Los presupuestos bárbaros (y III)

La Generalitat acaba de aprobar sus presupuestos anuales para 2026. En realidad, si atendemos a que el mes de agosto es un mes inhábil, no alcanzarán a ser ni medios presupuestos, muy lejos de constituir el instrumento de planificación, dirección y ordenación racional de los gastos e ingresos vinculados con la acción pública de la tercera economía del Estado español. Serán en el mejor de los casos, un cuatrimestre de presupuesto, unas cuentas nacidas cuando buena parte del año ha transcurrido, por lo tanto, incapaces de cumplir plenamente la función anticipadora que justifica su existencia misma.

Un presupuesto, como ya se ha dicho en anteriores entregas, es el principal instrumento político de cualquier gobierno. Permite saber qué problemas considera prioritarios, qué derechos pretende garantizar, qué servicios públicos quiere fortalecer y qué grupos sociales merecen su protección. También revela, por omisión, aquello que el poder desprecia o abandona.

Las cuentas valencianas de 2026 ascienden a unos 33.305 millones de euros y fueron aprobadas siguiendo el dictado del grupo parlamentario Vox, tres veces menor en número de diputados que el grupo del PP que se supone que gobierna la Generalitat. La orientación de las cuentas no se corresponde por lo tanto con la proporcionalidad parlamentaria. Una minoría radicalizada ha impuesto su doctrina y su lenguaje, sus prioridades y su visión excluyente de la sociedad a un partido mayoritario que conserva formalmente el Gobierno, pero que carece de legitimación (la perdió durante la DANA cuando el infame del Ventorro regaló a Vox las llaves de la Generalitat) y al que no le queda más remedio que actuar como una marioneta manejada por unos nostálgicos de la dictadura franquista, un partido que el día que pueda desmontará la Constitución como ya está haciendo su padrino Trump en EEUU.

Basta un sencillo ejemplo que a simple vista puede parecer una nimiedad por su escasa entidad económica pero que en el fondo representa un nivel inusitado de perversidad. Se trata de la reducción de 10.000 euros en la subvención destinada a una entidad asistencial sin ánimo de lucro como la Cruz Roja, que ha estado presente desde hace más de ciento cincuenta años en todas las emergencias, fueran guerras o catástrofes.

Pero esta maldad no nos debería sorprender pues la llevan en su ADN ideológico. Sobran antecedentes, como el de aquel conseller de Zaplana y ex alcalde de Orihuela condenado a cuatro años de cárcel por robar 8 millones de pesetas a unas monjas de la caridad aprovechándose de su cargo. O aquel otro siete veces conseller, condenado a seis años de cárcel, cuya banda de desalmados que él dirigía desde su despacho se apropió de las subvenciones destinadas a construir un hospital en un Haití devastado por un terremoto, el cólera y la pobreza endémica; también de los fondos de cooperación que debían financiar la lucha contra enfermedades contagiosas en África. De aquel sumario judicial (caso Blasco) nos quedó para vergüenza del género humano la frase “antes nosotros que los negratas” expresión que podría constituirse en la declaración fundacional de esa barbaridad llamada prioridad nacional consagrada por estos seudo presupuestos de la Generalitat.

Desde un punto de vista estrictamente cuantitativo, los 10.000 euros que han quitado a la Cruz Roja son una cantidad insignificante dentro de un presupuesto de más de 33.000 millones. Precisamente por ello, la decisión resulta todavía más obscena. No existe una justificación económica. Nadie puede sostener seriamente que las cuentas de la Generalitat dependan críticamente de retirar esa cantidad a Cruz Roja cuando ese mismo presupuesto consigna partidas que suman 1,03 millones de euros para actividades relacionadas con la tauromaquia, doblando la cantidad del ejercicio anterior, a la vez que han reducido un 10% las partidas destinadas a la prevención de incendios forestales, mayor barbaridad imposible.

También consignan 90.000€ para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la entidad nada benéfica que le regaló al president de la Generalitat las dos entradas (que sepamos) para asistir al mundial y que según diversas fuentes costaron entre 4.000 y 8.000 euros cada una. La falta de transparencia impide tener certeza del verdadero coste. Si aplicáramos la nueva doctrina sobre malversación de la Sala segunda del Tribunal Supremo (caso procés) podríamos afirmar que el president se ha enriquecido en esos 8.000 euros pues es lo que no ha tenido que pagar de su bolsillo gracias a un regalo que nada tiene que ver con los usos sociales ni las responsabilidades del cargo. Si quisiéramos relacionar ese regalo con la aparición en los presupuestos de la partida de 90.000 euros en beneficio del donante, la RFEF, alguien podría estar pensando que ha existido tráfico de influencias o incluso cohecho. En derecho como en economía todo termina siendo una elección ideológica con la que se puede medir la catadura moral de sus protagonistas.

Cruz Roja es una de las organizaciones humanitarias con mayor presencia territorial y capacidad de movilización ante desastres. Sus voluntarios y profesionales suelen encontrarse entre los primeros en acudir cuando se produce una catástrofe y en aportar medios para asistir a quienes lo necesitan ante una emergencia. Lo hizo durante la DANA, y lo está haciendo en los incendios de ahora, asistiendo a la población desplazada, ayudando en los primeros auxilios. Cruz Roja asiste también a pie de muelle o de playa a los migrantes que consiguen llegar vivos a nuestras costas, seguramente ese debe ser su pecado para esa ultraderecha deshumanizada. Es el mismo pecado que se le echa en cara a Cáritas y otras ONG humanitarias. No se les perdona que ayuden a personas desamparadas y vulnerables, muchas de ellas migrantes que huyen de guerras y miserias muy relacionadas con el pasado colonial de sus lugares de origen.

En un país todavía marcado por la catástrofe del 29 de octubre de 2024, reducir una ayuda destinada a emergencias no constituye un mero asunto contable, más bien se convierte en una declaración de falta de principios. La partida sustraída a Cruz Roja no busca atender una necesidad inmediata de la ciudadanía ni mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante futuras emergencias. Servirá para financiar un estudio cuyo planteamiento ya contiene una orientación previa: vincular delincuencia con emigración. Cuando el poder decide de antemano qué fenómenos quiere asociar, existe el riesgo de que no esté buscando conocimiento, sino una apariencia técnica con la que legitimar un prejuicio. Tal vez nunca 10.000 euros hayan explicado con tanta claridad la orientación inmoral de un presupuesto y sus promotores.

Estos presupuesto han dejado de concebir la acción pública como un instrumento de cohesión social para utilizarla como un medio para clasificar y discriminar a la población mediante la introducción de la llamada “prioridad nacional”, una reivindicación de Vox aceptada por el Partido Popular en la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, la conocida como ley de acompañamiento, aplicable a ámbitos como la vivienda, los servicios sociales, la sanidad y la Renta Valenciana de Inclusión. Sus promotores saben de la ilegalidad del término e intentan evitar un choque frontal con la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos recurriendo a conceptos como “arraigo”. Pero una discriminación no deja de serlo porque se construya un lenguaje “ad hoc” que lo disimule.

La Declaración Universal de Derechos Humanos no habla de nacionales privilegiados y extranjeros subordinados. Habla de seres humanos. Su artículo 1 afirma que todos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El artículo 2 establece que toda persona posee los derechos y libertades proclamados en la Declaración sin distinción por raza, color, idioma, religión, origen nacional o social o cualquier otra condición. El artículo 7 proclama la igualdad ante la ley. El artículo 22 reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social. Y el artículo 25 reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado que garantice la salud, el bienestar, la alimentación, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Por su parte la Constitución sitúa en su artículo 10.1 la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad como fundamentos del orden político y de la paz social. Su apartado segundo obliga a interpretar los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España

La llamada prioridad nacional vulnera la Constitución pues invierte el fundamento moral de esta concepción. En lugar de partir de una humanidad común y atender a cada persona según su necesidad, comienza preguntando quién pertenece, desde cuándo pertenece y qué méritos ha acumulado para ser considerado digno de ayuda.

Exigir largos periodos de residencia para acceder a determinadas prestaciones puede perjudicar no solo a personas extranjeras migrantes, sino también a trabajadores desplazados, jóvenes emancipados, víctimas de violencia que cambian de domicilio, familias retornadas, funcionarios trasladados, militares sometidos a movilidad geográfica o ciudadanos españoles llegados recientemente desde otro país o comunidad autónoma.

El concepto de prioridad nacional es, además, particularmente impropio en una comunidad autónoma. La Generalitat no atribuye la nacionalidad española ni puede establecer categorías autonómicas de ciudadanía que alteren el estatuto de derechos definido por la Constitución y la legislación estatal e internacional. Una comunidad autónoma puede organizar sus servicios, establecer requisitos razonables y atender situaciones objetivas de necesidad. Lo que no debe hacer es utilizar sus competencias para introducir una jerarquía ideológica entre seres humanos.

Que los servicios públicos van a colapsar por la migración es uno de los mantras con los que nos machacan para que no se hable de sus rebajas de impuestos a las grandes fortunas que debilitan precisamente el sostenimiento de esos servicios públicos. Otro mantra traslada a la migración la escasez de viviendas, una forma de ocultar que las escasas viviendas de protección pública que se construyen se las reparten descaradamente entre ellos tal y como acredita el caso vergonzante de las VPO del ayuntamiento de Alicante. La migración es la cortina de humo ideal para manipular a la población, fascinar a los ignorantes, reducir derechos, colonizar las instituciones y apropiarse de los recursos públicos. La migración está ocupando hoy el espacio que en su día ocuparon los judíos.