La denuncia contra Llorca pide que declare el socio ruso de su padre y apunta a contratos irregulares a un amigo del PP
La denuncia del PSPV-PSOE contra el president Juan Francisco Pérez Llorca ve presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración y cohecho en los dos contratos que el actual jefe del Consell, siendo alcalde de Finestrat, adjudicó al bufete de su amigo David Serra, exdiputado del PP condenado en el 'Caso Gürtel'. El mismo bufete, con sede en el centro de València, representa a la familia del president en la batalla por el control del hotel que poseen en La Vila Joiosa contra su socio hispano-ruso, Konstantin Sokolov. Sokolov y el padre del presidente de la Generalitat comparten el 50 % de la firma Costa Joenense Gestión de Hoteles SL. La denuncia emplaza al Ministerio Público a tomar declaración a un único testigo: Sokolov. Serra fue objeto de seguimientos que aparecen detallados en el dosier interno contra Pérez Llorca desvelado por este periódico, concretamente en encuentros con el director general de Urbanismo de la Generalitat, Miguel Ángel Ivorra.
La denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se presentó este martes ante el Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, adscrito al alto tribunal autonómico, cuya Sala de lo Civil y Penal es el único órgano capacitado para evaluar si existen indicios suficientes de delito para investigar a un aforado como Pérez Llorca.
Los socialistas valencianos esgrimen que en los dos contratos, adjudicados por un importe total de 320.000 euros al bufete de David Serra (y destapados por este diario hace más de dos años), el despacho del exdiputado popular no era inicialmente ni siquiera la oferta más barata. De hecho, en el segundo contrato, adjudicado en 2023, el bufete de Serra se presentó “sin alcanzar la solvencia económica exigida” y recibió puntuación en la licitación “por unos servicios que el pliego expresamente excluía” y “a un precio un 50% superior al del primer contrato”, según indica la denuncia del PSPV-PSOE.
“Por si estos indicios no fuesen suficientes, el informe de valoración fue firmado digitalmente cinco días después de que la Mesa [de contratación] lo aprobara y de que se abrieran las ofertas económicas”, apostilla.
Además, la denuncia sostiene que el abogado Juan Carlos Molina, uno de los socios del bufete de Serra, ya ejercía previamente al primer contrato adjudicado en 2018 como letrado del Ayuntamiento de Finestrat. También “durante la ejecución de ambos contratos”, agrega. Molina sería, según la denuncia, el único socio del bufete que cumplía la exigencia del pliego de una antigüedad en la colegiación de, al menos, 15 años.
“Corresponde a la investigación determinar en virtud de qué encargo o contrato actuaba antes de 2018 y si el [primer contrato] se diseñó para un adjudicatario ya conocido”, afirma la denuncia.
En ambas adjudicaciones ganadas por el bufete de David Serra (casado con Magdalena González La Red, vicepresidenta segunda de las Corts Valencianes y mano derecha de Pérez Llorca en el grupo parlamentario popular), los competidores que presentaron ofertas más baratas fueron excluidos por “razones de trámite” (en concreto, por diferencias sobre el cómputo del plazo de la notificación de la documentación). Sin embargo, en la primera licitación, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales inadmitió el recurso de la empresa excluida, dando vía libre a la adjudicación.
El PSPV-PSOE también ha detectado que el bufete no alcanzaba el umbral mínimo de volumen anual de negocio impuesto por los pliegos del Ayuntamiento de Finestrat; tampoco consta que la mesa de contratación lo verificara antes de adjudicar el contrato al despacho.
De la decena de contratos públicos obtenidos por el bufete, por un monto total de 411.900 euros, los dos adjudicados por el Ayuntamiento de Finestrat suponen un 78% de la facturación global a clientes municipales. La firma también obtuvo tres contratos menores para asesoría urbanística por parte del Ayuntamiento de Polop, gobernado por el PP.
“Sólidos indicios” de una “triangulación profesional”
La denuncia repasa la relación del despacho con los negocios de la familia de Pérez Llorca, representada por el bufete de David Serra, y sitúa el foco en la disputa con el socio hispano-ruso, Konstantin Sokolov. También recuerda que Juan Francisco Pérez Llorca fue apoderado del hotel de La Vila Joiosa, erigido en epicentro de la batalla mercantil con Sokolov.
El PSPV-PSOE ve “sólidos indicios” de una “triangulación profesional” entre el actual jefe del Consell y exalcalde de Finestrat, el despacho de Serra y la gestión del hotel, una hipótesis que, además, cuestionaría el hecho de que Pérez Llorca, siendo primer edil de la localidad de la comarca de la Marina Baixa, no se abstuviera a la hora de adjudicar el contrato municipal precisamente a ese despacho.
La denuncia solicita al fiscal José Ortiz que investigue la facturación del bufete, los expedientes de adjudicación del Ayuntamiento de Finestrat, la empresa propiedad de la familia de Pérez Llorca dueña del hotel y que se tome declaración en calidad de testigo a Sokolov.
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