Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE de Extremadura: “Tenemos el Gobierno más facha de España”

Álvaro Sánchez Cotrina lleva siete meses al frente del PSOE de Extremadura, una organización que viene de cosechar sus peores resultados electorales en una comunidad históricamente socialista y que todavía arrastra las consecuencias de una profunda crisis interna, que se inició tras la salida de Guillermo Fernández Vara y tocó tras la imputación de Miguel Ángel Gallardo, ex secretario general y expresidente de la Diputación de Badajoz, por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la institución provincial.

Su primer gran examen llega con las elecciones generales del 29 de noviembre, una cita inesperada, y con el reto de recomponer un partido que aspira a recuperar la centralidad política en la región, según sus palabras. Sánchez Cotrina ha elegido un discurso de confrontación directa con María Guardiola, a quien acusa de haber entregado la Junta de Extremadura a Vox. Y asegura: “PP y Vox son ya lo mismo”.

Desde el PSOE se está advirtiendo de que Extremadura tiene ya un Gobierno de PP y Vox y lo utiliza como ejemplo de lo que podría ocurrir en España. ¿Qué ocurre en Extremadura?

Lo que está sucediendo es que no hay ni un solo avance en absolutamente nada. Tenemos los mayores presupuestos de la historia de Extremadura, como consecuencia también de la mayor inversión del Gobierno de España en nuestra comunidad autónoma, pero no vemos que Guardiola tenga un plan para avanzar en esta región. Para retroceder, en cambio, tenemos infinidad de propuestas encima de la mesa.

¿Qué problema ha solucionado este Gobierno? No hay ni un solo avance. Tenemos a la gente en la calle: la Administración General, los docentes, los MIR, las urgencias de Cáceres... También las trabajadoras de limpieza del SEPAD llevan meses sin cobrar a través de las empresas externalizadas. En otros sectores económicos hay conflictos laborales, las carreteras regionales están abandonadas y también se están recortando los fondos del Consejo de la Juventud de Extremadura. Hay difamación continua, polarización y entrega de las batallas culturales a la ultraderecha a cambio de absolutamente nada. Me niego a que sigamos en una comunidad autónoma en la que le entregamos todas las batallas culturales a la ultraderecha porque tenemos a una presidenta que está cómoda gobernando con quienes acaban teniendo la voz cantante.

¿Tanto condiciona Vox, con solo dos consejerías, el Gobierno de Guardiola?

La presidenta siempre que tiene que elegir entre Extremadura y Vox elige a Vox. Cuando dice a los extremeños que es la líder moderada del centroderecha español, les está mintiendo. Ha sido la primera que ha abierto las puertas a la ultraderecha hasta el final, tanto en 2023 como en 2025. No le han importado los salarios de la homologación de los docentes, ni reforzar la sanidad pública en nuestros pueblos a través de la atención primaria, ni mejorar la financiación municipal. Tampoco recuperar la cooperación internacional o los consensos básicos para evitar que nuestros jóvenes se marchen.

Recordamos a aquella Guardiola que decía que nunca gobernaría con los matones de la clase, que llamaba machista a Abascal y que al día siguiente decía que su feminismo era el mismo que el de Santiago Abascal. Por mucho que intenten blanquearlo o maquillarlo, el perfil que ella imprime al Gobierno es ese: le deja lo duro a Vox y ella aparece en las fotografías más complacientes o con un perfil más neutro. Nosotros estamos intentando retratar a la presidenta y abrirle los ojos a la sociedad extremeña. En Extremadura tenemos el Gobierno más facha que puede haber ahora mismo en el conjunto de las 17 comunidades autónomas de este país.

La presidenta siempre que tiene que elegir entre Extremadura y Vox elige a Vox

Ante este escenario que dibuja, ¿estaría justificado un cordón sanitario del PSOE a Vox si fuera necesario tras el 29N?

Habría que ver el contexto de cómo se pronuncian los electores el 29 de noviembre, pero nos lo están poniendo muy complicado porque el PP y Vox hoy son lo mismo. Es muy difícil decir que vamos a hacer un cordón sanitario a la ultraderecha cuando el PP ya ha entrado en sus postulados máximos, por lo que creo que es opción que sería ahora mismo imposible. No me planteo que el escenario de hace un año aquí en Extremadura lo podamos replicar en España.

Se refiere a que el pasado diciembre, después de perder las elecciones autonómicas, usted rechazó que el PSOE facilitara la investidura de Guardiola. Meses después, sin embargo, le ofreció un acuerdo presupuestario a cambio de que expulsara a Vox del Gobierno. ¿No hay una contradicción?

Jamás hubiera hecho presidenta a Guardiola con nuestros votos, porque creo que ni lo merecía ni coincidíamos en que una abstención sirviese para apuntalar a un Gobierno de derechas en esta comunidad autónoma. Otra cosa es que, siendo ella presidenta, le planteáramos un acuerdo político y presupuestario que representaba a muchas capas sociales. Me reuní con toda la sociedad civil y económica de esta región y recogí propuestas coherentes con nuestro ideario político. Le dijimos que podían salir adelante las cuentas con nuestra abstención, pero le exigíamos que echara a Vox del Gobierno. Lo que queríamos era retratar a Guardiola. Demostrar que cuando tiene que elegir entre ser esa presidenta moderada que dice que es o escorarse hacia la ultraderecha, acaba eligiendo siempre lo segundo. Ella dijo que no, que tenía un plan: seguir gobernando con la ultraderecha y aceptar todos sus postulados.

¿Puede el PSOE extremeño dar por superada la crisis interna tras la salida de primera línea de Guillermo Fernández Vara, el liderazgo de Miguel Ángel Gallardo y el caso de David Sánchez?

Venimos de una situación de dificultad y no la ocultamos ni la maquillamos. Ha sido un momento muy duro para nuestra organización, con los peores resultados electorales de nuestra historia. Lo que estamos haciendo es trabajar todos los días, de abajo arriba, para reconstruir este proyecto. El PSOE ha sido siempre la referencia política de esta región, no solo para los socialistas, sino también para la mayoría de los votantes progresistas y de quienes entendían que éramos el partido que más se parecía a la ciudadanía extremeña. En estos primeros siete meses como secretario general estamos intentando volver a ofrecer alternativas para convertirnos de nuevo en una referencia. En nuestro comportamiento también estamos demostrando que solo con nosotros es posible plantear estabilidad para esta región. Hemos propuesto acuerdos a Guardiola que han pasado totalmente desapercibidos porque está instalada en la negación absoluta.

Quien la hace, la paga y a la calle. Esa es la respuesta que estamos dando ante los casos de corrupción

¿Cree que afronta un desgaste electoral que no tiene nada que ver con usted?

Es posible, pero los electores cada vez diferencian más el voto. Todo el mundo sabe a quién está votando: al presidente del Gobierno y también a una candidatura en Cáceres y otra en Badajoz. Las ejecutivas provinciales han elaborado dos candidaturas potentes al Congreso y al Senado, con gente de amplia experiencia y una renovación total respecto a otras convocatorias. Son perfiles que representan los problemas del día a día: la vivienda, los salarios o las dificultades para acceder a una hipoteca. Hay candidatas jóvenes que viven en municipios pequeños y conocen esos problemas de primera mano. Queremos sumar voces que representen a la sociedad civil extremeña. Pero está clarísimo que en estas elecciones quien se examina es el presidente del Gobierno y que lo que está en juego es si queremos que Extremadura y España avancen o retrocedan.

Una de las frases que le han acompañado es que no es “ni sanchista ni antisanchista”. ¿Cree que Pedro Sánchez y la dirección federal han respondido con suficiente contundencia a los casos de corrupción que han afectado al PSOE?

Al día siguiente de conocerse los casos por los que se denunciaba a determinados personajes del PSOE, se les abrió la puerta y los expulsamos del partido. El presidente del Gobierno se hizo cargo de la situación, extirpando a quienes se habían aprovechado de las siglas para hacer un uso indebido de la política y beneficiarse personalmente. Nos asquea todo lo que tiene que ver con la corrupción. Creo que la Ejecutiva Federal y el propio secretario general han atacado esos casos de una manera inmediata. Eso no lo estamos viendo en otros partidos políticos. La respuesta ante las manzanas podridas de una organización es lo que diferencia a unos de otros: quien la hace, la paga y a la calle.

¿Tiene cuentas pendientes el Gobierno de España con Extremadura? El PSOE ha gobernado ahora ocho años y algunas reivindicaciones históricas, como el tren o la financiación autonómica, siguen sin resolverse.

Por supuesto que tenemos cuentas pendientes, por ejemplo de deuda histórica con una región que ha contribuido a levantar otras tierras en lugar de la suya propia. El franquismo expulsó el capital humano de esta región para utilizarlo como mercancía y cultivar cuatro fincas, sin darle poder industrial a esta tierra. Nos echaban para levantar otras tierras y ahora ha llegado el momento de que esa deuda histórica se vaya apuntalando. Pero tenga en cuenta que cada vez que hay un Gobierno socialista mejora la inversión en Extremadura. Los gobiernos del PP son los que han penalizado esa inversión.

También tenemos retos en infraestructuras y vamos a pelear por una mejor financiación autonómica, teniendo en cuenta las singularidades de nuestra región. No puede ser que sigamos alimentando las fábricas de Madrid a través de nuestra producción energética sin que eso tenga un beneficio para esta tierra. Y respecto al tren, evidentemente necesitamos mayor agilidad, pero este Gobierno ha puesto 2.000 millones de euros encima de la mesa en la red ferroviaria y 100 millones para arrancar las obras de la autovía entre Cáceres y Badajoz. La diferencia con otros es la inversión real frente a la palabrería política. En campaña electoral seguiremos reivindicándoselo al presidente del Gobierno.

La presidenta no tiene que defender la cuenta de resultados de las eléctricas, tiene que defender a los extremeños y extremeñas

¿Se puede reclamar una mejor financiación autonómica al Gobierno central y, al mismo tiempo, perdonar más de 130 millones de euros a las empresas eléctricas propietarias de Almaraz?

No se puede. Es un insulto a la inteligencia de los extremeños y de los españoles, y demuestra que María Guardiola ha perdido toda la autoridad moral y política. No puede pasar del túnel de Miravete para arriba con coherencia. Le dice a España que tiene que financiarnos mejor con recursos externos mientras que, con nuestros propios recursos, tira por la borda la capacidad fiscal que nos dimos en 1997 con la creación de la ecotasa para amortiguar los déficits históricos. Quienes más tienen no pueden pagar menos. Con esos ciento y pico millones de euros que se les bajan a las eléctricas, que ganan miles de millones de beneficios, podríamos contratar mañana a 502 médicos o construir 213 viviendas protegidas en Extremadura para que los jóvenes puedan emanciparse.

Guardiola se ha rendido al chantaje político de las empresas, a diferencia del Gobierno de España, que no les ha perdonado ningún impuesto, les ha puesto requisitos y ha garantizado que Almaraz continúe sin aceptar chantajes.

Guardiola sostiene que esa rebaja fiscal es necesaria para mantener los empleos de la central nuclear de Almaraz. ¿No es un argumento válido?

No, porque es comprar el chantaje permanente. La presidenta no tiene que defender la cuenta de resultados de las eléctricas, tiene que defender a los extremeños y extremeñas. A las eléctricas hay que plantarles cara para defender el empleo y los intereses de esta tierra, no dejarse amenazar a la primera de cambio y bajar los brazos.

¿Está de acuerdo el PSOE con una prórroga de Almaraz?

Siempre hemos defendido las prórrogas de Almaraz si cumplen determinados requisitos: que el Consejo de Seguridad Nuclear dictamine que la planta es segura, que no suba la factura de la luz a los usuarios y que se mantengan los empleos y las inversiones. Por nosotros no hay ningún problema en que Almaraz continúe hasta 2030 o hasta 2035. Lo que queremos es que las empresas no jueguen con la opinión pública y sean claras con sus planes de inversión. Seremos favorables a las prórrogas siempre que se cumplan las condiciones fijadas por el Gobierno.