El juez Pedraz niega que el invento de la cocaína contra Urbán y Podemos fuera “un montaje policial”

El magistrado Santiago Pedraz ha vuelto a rechazar que Miguel Urbán pase a ostentar la condición de perjudicado en la causa que se sigue en su juzgado por las maniobras policiales contra Podemos durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Pese a los indicios recabados durante la instrucción, Pedraz concluye que la investigación contra Urbán por haber vendido supuestamente 40 kilos de cocaína en un bar de Malasaña no fue “un montaje policial”.

Urbán fue investigado en 2016 durante meses, mientras era eurodiputado, a partir del disparatado relato de un confidente. El colaborador policial aseguraba haberle visto intercambiar los 40 kilos de cocaína, que cargaba a pulso en una bolsa, por billetes para financiar a Podemos. El relato incluía que Urbán celebró a gritos la transacción mientras reconocía que era cocaína de Venezuela para financiar al partido y volcaba una bolsa encima de la barra del bar para que todos los clientes esnifaran. 

De un modo que aún se investiga, el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado en ese momento, José Luis Olivera, obtuvo el testimonio del confidente, supuestamente espontáneo, y comenzó a enviar escritos a la Fiscalía Antidroga para que esta abriera una investigación. Urbán era en ese momento miembro del Parlamento europeo y el confidente aseguraba que le veía trapichear por las esquinas de Malasaña. 

Con la excusa de la investigación a Urbán, la Policía empezó a apuntar a la supuesta financiación ilegal de Podemos en sus informes a la Fiscalía, tal y como reveló elDiario.es. En la investigación se implicaron las unidades antidroga y anticorrupción del Cuerpo y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente del Ministerio de Economía. Las pesquisas se realizaron en secreto en medio de una cascada de informaciones policiales sobre Podemos que se han demostrado falsas y que publicaban medios afines al Partido Popular. 

Los hechos ocurrieron durante el semestre entre las elecciones de diciembre de 2015 y las siguientes, de junio de 2016, cuando Podemos apuntaba a gobernar en coalición con el PSOE. Antes de que la brigada política, a la que pertenecía Olivera, pudiera dar el salto de Urbán a Podemos, el fiscal jefe Antidroga decidió cerrar el caso. “No se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente, la comisión de hechos delictivos”, escribió José Ramón Noreña en el decreto de archivo.

En el auto por el que rechaza considerar perjudicado a Miguel Urbán, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez Pedraz afirma que “no hay base alguna para concluir un montaje policial”. “La Fiscalía Antidroga inicia, por obvio, la investigación en base a recibir la noticia criminis en la que aparece implicado el señor Urbán”, asegura el juez en referencia al testimonio del confidente. 

Pedraz continúa: “Tras la práctica de diligencias concluye que no se acredita el delito y archiva al considerar que no existen indicios suficientes. Con ello, no puede decirse que la investigación policial se hiciera sin marco, pues estaba amparada por la Fiscalía; sin que además se aporte indicio alguno de que la misma fuera engañada”.

Santiago Pedraz se opone a considerar a Urbán, siquiera indiciariamente, víctima de “un montaje policial”. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 adopta esta decisión por segunda vez. En las dos ocasiones lo ha hecho en contra de la postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que aprecia intereses espurios en la maniobra policial. 

El fiscal informa a favor de considerar víctima a Urbán

El fiscal del caso, Vicente González Mota, considera que en el caso de Urbán y la Operación Cardenal se produjo “una investigación policial de personas aforadas sin marco para realizarla”, tal y como ocurrió con otras dos operaciones que sí son objeto de la investigación de Pedraz, denominadas Venus y Bolívar y que afectaron, entre otros, a Pablo Iglesias. 

Pedraz firmó el auto en el que rechaza considerar “perjudicado” a Urbán el pasado 23 de enero, dos días después de escuchar en declaración el testimonio del fundador de Podemos. Este martes, pese a haber decidido que no hay ‘caso Urbán’, Pedraz cumplió con el trámite de tomar declaración como testigos a dos mandos policiales a los que José Luis Olivera implicó en la investigación al entonces eurodiputado. 

La postura del juez supone dar por válidas las explicaciones del propio Olivera, quien intentó defender en el juzgado que nunca valora las informaciones que recibe, por muy disparatadas que fueran. El comisario, ya jubilado, tampoco convenció a las acusaciones de que un órgano como el CITCO, de inteligencia y coordinación entre cuerpos y sin competencias operativas, se encargara de gestionar la confesión de un confidente. Sus subordinados contribuyeron este martes a aumentar el cúmulo de confusas explicaciones recabadas hasta ahora por el juez. 

La Sala de lo Penal ya obligó a Pedraz a volver a imputar a otro policía que consultó las bases de datos para rastrear a Pablo Iglesias con la excusa de que pertenecía al círculo de un investigado por narcotráfico, Miguel Urbán. En aquel auto, la instancia superior a Pedraz obligó al magistrado a dar un impulso a la investigación acordando una batería de diligencias solicitadas por los abogados de Podemos. 

Pedraz admitió a trámite en febrero de 2024 una querella de Podemos contra la cúpula de Interior de Rajoy y varios mandos policiales por las maniobras contra la formación política. Desde ese momento, el juez ha delimitado la investigación a las tretas contra políticos aforados del partido. 

Los testimonios recabados en sede judicial y la documentación obtenida por Asuntos Internos ha permitido ir desgranando la estrategia político-policial contra el partido de Pablo Iglesias, pero el juez ha rechazado imputaciones y solicitudes de investigación de forma recurrente. A partir de una información de elDiario.es, la acusación particular y el propio Urbán han intentado sin éxito que el invento contra el fundador del partido sea una pieza más de la investigación de la guerra sucia contra Podemos.