Entidades sociales condenan “la prioridad nacional del PP y de Vox” en el Gobierno valenciano por “anticonstitucional y racista”

Unas 40 entidades sociales agrupadas la plataforma València pels Drets de los Persones Inmigrades han denunciado que el principio de prioridad nacional supone “una deriva política altamente preocupante, ya que vulnera los derechos humanos y los derechos de las personas migrantes, vinculando el acceso a la vivienda o prestaciones públicas a la nacionalidad, origen de las personas o al tiempo de permanencia en el Estado Español, según su arraigo”, concepto que han considerado “indeterminado e impreciso”.

Además, se está planteando “un mayor control del fraude en el acceso a ayudas públicas, entre ellas, la creación de un servicio específico de control del fraude padronal y la sobreocupación de viviendas”. La Administración, en todos sus niveles, “además de combatir el fraude y el hacinamiento habitacional, debe dotar de mayores recursos los servicios municipales del padrón y cumplir con la normativa vigente, así como promover políticas sociales en materia de vivienda para garantizar el acceso a derechos básicos”. Si no es así, ha insistido la plataforma, “se estaría estigmatizando y criminalizando a la población migrante que, lejos de cometer ningún fraude, sufren numerosas dificultades y obstáculos para empadronarse y acceder a una vivienda digna”.

La entidad ha recordado que “la normativa internacional y nacional contra la discriminación estipula un marco legal de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales”.

La Constitución española establece que “los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley”. La ley de Extranjería menciona que los “extranjeros residentes” tienen derecho a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social y a los servicios y prestaciones sociales “en las mismas condiciones que los españoles”. Además, “las personas extranjeras en cualquier situación administrativa tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas”, según la plataforma.

Además, han insistido en que “la Ley de Extranjería se posiciona claramente contra los actos discriminatorios”. Los define como “todo acto que, directa o indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural”.

La Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación “prohíbe de manera específica la discriminación y garantiza el derecho a la igualdad de trato, independientemente de la nacionalidad”.

La entidad ha advertido de que “como han mencionado diferentes expertos y expertas de la abogacía, habría que reformar y suprimir derechos de la Ley de Extranjería y de la Constitución para tratar de disfrazar de legal el principio de prioridad nacional” y ha añadido: “Este principio, claramente ilegal y anticonstitucional, no solo se sitúa en las políticas de externalización de fronteras, criminalización y estigmatización de las personas migrantes, sino también en las fronteras interiores que regulan de forma diferencial y discriminatoria el acceso a recursos y derechos fundamentales”.

En el reciente informe de 2025 sobre la Evolución de los delitos e incidentes de odio en España del Ministerio del Interior, la cifra total de “delitos e incidentes de odio” registrada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España, a lo largo de 2025, asciende a un total de 2.417 hechos, lo que implica un aumento del 23,63% en relación al 2024; es de destacar que el racismo y la xenofobia suponen casi un 43% del total de incidentes/delitos de odio, con un mayor volumen que el resto. Representan la cifra más alta desde 2014.

Además, “entre los hechos conocidos relativos a los delitos de odio que se hayan podido cometer a través de Internet o redes sociales, los ámbitos de racismo/xenofobia y orientación sexual e identidad de género, son los que muestran mayor incidencia en 2025, con un total de 283 hechos conocidos, un 31,63% más respecto al año anterior”.

La plataforma ha insistido en que “estos datos solo son la punta del iceberg, ya que muchos incidentes discriminatorios o delitos de odio no se denuncian por distintos motivos”.

Desde València pels Drets de los Persones Inmigrades han condenado este acuerdo y han hecho “un llamamiento a la responsabilidad política y legal del principio de igualdad de trato”y han añadido: “Ni la administración pública ni los partidos políticos pueden incitar al racismo y odio hacia las personas migrantes, refugiadas y racializadas, sino que deberían adoptar políticas públicas inclusivas que pongan en el centro a las personas, independientemente de su nacionalidad, origen o tiempo de residencia en España. Perseguir y criminalizar a las personas migrantes y refugiadas tratándolas de fraudulentas constituye un agravamiento de los discursos y delitos de odio”.