El portavoz de Vox en València trabaja para el Colegio de Ingenieros a pesar de tener dedicación exclusiva como concejal
El segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, José Gosálbez, ha suscrito un contrato de asistencia jurídica con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI) a pesar de tener dedicación exclusiva como concejal con un sueldo de 85.277 euros brutos anuales.
Con todo, el pleno municipal de diciembre de 2023 le aprobó una compatibilidad para desempeñar la función de abogado. Aunque inició el mandato con una dedicación parcial del 75% y un sueldo de unos 70.000 euros, meses después solicitó la obtención de la dedicación exclusiva y una compatibilidad para seguir ejerciendo de letrado, como una actividad supuestamente marginal. Así, gracias al voto de calidad de la alcaldesa, puesto que Gosálbez no podía participar en ese punto de la sesión, obtuvo el visto bueno del pleno y pasó a cobrar el 100% del sueldo público correspondiente a la dedicación exclusiva (85.277 euros).
Fuentes oficiales tanto del grupo municipal de Vox como del COGITi han confirmado a elDiario.es que existe esa vinculación contractual y que está amparada por la compatibilidad aprobada en el mencionado pleno. Sin embargo, ninguna de las partes ha querido dar detalles sobre la cuantía del contrato, cuando se firmó y si se le ha comunicado al secretario municipal, aspectos clave para determinar si se cumple la compatibilidad otorgada y con esa supuesta marginalidad de la actividad privada.
Según el punto cuatro del artículo 16 de la Ley de Incompatibilidades, “podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica”.
Además, podría incurrir en incompatibilidades si Gosálbez hubiera adjudicado contratos a empresas o empresarios de ingeniería industrial vinculadas al COGITI. El apartado 1A del artículo 15 establece que la persona beneficiaria de la compatibilidad no podrá ejercer “el desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público”.
El perfil Linkedin de Gosálbez afirma que es “abogado autónomo” y que cuenta con “despacho propio aperturado en 2007, tramitando asuntos tanto en materia de urbanismo y contencioso-administrativo, como también en cuestiones de derecho civil en general, especialmente en resolución contractual, reclamaciones de cantidad, arrendamientos, propiedad horizontal, herencias, divorcios”. Entre sus especialidades destaca también los temas urbanísticos, “defendiendo tanto los intereses del agente urbanizador y de propietarios o interesados particulares en los mismos”. Sin embargo, no existe ninguna página web operativa del despacho y la página de Facebook Gosálbez y Paya Abogados está sin actualizar desde 2013. Tampoco figura con esta denominación en el registro mercantil.
El pasado 25 de febrero el COGITI anunció en su página web el acuerdo suscrito con “un prestigioso despacho de abogados de Valencia” y explicó: “Con más de 30 años de experiencia, éste ofrece una amplia trayectoria en el ámbito jurídico, proporcionando una atención personalizada a las necesidades específicas de COGITI Valencia y sus miembros. Este acuerdo permitirá brindar asesoría jurídica personalizada a los colegiados a través de email y un novedoso sistema de WhatsApp, sobre temas como las atribuciones profesionales de los ingenieros técnicos industriales (ITI) o consultas sobre Urbanismo”.
Las consultas “serán respondidas en un plazo de 24 a 48 horas; los colegiados que se hayan identificado podrán solicitar una visita o reunión en el despacho de abogados para tratar asuntos específicos, según los términos acordados con COGITI Valencia. A través del chat, también se facilitará una cita en el despacho a la mayor brevedad posible”. Como novedad, “el equipo de abogados atenderá cuestiones relacionadas con urbanismo”.
Además de Gosálbez, cuentan con compatibilidad autorizada los concejales, también de Vox, Cecilia Herrero, y Juan Manuel Badenas. También la obtuvieron Carlos Mundina, Rocío Gil y María José Ferrer San Segundo y la propia Catalá del PP; y Borja Sanjuan y Elisa Valía del PSPV, quien no ha hecho uso de ella.
El Síndic resuelve que se debe identificar a los clientes
El concejal de contratación del Ayuntamiento de València deberá hacer pública la identidad de las empresas con las que trabaja como abogado. El Síndic de Greuges, el defensor del pueblo valenciano, ha emitido una resolución motivada por una denuncia de la concejala del PSPV Elisa Valía en la que señala que el consistorio debe revelar con qué mercantiles tiene relación laboral José Marí Olano, edil responsable de la Mesa de Contratación, que reparte los contratos públicos. La resolución podría sentar un precedente y obligar también al resto de concejales, como el caso de Gosálbez, a informar de las empresas con las que trabaja desde su despacho de abogado.
La cuestión, que resulta una evidente obligación en materia de transparencia para evitar conflictos de intereses ha costado meses de clarificar. El Ayuntamiento y el propio edil han negado de manera reiterada información a los concejales de la oposición sobre sus vínculos laborales, alegando que se debe respetar el secreto profesional de la abogacía. Marí Olano se ha abstenido de numerosos procesos para evitar conflictos de intereses, según el mismo ha hecho constar en este órgano, en contratos de gran calado. En uno de esos procedimientos, el edil “olvidó” abstenerse y tuvo que presentar un escrito a posteriori, reconociendo el error.
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