Cuando el PP usa las autonomías contra la ciudadanía

El Partido Popular ha dado un paso más en su estrategia de acoso y derribo al Gobierno de Pedro Sánchez. Ya no se limita a la crítica parlamentaria, al recurso judicial, al ruido mediático o a la descalificación permanente. Ahora utiliza también los gobiernos autonómicos donde tiene responsabilidades como piezas de una operación de bloqueo institucional. Y lo hace aunque el coste lo pague la ciudadanía de esas comunidades.

Lo ocurrido estos días en las conferencias sectoriales de Universidades y Educación no es una anécdota. Es un síntoma. Gobiernos autonómicos del PP se ausentan, de ese modo impiden el quórum, así bloquean acuerdos ya trabajados y dejan en suspenso recursos destinados a universidades públicas, profesorado, Formación Profesional, alumnado y centros educativos.

La pregunta es sencilla. ¿A quién perjudica el PP cuando decide no acudir? La respuesta es evidente: perjudica a la gente. A las universidades públicas de las comunidades donde gobierna. A los centros de FP. Al alumnado, al profesorado, a las familias y a los servicios públicos que dice defender cuando le interesa.

El plantón en Universidades dejó bloqueada la transferencia de casi 150 millones de euros del programa María Goyri para financiar 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor. ¿De qué hablamos con este programa? Hablamos de relevo generacional en las universidades públicas, de estabilidad de plantillas, de investigación, de docencia y de futuro. Hablamos de jóvenes docentes e investigadores que esperan una oportunidad y de universidades que necesitan recursos para funcionar mejor.

En Educación, la ausencia deliberada de consejeros y consejeras del PP dejó en suspenso la distribución de 31,3 millones para impulsar la calidad de la Formación Profesional. Dinero destinado a proyectos de innovación, formación del profesorado, campeonatos skills y movilidad del alumnado. Justo aquello que cualquier comunidad autónoma seria debería defender con uñas y dientes. Pero el PP ha preferido dejarlo en el aire para alimentar su estrategia nacional de confrontación.

La pauta es demasiado repetida para presentarla como casualidad. Abandono en Justicia. Plantones en Infancia. Inasistencia en Inmigración. Ausencias en Universidades y Educación. El resultado es una degradación evidente de los órganos de cooperación entre administraciones, convertidos por el PP en escenarios de batalla contra el Gobierno central.

Las conferencias sectoriales son órganos básicos del Estado autonómico. Sirven para coordinar competencias, repartir fondos, aplicar leyes, compartir información y acordar políticas públicas entre el Estado y las comunidades autónomas. Bloquearlas deteriora el funcionamiento normal de las instituciones y retrasa decisiones que afectan a servicios esenciales.

El cinismo es evidente. El PP reclama una y otra vez que las decisiones se adopten en órganos multilaterales. Dice que lo que es de todas y todos debe decidirse entre todas y todos. Exige conferencias de presidentes, conferencias sectoriales, diálogo entre administraciones y respeto a las comunidades autónomas. Pero cuando esos órganos se convocan y el contenido no encaja con su estrategia, se ausenta, los boicotea o los abandona.

Eso es degradación del autogobierno. Una comunidad autónoma está para defender los intereses de su ciudadanía, no para obedecer consignas de partido. Una consejería de Educación no debería preguntarse qué necesita Feijóo para endurecer su oposición, sino qué necesitan los colegios, los institutos, la FP y las universidades de su territorio.

La lealtad institucional no exige estar de acuerdo con el Gobierno de España. Una comunidad puede discrepar, exigir más fondos, votar en contra, presentar recursos, formular propuestas alternativas y defender sus competencias. Eso es democracia. Lo que resulta inaceptable es no presentarse para impedir que el órgano funcione, usar el quórum como arma partidista y convertir una silla vacía en una estrategia política sin asumir sus consecuencias.

Y las consecuencias existen. Las sufren las familias que esperan una mejor FP para sus hijos e hijas. Las sufren las universidades que necesitan profesorado. Las sufren los menores migrantes cuando se bloquea la coordinación en infancia. Las sufren los servicios de justicia cuando se deteriora el espacio donde deben acordarse recursos e implementación de reformas. Las sufre la ciudadanía de comunidades autónomas cuyos gobiernos deberían defenderla, no utilizarla.

El PP intenta vender estos plantones como firmeza política, pero son una irresponsabilidad. La valentía consiste en ir a una reunión, defender tu posición, votar en contra si lo consideras necesario y explicar después a la ciudadanía por qué lo has hecho. No acudir, impedir el acuerdo y convertir el perjuicio causado a tu propio territorio en munición contra el adversario es otra cosa muy distinta.

Esta estrategia revela una concepción muy peligrosa del poder. Para el PP, las instituciones solo parecen útiles cuando sirven a su relato. Si una conferencia puede aprobar fondos necesarios para la ciudadanía pero políticamente incómodos para su campaña contra Sánchez, se bloquea. Primero el partido. Después, si queda espacio, la gente.

Hay que denunciarlo con claridad. El PP está subordinando los intereses de los territorios donde gobierna a una estrategia nacional de desgaste. Está usando gobiernos autonómicos como arietes contra el Gobierno de España. Y en esa operación arrastra a universidades, centros educativos, servicios públicos y colectivos vulnerables.

España necesita oposición, control al Gobierno, discrepancia, debate y alternativas. Lo que no necesita es sabotaje institucional. Usar gobiernos autonómicos como instrumentos de bloqueo aunque se perjudique a la ciudadanía es profundamente irresponsable.

El PP debería decidir qué quiere ser. Si quiere representar a sus territorios, debe sentarse en las mesas donde se deciden sus recursos. Las instituciones no son propiedad del Gobierno central, pero tampoco del PP. Son de la ciudadanía.

Las sillas vacías no traen más recursos, no mejoran la FP y no refuerzan las universidades. Solo demuestran que el PP prefiere el bloqueo a la defensa de los intereses de la ciudadanía.