El PP y Vox descartan cambios legales “apresurados” en València para que los concejales informen de su actividad privada

“No es momento de hacer cambios apresurados al final del mandato”. Con este curioso argumento despacharon este miércoles 23 de septiembre el PP y Vox una propuesta de Compromís que pretendía dar herramientas al Ayuntamiento de València para fiscalizar las actividades privadas de los concejales y concejalas autorizadas por el pleno.

Como informó elDiario.es, Compromís llevó una moción a la comisión de Hacienda por medio de la cual propone una serie de cambios normativos a fin de que el consistorio cuente con mecanismos legales que permitan contrastar que los ediles cumplen con las condiciones establecidas en las compatibilidades que se les otorgan para que puedan desempeñar una segunda actividad privada, siempre que sea marginal y que no afecte a su labor pública.

Sin embargo, según diversas fuentes consultadas por este diario, tanto el PP como Vox, con mayoría en las comisiones, rechazaron la propuesta con el argumento de que el actual modelo se aprobó por el anterior ejecutivo de izquierdas dirigido por Joan Ribó y que “no es momento de hacer cambios apresurados al final del mandato”, sin entrar en el fondo de la cuestión sobre la idoneidad de la medida.

La propuesta venía a colación de una resolución del Síndic de Greuges en la que concluye que el Ayuntamiento debe comprobar que “las condiciones impuestas en la declaración de compatibilidad” por la que se autorizó al portavoz municipal de Vox, José Gosálbez, a realizar una actividad privada marginal se cumplen “en todo momento”.

Gosálbez, a través de su despacho de abogado, firmó poco después de obtener la compatibilidad un contrato de asistencia jurídica en materia urbanística con el Colegio de Ingenieros Industriales de València (COGITI), del que no informó y que fue destapado por elDiario.es. Se da la circunstancia de que el edil es el representante del partido ultra en la Comisión de Urbanismo. El concejal se ha negado a hacer público el contrato, así como las condiciones en cuanto a horarios y remuneración que desde la oposición han venido reclamando para comprobar si cumple las condiciones de la compatibilidad aprobada.

Al respecto, el concejal de Compromís, Ferran Puchades, ha lamentado que “nuevamente el Gobierno de alcaldesa María José Català ha tapado las vergüenzas de Gosàlbez y ha votado contra la moción presentada por Compromís para que el Ayuntamiento siguiera la recomendación hecha por la Sindicatura de Agravios para que la oposición pueda conocer el contrato de asesoramiento jurídico que tiene firmado el regidor de Vox y que compatibiliza con su dedicación exclusiva a cargo del erario público”.

Según Puchades, “esta es una nueva muestra de la nueva etapa de oscuridad y obstaculización al trabajo de control que tiene encargada la oposición y que pone de manifiesto cómo Català y sus socios, prefieren anular cualquier acción de transparencia antes de mostrar a la ciudadanía cuánto cobran y por qué actividades privadas cuando tendrían que hacerlo en exclusiva al servicio público”.

Para el edil de Compromís, “el cinismo de la derecha ha llegado a su extremo cuando aducen como único argumento para negarse a admitir la moción que quedaba muy poco de tiempo para acabar el mandato cuando, desde diciembre de 2023, durante el pleno en que se aprobó la compatibilidad de Gosàlbez, desde Compromís ya exigimos cambiar la normativa para garantizar la transparencia de las retribuciones y dedicación de las actividades privadas”.