El policía acosado por investigar al PP declarará ante Asuntos Internos lo que presenció de la guerra sucia a Podemos

Vuelve el agente 81.067, inspector jefe Manuel Morocho. El policía que investigó los casos Gürtel y caja B de PP, y que ha denunciado en el Congreso, en un juzgado de instrucción y ante dos tribunales de la Audiencia Nacional la campaña de acoso que vivió por parte de los mandos policiales para entorpecer sus pesquisas va a prestar declaración sobre las maniobras que presenció contra Podemos durante su paso, obligado, por el nido de la brigada política que se organizó en la Dirección de la Policía durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

La última declaración pública de Morocho, ante el tribunal de Kitchen el 29 de abril pasado, dejó una pista que Podemos ha seguido como acusación popular en esa causa. El inspector jefe aludió al intento de sus superiores de que participara en 2016 en el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) durante su relato. Los abogados de la formación política pidieron al juez Santiago Pedraz, que instruye otra de las patas de la guerra sucia del PP, dirigida contra Podemos, que Morocho declare en el marco de la misma todo lo que sabe de las maniobras contra el partido.

Como pidió Podemos, Morocho no declarará ante el juez, sino que será la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, que ha investigado toda la causa Villarejo, quien le tomará declaración. Una providencia de Pedraz a la que ha tenido acceso elDiario.es dice que se trata de “esclarecer la autoría del informe PISA, fecha de creación, modo de obtención de la documentación personal empleada en su elaboración (singularmente de la factura del señor Iglesias obrante en página 3, al menos en algunas de las versiones del documento)...”.

Tras las presiones para que no incluya el nombre de Rajoy en el cuerpo del informe de la Caja B y continuos retrasos en la supervisión de sus informes antes de enviarlos al juzgado, la Dirección de la Policía emprende otra estrategia con Morocho. El policía ha rechazado los destinos 'dorados' que le han ofrecido en el extranjero y el número dos del Cuerpo, Eugenio Pino, decide cargarle de otros trabajos para que no pueda avanzar en los que afectan al PP. Y así le destina en atribución temporal de funciones a la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Tendrá que combinar su trabajo allí con la investigación de la caja B a las órdenes directas del juez Ruz.

En el juicio de Kitchen, durante el turno de preguntas a Morocho, el abogado de Podemos le preguntó por su destino en la Dirección Adjunta Operativa. “A ver... A mí me dicen que voy como experto financiero, puesto que ha salido la cuenta de Trías y ha sido un error, y que le ha costado un disgusto al ministro”, explicaba Morocho en alusión a la falsa cuenta del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en Suiza.

Morocho continuó: “Entonces, ahí enmarcan mi entrada allí. Yo... pues bueno, me dan alguna cosa, una cosa ahí de la familia Pujol en inglés, un documento de garantía societaria. Pero en fin, ahí no aguanto mucho, un día o dos, y me llevan a lo que era la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) que habían creado, que está fuera, en otro sitio”. La Policía del PP se sirvió de la opacidad a la que está obligada la Unidad de Asuntos Internos para crear en su seno una brigada que escarbaría en casos que afectaban al PSOE, como el 11-M o el Faisán, con la excusa de resolver errores pasados y a pesar de que se trataba de causas cerradas, con sentencia firme.

Hasta que llegó un momento en que la declaración de Morocho dio un salto a otro caso que se instruye todavía en la Audiencia Nacional. “Él me da, me da eso. Luego me da este famoso informe PISA y...”. El letrado de Podemos reaccionó y reorientó el interrogatorio rápidamente. Preguntó por el informe PISA y el inspector jefe aseguró que se lo entregó otro de los juzgados en Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, también investigado por la guerra sucia a Podemos. Fuentes Gago, según Morocho, le pidió que analizase el contenido del dosier.

Investigación a la 'pata' mediática de la guerra sucia

A Morocho le dio tiempo a contar que otro de los acusados en Kitchen, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, le llevó a ver a un periodista, cuyo nombre no desveló, para “contarle el resultado de la indagación sobre el informe PISA”. La frase resume por sí sola la actuación de la brigada política en dos de sus pasos más importantes: la fabricación de dosieres sobre el adversario político y su estrategia de publicarlos en medios afines con independencia de que los despreciaran los tribunales. “Él [Bonifacio] estaba allí. Fue él quien me introdujo al periodista”, añadió.

Ahora, el juez Pedraz quiere que Asuntos Internos pida a Morocho la “identificación de los periodistas y/o medios a los que resultó filtrado [el informe PISA]; para lo que habrá que darse traslado a la referida Unidad de Asuntos Internos de la querella y auto de admisión, documentación aportada por UDEF sobre la denominada operación Venus, así como la declaración prestada en sede judicial por la testigo N. C. P. [antigua trabajadora del canal donde tenía un programa Iglesias]”.

De este modo, al menos parcialmente, Podemos logra que Pedraz encargue la investigación policial a una unidad especializada, lo que en otros casos que instruye este y otros jueces hace que la instrucción cuente con propuestas de los investigadores que, en muchas ocasiones, la Fiscalía y el juez utilizan como guía para las pesquisas.

Cabe recordar que la causa de la guerra sucia a Podemos sufre continuos varapalos por las negativas de Pedraz a expandir la investigación o imputar a determinados policías y que solo las propuestas de Podemos, muchas veces acordadas por la Sala de lo Penal, han impulsado el caso, ante la pasividad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Pedraz vuelve a dejar fuera a Urbán

En este sentido, en un auto del pasado martes, Pedraz vuelve a desestimar la petición de Miguel Urbán de ser parte personada en la causa de la guerra sucia en relación con el montaje que sufrió acerca de una falsa venta de droga por su parte de 40 kilos de cocaína. En el escrito, Pedraz insiste en desvincular la operación Cardenal de la guerra sucia contra Podemos pese a que se produjo en el primer semestre de 2016, cuando arreciaban las maniobras contra la formación por si llegaba al Gobierno de la mano de una coalición progresista.

“La Fiscalía archivó, previa práctica diligencias, sin que conste dato alguno más. Es más, la propia Sala en auto de 8 de mayo ha desestimado ka ampliación de la querella por la denominada operación Cardenal”, alega el juez en su auto. De este modo el fundador de Podemos, y eurodiputado en el momento del montaje, no podrá acusar por la falsa acusación policial. De paso, el comisario que impulsó el montaje, José Luis Olivera, se vuelve a salvar de la imputación, una vez más, por una decisión de Pedraz. El juez adopta la decisión de acuerdo con el fiscal Vicente González Mota.