Galán que opera desde Estados Unidos. Martín Rodil es un abogado, lobista y colaborador de la DEA. 

Alberto Galán escribió un correo electrónico al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, entonces alto cargo del Ministerio del Interior. “Hola, Diego. Martín está valorando mandar esta carta, aquí está un primer borrador”, escribe el acusado de liderar el grupo de extorsionadores. A continuación pide al coronel de la Guardia Civil su “opinión y valoración”.

En la carta, Martín Rodil expone al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, “la insólita situación creada con el personal adscrito al DAO del CNP (Cuerpo Nacional de Policía)”. A continuación, Martín Rodil “pormenoriza” la situación. 

Pérez de los Cobos asegura a elDiario.es que no recuerda aquella carta aunque sí que conoce a 'Avi' por su participación en cursos de formación sobre terrorismo yihadista a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El coronel Pérez de los Cobos, ya jubilado, explica que Alberto Galán Fereres era “muy reconocido” en los ámbitos policiales por sus conocimientos del fenómeno yihadista y que hace años que no tiene trato con él.

El atestado de Asuntos Internos recoge: “Bonifacio Díez, en presencia de otros testigos, solicitó 300.000 euros al propio Rodil para la financiación de una fuente venezolana que controla Bonifacio en Madrid, puntualizando que la persona en concreto se trataría del señor Arias. Seguidamente, relata en su escrito que tras esta petición, al entender que se trata de un procedimiento irregular, decide cortar cualquier tipo de comunicación con el citado Díez”.

'Boni', en toda las maniobras parapoliciales

El nombre de Bonifacio Díez Sevillano, 'Boni', aparece en todos los episodios de la guerra sucia contra la oposición que desarrolló el último Gobierno del PP. Fue juzgado, y absuelto, por intentar introducir información comprada en el caso contra los Pujol. Su jefe, el DAO Eugenio Pino, fue condenado en el mismo procedimiento. Díez Sevillano se sentará en el banquillo de los acusados por el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. Y está imputado por las maniobras contra Podemos. 

Por su parte, Martín Rodil tiene una aparición estelar en uno de los episodios contra el partido de Pablo Iglesias que investiga la Audiencia Nacional. Es el abogado que acompaña al exministro chavista Rafael Isea en la reunión con policías españoles en el Consulado de Nueva York. La reunión donde otro destacado miembro de la brigada política intenta conseguir de Isea una declaración contra Podemos alegando que no deben llegar al Gobierno de España y que él viaja a ese encuentro con un “mandato” del presidente Rajoy. 

Ambos jerarcas son investigados también en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y otros delitos relacionados con fondos obtenidos en su país de origen. El grupo de abogados y exagentes de las Fuerzas de Seguridad que contrataron estos exministros les condujeron hasta la Dirección Operativa de la Policía, donde se les ofreció protección y permisos de residencia a cambio de información contra Podemos.

El venezolano que iría a recibir los 300.000 euros es Carlos Alberto Arias. Este individuo reconoció ante notario que los documentos sobre la cuenta de Iglesias Granadinas, que publicó OkDiario el 6 de mayo de 2016, procedían del “Servicio Cubano G2” y del “Gobierno Bolivariano de Venezuela” y que eran “auténticos y veraces”. 

“He sido yo quien se los facilitó a la Policía española que luego los que se facilitó a OkDiario”, quedó escrito (errata incluida) en su declaración ante notario. En realidad el documento era un montaje con Photoshop, basado en capturas de un vídeo de Youtube de una periodista venezolana radicada en Miami, como acreditó elDiario.es a las pocas horas. 

OkDiario publicó el siguiente titular: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. Ese mismo día, la entidad en cuestión, Europacific Bank Limited, hizo público un comunicado en el que aseguraba que “nunca ha mantenido una cuenta para esta persona ni ha recibido una transferencia bancaria de ninguna de las instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo”. 

El juez de la causa sobre la guerra sucia a Podemos, Santiago Pedraz, citó al venezolano Arias a declarar en la Audiencia Nacional, pero no fue posible localizarle. Tampoco se presentó a declarar el entonces comisario general de Extranjería y Documentación, Emilio Baos, aduciendo problemas de salud. Arias, a cambio del bulo contra Iglesias, fue beneficiado con un permiso de residencia en España “por razones excepcionales”. 

En la causa consta acreditado que el Ministerio del Interior se implicó al máximo nivel en la operación del bulo contra Iglesias y Podemos. En la causa consta como el número dos del Ministerio, Francisco Martínez, y el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, ambos imputados en la causa sobre Podemos, abordan por WhatsApp el asunto: “Hay que hacer mucho ruido en los periódicos”.

A petición de la representación legal de Podemos, el juez Santiago Pedraz ha acordado incorporar el informe de Asuntos Internos del caso Caranjuez a la causa sobre la guerra sucia contra el partido. También ha acordado que presten declaración como testigo, el ex militar israelí Alberto Galán y el policía que firma el informe de Asuntos Internos.