11 de noviembre: huelga por aulas y techos

La falta de acceso a la vivienda constituye una de las principales causas de desigualdad y empobrecimiento en España. Por ello, la huelga general del próximo 11 de noviembre merece una reflexión sobre cómo la vulneración de ese derecho afecta a otros muchos aspectos de nuestra vida. Y la educación es, quizá, uno de los más importantes.

Hace dos meses, con la publicación del Informe PISA 2025 y los resultados de España en él, llegó la previsible vorágine de titulares catastrofistas y sensacionalismo barato. No voy a detenerme en los enormes problemas metodológicos y sesgos de este sistema de evaluación. Evidentemente, nadie niega que la enseñanza presenta enormes desafíos y problemas, pero sería bueno recordar que PISA no es la mejor herramienta para identificarlos.

No obstante, pese al ruido y distorsiones del informe, hay algo interesante en él que nos remite a la crisis de la vivienda: el ISEC o “Estatus Social, Económico y Cultural”. Por ejemplo, en el análisis del desempeño en ciencias, los centros privados obtenían mejores resultados que los públicos, ahora bien, descontado el ISEC de centros y alumnado (es decir, cuando se “igualaba” estadísticamente la realidad socioeconómica de centros públicos y privados, dado que estos últimos acogen a mucho menos alumnado vulnerable) esta brecha se reducía y, en casos como la Comunitat Valenciana, aparecían mejores resultados en la pública. Aunque resulte paradójico, la educación pública, pese a contar menos recursos y más alumnado vulnerable, continúa ofreciendo niveles de calidad y éxito académico similares o superiores a la privada. El problema, sin embargo, es que lo hace abandonando involuntariamente a demasiado alumnado por el camino a causa de la aberrante falta de recursos. Y lo hace, también, a base de la sobrecarga laboral y deterioro de la salud mental de cada vez más docentes.

En cualquier caso, el hecho de que las condiciones sociales, económicas y culturales del alumnado condicionan sus resultados no supone ninguna novedad. Los redactores de PISA (que distan de ser revolucionarios) reconocen una evidencia largamente demostrada: “(...)el estatus socioeconómico de un estudiante continúa siendo uno de los predictores más poderosos y consistentes de éxito académico” (PISA 2025).

Por tanto, no hay que estrujarse mucho los sesos para intuir que la crisis de vivienda impacta en el derecho a la educación. En un análisis realizado en 2020 sobre las (ficticias) posibilidades de la enseñanza a distancia durante la pandemia, Jesús Rogero señalaba que, en España, el 40% del alumnado vivía “en un hogar sin condiciones adecuadas para el estudio” (el 42% en la muy turística e inmobiliaria Comunitat Valenciana). Además, estos datos no reflejan la realidad de estudiantes amenazados de desahucio y/o que acaban viendo como el mercado de la vivienda les expulsa de sus municipios y centros educativos (sería interesante, por cierto, analizar cuánto alumnado se ve desplazado por esta razón y qué impacto está teniendo tanto en los propios estudiantes como en los centros receptores). Daños que, además, se pueden magnificar en casos de estudiantes que requieran especial estabilidad y acompañamiento. Cifras que, huelga decir, tampoco computan la situación de docentes que sufren la precariedad habitacional con su consiguiente impacto en la vida personal y laboral.

La escuela pública siempre se ha entendido como un motor de equidad social que debe ofrecer a a cualquier estudiante las mismas oportunidades que al resto. Pero esta es una promesa vacía cuando la vida del estudiante está dominada por la precariedad. Por ello, los mismos revolucionarios ilustrados que, como Condorcet, afirmaron que la enseñanza debía tener como primer objetivo

“hacer real la igualdad política reconocida por la ley”, entendieron que esa igualdad era una estafa si no se garantizaban condiciones de vida que nos hicieran libres. Y la vivienda es, sin duda, una de las más importantes.

Educación y vivienda no son, pues, dos problemas independientes, sino diferentes expresiones de un mismo desafío: el de la desigualdad derivada de un modelo político que antepone los beneficios de una minoría a los derechos de la ciudadanía. La misma ideología que ha promovido los recortes en la educación pública y el dopaje de la privada, es la que ha hecho que la vivienda y su mercado estén regulados a favor de los fondos buitre y no de la gente común. Por eso mismo, ambas reivindicaciones comparten también soluciones similares: ni educación (o sanidad) ni vivienda serán derechos reales sin un drástico aumento de la inversión pública que los blinde.

El curso pasado, la huelga educativa valenciana, pese a sus pírricos logros inmediatos, obtuvo un éxito que conviene recordar: (re)organizar, ampliar y cohesionar un movimiento social fortísimo en torno a la defensa de la educación pública que ha alterado radicalmente la agenda política valenciana. Puede parecer poca cosa, pero las victorias que tal vez consigamos en el futuro serán, en parte, gracias a lo realizado el curso pasado. La docencia más digna es la que nunca se conformó con enseñar el mundo como es, sino que aspira también a dar herramientas para acercarlo a lo que debe ser. La huelga educativa hizo, en el mejor legado de Paulo Freire, “pedagogía de los sueños posibles” al hacer que mucha gente entendiera que la educación pública no tiene por qué estar condenada a la precariedad; que es posible dignificarla, cuidarla y gestionarla de otra forma.

Por eso, pese al sacrificio y la comprensible fatiga económica y/o emocional, de muchas y muchos docentes que, el pasado curso, dieron sus mejores clases protestando en las calles, merece la pena, dentro de las fuerzas y posibilidades de cada cual, contribuir a la huelga general de este 11 de noviembre. Porque luchar por el derecho a techo es, también, hacerlo por aulas dignas, justas y seguras.