Un informe encargado por Feijóo, clave para que los Franco cobren alrededor de un millón de euros por abandonar Meirás

La sentencia que el Supremo ha dictado este jueves sobre el Pazo de Meirás y los Franco confirma algo que hasta los herederos del dictador habían asumido ya: la propiedad, usurpada en 1938 es pública y, por tanto, de los ciudadanos. En diciembre de 2021 la familia Franco asumió ya su derrota en la batalla judicial para mantener el edificio y entregaron las llaves de ese palacio que se ubica en la localidad coruñés de Sada. La sentencia que ahora ha dictado el Supremo dirime otra cuestión lateral que supone, de facto, una pequeña victoria para la prole del dictador: el Estado tendrá que indemnizarles con alrededor de un millón de euros por abandonar la propiedad. Según relata la resolución adoptada por el alto tribunal, un informe encargado por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, cuando presidía la Xunta de Galicia, ha sido clave para fallar en este punto a favor de la familia del dictador.

El informe en cuestión fue encargado por la Xunta de Feijóo a una comisión de expertos en la que había representación de diferentes ámbitos, incluyendo al Ayuntamiento de Sada -donde se encuentra el inmueble-, uno de los principales impulsores de la batalla que pretendía recuperar Meirás para lo público. El debate fue enconado y la parte cercana al ejecutivo del líder de Feijóo apostó por esa medianía: si se quería recuperar Meirás había que pasar por caja y pagarle a los Franco. Era la conclusión cuarta de aquel informe y en ella se argumentaba que para recuperar el pazo habría que pagar a sus ilegítimos propietarios por los gastos que les había generado durante el tiempo en el que lo ocuparon tras la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975. Antes, así lo ha asumido el Supremo, había formado parte del servicio público a la Jefatura del Estado. El Ayuntamiento de Sada se opuso y planteó un voto particular, pero de nada sirvió, tal y como ahora recoge la sentencia del Supremo. Aquel informe también decía que los herederos del dictador había ocupado Meirás “de buena fe”, ajenos a las condiciones en las que se había usurpado la propiedad que les había llegado como herencia.

Esa tesis de pagar por desalojar acabó siendo aceptada por los tribunales durante el periplo judicial que ha protagonizado el Caso Meirás y acaba de ser confirmada por el Supremo. En su sentencia, el Supremo dice que aquel informe encargado por la Xunta de Feijóo fue crucial para aquilatar el premio de consolación para la familia del dictador. Miguel Torres es el abogado que defendió la postura más rotunda para recuperar Meirás, la que defendía el Ayuntamiento de Sada. En conversación con elDiario.es resume así su opinión sobre el papel desempeñado por los expertos de la Xunta en aquel debate que supuso la ruptura en la unidad de acción de las instituciones en su reclamación contra los Franco: “Yo creo que no querían abrir una batalla frontal con los Franco durante el proceso de recuperación del pazo y se prefirió concederles el derecho a cobrar esos gastos para evitar problemas”.

Aquel informe añadía al pago monetario, otro de más peso para la familia Franco: se decía que la ocupación de la propiedad fue “de buena fe”. Dicho en otras palabras, los herederos del dictador no sabían nada de la usurpación y daban por bueno un título de propiedad elaborado en 1941 y que los vecinos de Sada siempre consideraron fraudulento.

Un millón de euros

La cifra exacta de lo que la familia del dictador podría embolsarse ahora por abandonar Meirás es una incógnita, pero varias fuentes implicadas en el proceso repiten la cifra de un millón de euros. El cálculo procede de la propia estimación de gastos que la familia Franco elaboró sobre las facturas, reparaciones y otras derramas por mantenimiento entre noviembre del 75 y septiembre de 2020 -fecha de la histórica sentencia que lo devolvía a lo público- que ahora deberá sufragar el Estado para compensar los años en los Meirás era un territorio inexpugnable para los ciudadanos. La última palabra sobre este punto deberá abordarla el juzgado número 1 de primera instancia de A Coruña, a quien corresponde dirimir este punto en lo que en términos jurídicos se denomina “ejecución de sentencia”.

El informe que los expertos enviaron al Parlamento de Galicia el 26 de junio de 2018 se ha convertido en la piedra filosofal sobre la que los herederos del dictador podrán ahora hacer caja tras décadas de expolio heredado. Un mes después de que ese informe llegara a la Cámara gallega se produjo una votación en la que de manera unánime todos los grupos decidieron pedir expulsar de Meirás a los Franco. En aquel debate la líder del BNG, Ana Pontón celebró el cambio de actitud del PP, que siempre optó por perfilarse con cualquier cuestión relativa a la dictadura, dijo de la familia Franco que era “una familia ocupa” y concluyó con unas palabras que el tiempo ha demostrado que han caído en saco roto: “Sería una aberración cualquier tipo de compensación a los herederos del franquismo”.

Frente a Pontón, Feijóo, que nunca se significó por censurar el expolio y que siempre pretendió resignificar el Pazo con la única mirada sobre los años que su legítima propietaria era la escritora Emilia Pardo Bazán. El ahora líder del PP llegó a reducir los 82 años de ocupación sobre el inmueble con uno de los mayores eufemismos pronunciados por un dirigente político. Su frase exacta fue la siguiente: “Que la cuestión de Emilia Pardo Bazán quede relegada por la cuestión del veraneo del general no nos parece razonable”.