La maniobra de la brigada política del PP contra Podemos: “La persona que nos trae el documento me produce vértigo”
La grabación completa del encuentro que mantuvieron en 2016 un grupo de mandos de la Policía española con un exministro de Hugo Chávez en Nueva York revela el ‘modus operandi’ de la guerra sucia al partido que desarrolló la brigada política a las órdenes del último Gobierno del PP. Los policías españoles buscaban que Rafael Isea, antiguo titular de Finanzas en Venezuela, avalara un documento con el que poder atribuir a los fundadores de Podemos un supuesto delito fiscal. Isea responde que en la fotocopia aparece lo que parece su firma, pero que él no la ha estampado, y que tampoco puede acreditar que el pago se llegara a realizar. Pero lo que más preocupa a Isea es el origen del papel. “La persona que nos trae este tema es un señor de apellido Aliste. Este es un señor el cual a mí me genera vértigo, por decirlo ameno”, advierte el exministro venezolano a los policías.
El viaje de los tres mandos a Nueva York es objeto de la investigación que se sigue en el Juzgado de Santiago Pedraz contra el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y varios mandos integrantes de la brigada política del PP. Uno de los participantes en la reunión, José Ángel Fuentes Gago, ya está imputado en la causa. De los otros dos, el entonces jefe de la UDEF, José Manuel García Catalán, y una subinspectora que les acompaña, Podemos acaba de solicitar su imputación, antes de que prescriban los presuntos delitos que cometieron.
El juzgado de Pedraz trata de esclarecer las maniobras policiales contra Podemos, principalmente en el primer semestre de 2016, cuando el partido tenía posibilidades de llegar al Gobierno y las investigaciones prospectivas y presuntamente ilegales contra la formación política se dispararon desde el Ministerio del Interior. La acusación de Podemos aprecia en el viaje a Nueva York los delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos, revelación de secretos y organización criminal.
Pero, ¿quién es esa persona que tanto inquieta al exministro venezolano Isea? ¿Qué documento ha facilitado el tal Aliste contra Podemos? Algunos medios de comunicación participaron en la maniobra contra el partido publicando documentos sin contrastar sobre supuestos pagos a la formación política. Uno de ellos fue la supuesta orden de pago del Gobierno de Chávez por trabajos de la fundación CEPS en Venezuela entre los años 2008 y 2010, por valor de 7,1 millones de euros, pese a que entonces faltaban cuatro años para la creación de Podemos. CEPS nunca llegó a tener vinculación alguna con el partido, más allá de que algunos de sus fundadores trabajaron años antes en la fundación. La fundación nunca negó los trabajos en Venezuela.
La persona que facilita la información es el abogado José Aliste Martín, que en la actualidad tiene 73 años. En 1988 fue detenido cuando compatibilizaba su cargo de concejal de Alianza Popular en un pueblo de Zamora con su puesto en el Banco Exterior en la capital de la provincia. Fue condenado a ocho años de cárcel por llevarse 600 millones de pesetas del banco, según consta en el sumario del caso Villarejo. Aliste está imputado en la actualidad en varios casos. Una de esas causas investiga la extorsión a un grupo de jerarcas venezolanos asentados en España, caso de José Alvarado Ochoa, antiguo viceministro de Energía de Chávez, que contrató a Aliste al llegar a España.
elDiario.es desveló en febrero de 2025 que Aliste elaboró siete informes sobre Podemos que la Policía aún aloja en sus bases de datos. En total, Aliste calculaba que la formación política, aunque ni siquiera existía, se había llevado de Venezuela 30 millones de euros. En algunos informes identificaba como su fuente a su cliente Alvarado Ochoa, que tiene dos causas pendientes en la Audiencia Nacional en relación con el desfalco de la petrolera venezolana PDVSA. Alvarado Ochoa consiguió alargar su residencia en España gracias a su colaboración con la brigada política y evitó así su extradición a Estados Unidos.
La reunión de los policías españoles con Isea tuvo lugar en el Consulado español el 12 de abril de 2016. Isea acude con su abogado, Martín Rodil, un venezolano afincado en Estados Unidos y habitual colaborador de la DEA, la agencia policial antidroga estadounidense. Rodil está imputado en el mismo caso que Aliste en España por extorsionar a los jerarcas venezolanos. El encuentro en el Consulado se produjo después de que el diario Abc publicara el presunto “punto de cuenta” (orden de pago“) del Gobierno de Caracas a CEPS.
Durante el encuentro, Isea y su abogado están preocupados por las consecuencias de su colaboración con la Policía española. Isea explica que su madre y otros familiares siguen viviendo en Venezuela y que el régimen les acosa. Los policías españoles se afanan en convencer a Isea de que no tiene de qué preocuparse y de que la filtración del documento sobre los pagos a CEPS no ha procedido del Ministerio del Interior español. Los hechos les desmentirán poco después.
El informe que elabora García Catalán y su subordinada, a partir de la entrevista con Isea, es reproducido por ABC en portada el 13 de mayo siguiente, un mes después. Isea, que aspiraba a vivir con su familia en España, se consideró traicionado. No volvió a saber nada de los policías que le visitaron. Solo un cargo del Ministerio del Interior se puso en contacto posteriormente con él, pero no cumplió sus promesas para con él y su familia.
Las intervenciones de los policías españoles ante Isea tratan de hacer creer al ministro venezolano que libran una batalla contra la corrupción. Los agentes reconocen que no pueden imputar financiación ilegal a Podemos porque ni siquiera existe, pero quieren demostrar que sus líderes son unos defraudadores fiscales que no declararon los pagos del Gobierno chavista.
José Manuel García Catalán protagonizó una llegada atropellada a la jefatura de la UDEF a finales de 2014, cuando ya recaían sobre la unidad anticorrupción de la Policía las sospechas de actuar como un instrumento del Ministerio de Jorge Fernández Díaz para blanquear los trabajos de la brigada política contra la oposición. Por el momento, García Catalán ha declarado como testigo en la causa de la guerra sucia contra Podemos.
La formación quiere que ahora regrese a la Audiencia Nacional como imputado, que también sea investigada la inspectora que le acompañó a Nueva York y que firmó junto a él la declaración de Isea. Podemos pide al juez que dicte una comisión rogatoria para que el exministro de Finanzas de Chávez declare desde Estados Unidos y que Asuntos Internos elabore un informe sobre los fondos públicos utilizados en el viaje de los agentes al país norteamericano.
“Si no gobierna Podemos, mejor para todos”
Durante la reunión con Isea se pronunció una de las frases más célebres que constan grabadas a un miembro de la brigada política. Fuentes Gago está intentando convencer al confidente de que España es un estado de derecho que eso hace que la investigación que se inicie a partir de su testimonio no dependerá de quién gobierne el país. “Aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, pero aunque lleguen los de Podemos, es que se lo van a tener que comer. Ahora, pues si nos ayuda que no lleguen los de Podemos… ¡Me cago en la mar! Mejor para todos, mejor para todos”, según consta en el único extracto de la grabación que se había publicado hasta ahora, en abril de 2019 por Moncloa.com.
Los policías españoles han fijado un supuesto delito fiscal cometido al menos ocho años antes porque sus posibles autores son una amenaza para el Partido Popular. Pero durante la conversación con Isea intentan hacer creer que están conjurados contra la corrupción y que investigan a todos los partidos por igual. El informe PISA se había encallado en los tribunales cuando se produce la reunión y alguna otra operación secreta, como el montaje de la cocaína a Miguel Urbán, no termina de dar resultados. Así que la opción es atribuir delitos fiscales a los líderes de Podemos.
“A nosotros todo eso nos da igual: si el documento es bueno, si es malo, si es que la gente, mis compañeros que están aquí, ellos trabajan sobre otras realidades (…) Si esos dineros se cobraron y ellos no lo han declarado y han cometido unos delitos es lo único que nos vale a nosotros… Si el documento es bueno o malo… ¡si es que ellos no lo han negado!”, afirma Fuentes Gago.
El acta de la declaración de “testigo uno” que publicó ABC no coincide en todos sus términos con lo que Isea asegura en la grabación. Pero eso es algo que ya preveían los policías españoles. “No le vamos a poner en ningún compromiso. Imagínese que a usted alguna pregunta no le gusta, le compromete o no le gusta, pues no la escribimos. Esto no es una declaración de imputado”, le dice a Isea el comisario García Catalán. El abogado Martín Rodil interviene: “¿Qué posibilidades hay que se filtre?”. “Ninguna”, responde Fuentes Gago.
El 13 de mayo de 2016, ABC publicó en portada: “El ministro de Finanzas de Chávez confirma a la Policía los pagos para crear a Podemos”. El periódico reproducía en portada el acta de declaración de Isea con afirmaciones que son pactadas durante la conversación precedente, la que aparece en la grabación. Ese documento no llegó a ningún juzgado, pero consiguió una portada, como ocurrió de forma habitual durante toda la guerra sucia contra el independentismo catalán y luego contra Podemos.
En abril de 2019, Rafael Isea concedió una entrevista a El País. Nada de lo que firmó en la declaración preparada atribuía delito alguno a Podemos o a sus fundadores. Él dijo a los policías que no iba a firmar el documento. Los agentes salieron de la sala y al regresar, unos minutos después, Fuentes Gago abandona el discurso de la lucha contra la corrupción y va al grano: dice que trae “un mandato” del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.
En el primer documento que Isea firma no hay alusión a ningún miembro de Podemos. Pero por la noche, según contó a El País, le volvieron a contactar para verse de nuevo. A la mañana siguiente incluyeron los nombres de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge como receptores de dinero de Venezuela. “Cuando la declaración fue filtrada a la prensa comprendí que la intención era señalar de manera clara a esas personas de la política española como beneficiarios de una financiación”, declaró.
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