El patrimonio cultural y la responsabilidad de conservar lo “unicum”: el Tesoro de Villena

Se ha escrito mucho sobre robos en museos, uno de los más espectaculares y bastante reciente lo tenemos en el precedente del Louvre, el gran museo estatal de Francia. El 19 de octubre de 2025 unos ladrones penetraron en el museo parisino a pleno día y sustrajeron ocho joyas de la Corona francesa de los siglos XVIII y XIX. El golpe puso de inmediato en cuestión los sistemas de gobernanza del museo más visitado del mundo y hubo consecuencias. Su directora, Laurence des Cars, compareció ante el Senado francés. Reconoció públicamente que se había producido un grave fracaso, admitió deficiencias en la videovigilancia exterior y explicó que había presentado su dimisión a la ministra de Cultura, Rachida Dati, quien inicialmente decidió no aceptarla. Meses después, en febrero de 2026, la dimisión fue finalmente aceptada. También presentó su dimisión la propia ministra de cultura, aunque el presidente Macron no la aceptó. Hubo una rendición de cuentas por parte de los responsables ante los máximos órganos del Estado y la sociedad francesa, con una investigación administrativa donde se analizaron las deficiencias, se reconstruyó los hechos, se determinó qué falló y quién debía haberlo previsto, se averiguó si existieron advertencias desatendidas (que las hubo) por los responsables del museo. El tribunal de cuentas francés (la Cour des Comptes) informó que durante años el Louvre había priorizado las adquisiciones de nuevas piezas frente al mantenimiento de edificios e instalaciones técnicas esenciales para la seguridad. La institución concluyó que se habían privilegiado las operaciones “vistosas y atractivas” en detrimento de instalaciones relacionadas con la seguridad y protección de las colecciones. Todo esto se hizo con independencia del proceso judicial y las actuaciones de la policía que poco tiempo después detenía a los ladrones, aunque sin recuperar las piezas robadas.

Hace poco más de un año visité el Museo de Villena y tuve la fortuna de contemplar el Tesoro de la Edad del Bronce allí expuesto. Tenía un gran interés por conocer personalmente esta colección excepcional y aproveché que el museo se había acondicionado para exponer al público las piezas excepcionales dispuestas en el interior de una gran vitrina que se consideraba blindada. He conocido muchos museos a lo largo de mi vida y he tenido la responsabilidad de gestionar a lo largo de más de veinte años dos grandes instituciones museísticas y un centro cultural con su edificio declarado patrimonio de la humanidad. Quizá por eso no esperaba sorprenderme frente a la colección de un museo local. Estaba muy equivocado, me quedé maravillado frente a aquellos recipientes, brazaletes y piezas de oro delicadamente trabajadas hasta la perfección hace más de tres mil años y expuestas con una museografía perfecta. Es difícil describir la sensación de encontrarse ante tan extraordinario testigo que expresara tan perfectamente la capacidad creadora del ser humano en aquellos albores de las culturas mediterráneas.

Cuando en 2005 el Consell declaró el Tesoro de Villena Bien de Interés Cultural (BIC), la misma resolución utilizó una palabra excepcional en el lenguaje administrativo: lo calificó como un “unicum”. Además, recogía la valoración del arqueólogo Armando Perea y señalaba, citando al especialista Alfredo Mederos, que se trataba del segundo tesoro de vajilla áurea más importante de Europa tras el de las Tumbas Reales de Micenas.

Esto es lo que nos han robado la madrugada del pasado 27 de agosto, un tesoro de valor histórico cultural único, unas piezas irrepetibles de nuestra arqueología. Y conviene remarcar lo de valor cultural único porque valorar lo robado calculando el precio de mercado de 9 o 10 kilos de oro sería una forma grotesca de no entender nada. El oro se puede comprar y vender. El Tesoro de Villena no es una mercancía, es unicum. Su valor arqueológico, histórico, científico, artístico y simbólico es incalculablemente superior al del metal precioso con el que fueron fabricadas sus piezas. Aquellos objetos nos hablaban de mucho más, de cómo podían ser las formas de vivir, los conocimientos, las creencias y rituales de nuestros antepasados. La declaración como BIC, el mayor rango que la ley otorga en el patrimonio cultural, destaca precisamente que algunas de las piezas contienen la evidencia más antigua del uso del oro y el hierro en nuestro territorio.

Por su significado y valor cultural el Tesoro de Villena trascendía a su condición de un descubrimiento local. Ni siquiera pertenecía sólo a los valencianos porque por su extraordinario valor constituía un patrimonio de la humanidad que debía conservarse para su estudio y contemplación presente y para la transmisión de conocimientos a las futuras generaciones.

Ésta es probablemente la idea esencial sobre la que se construye todo el sistema que en nuestro derecho tiene por objeto la conservación y gestión adecuada del patrimonio cultural. Somos depositarios temporales de bienes que hemos recibido de quienes nos precedieron y que tenemos la obligación moral y jurídica de transmitir a quienes vendrán después. El artículo 46 de la Constitución española lo expresa inequívocamente: los poderes públicos deben garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La propia Ley del Patrimonio Cultural Valenciano empieza afirmando que nuestro patrimonio constituye un legado de “inapreciable valor” cuya conservación corresponde especialmente a las instituciones y poderes públicos.

Y ahí aparece la primera cuestión. Si conservar constituye una obligación esencial, cuando un bien absolutamente excepcional desaparece de un museo público no basta con perseguir a los ladrones, aunque evidentemente se deba hacer porque estos son los primeros responsables del expolio. Cabe preguntarse también si quienes tenían la obligación de custodiarlo hicieron todo lo razonablemente exigible para impedir que pudiera producirse el robo. Y aquí aparece la responsabilidad por la custodia de la que también es necesario hablar. Hemos visto cómo actuaron las instituciones en el caso del Louvre. ¿Cómo se está actuando aquí? De momento, más allá de echarse la culpa unas administraciones a otras, se sabe muy poco.

El caso del Museo de Villena contiene un elemento adicional. Meses antes del 27 de agosto se habían producido otros dos asaltos a museos españoles con colecciones arqueológicas, el de Badajoz y el de Albacete. Los tres compartían el interés de los saqueadores por piezas de oro. El riesgo, por tanto, ya no debía considerarse hipotético. ¿Qué análisis de riesgos tenía el museo de Villena?, ¿había sido actualizada tras los robos de Albacete y Badajoz?, ¿se revisaron entonces las condiciones de seguridad de las colecciones de oro de los museos valencianos?, ¿quién debía hacer esta evaluación?, ¿existía vigilancia presencial?, ¿cuánto tiempo transcurrió entre la activación de la alarma y la llegada de la policía local? ¿se había realizado simulacros de intrusión?, ¿la Conselleria como responsable de Sistema Valenciano de Museos había inspeccionado las condiciones de seguridad del Tesoro y con qué resultado? ¿Comparecerá la Consellera de Cultura en Les Corts para rendir cuentas y responder a todas estas preguntas?, ¿comparecerá el alcalde de Villena?, ¿comparecerá el director?, ¿Alguien lo ha solicitado?

Porque la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano lo dice con bastante claridad de quién era la responsabilidad. La primera responsabilidad corresponde al titular y custodio del museo. El MUVI es un museo municipal. Y la ley dispone que los propietarios y poseedores de bienes incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano están obligados a “conservarlos y mantener la integridad de su valor cultural”. El incumplimiento de ese deber está incluso tipificado por la ley como infracción grave.

Pero existe una obligación aún más específica. El artículo 68 establece cuáles son las funciones esenciales de cualquier museo. Y la primera que enumera no es organizar exposiciones, atraer visitantes, realizar actividades didácticas ni incrementar las colecciones, que está muy bien, pero no, la primera función de un museo es conservar: conservar, catalogar, restaurar y exhibir sus colecciones, dice literalmente la ley, y el orden de las funciones es significativo. Sin conservación no existe colección y sin colección no hay museo.

La responsabilidad primaria corresponde, por tanto, a la institución titular: el Ayuntamiento de Villena. Pero la Generalitat también es responsable. El MUVI forma parte del Sistema Valenciano de Museos y esto tiene consecuencias jurídicas. El artículo 70.2 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano atribuye expresamente a la Conselleria competente en patrimonio cultural “la inspección y tutela” de todos los museos y colecciones integrados en el Sistema Valenciano de Museos. Y añade: las actuaciones que implican cambios en las condiciones de conservación o exposición de los fondos requieren autorización previa de la Conselleria.

Por tanto, resulta difícil sostener que todo lo que ha pasado pertenece exclusivamente al ámbito municipal. Más aun, tratándose del Tesoro de Villena. Porque no estamos ante unas piezas ordinarias de una colección municipal. Estamos ante una colección declarada Bien de Interés Cultural por el propio Consell de la Generalitat en 2005. Y la ley concede a la Generalitat instrumentos extraordinariamente poderosos para ejercer esta tutela. Efectivamente, el artículo 73.3 establece que, excepcionalmente, la Conselleria puede disponer el depósito de los fondos de un museo integrado en el Sistema Valenciano de Museos en otro centro cuando existan “razones urgentes de conservación, seguridad o accesibilidad”. ¿Hicieron nuestras instituciones todo lo que razonablemente podían y legalmente debían hacer para proteger uno de los bienes arqueológicos de la Edad del Bronce más importantes de Europa?

Si comparamos las consecuencias y formas de actuar después del robo del Louvre con las que se están produciendo aquí después del robo del Tesoro de Villena, se vuelve a evidenciar que en nuestra democracia no existe una cultura de rendición de cuentas de políticos y altos cargos de la administración. Los que corren para ponerse medallas cuando las cosas vienen bien dadas, pasan de dar explicaciones y asumir responsabilidades cuando vienen mal encaradas. Entonces, la culpa siempre es de los otros.