El Síndic de Greuges abre investigación por la opacidad del concejal de contratación de València, que oculta con qué empresas trabaja

El Síndic de Greuges la Comunitat Valenciana, la figura que encarna al defensor del pueblo en la autonomía, abre investigación por la opacidad del concejal de contratación del Ayuntamiento de València. La institución que dirige Ángel Luna ha admitido a trámite una queja del grupo socialista en el consistorio por la negativa del concejal, José Marí Olano, y la Administración a facilitar información sobre las abstenciones en el órgano de contratación. El propio concejal se ha apartado de seis procesos por vínculos profesionales con empresas que concurren a las licitaciones públicas, entre ellas dos de los contratos más cuantiosos del Ayuntamiento, en calidad de su actividad privada como abogado.

La concejala socialista Elisa Valía pidió al consistorio que explicara con qué mercantiles trabaja el concejal, ex de la consultora KPMG y que lleva tres décadas ejerciendo la abogacía. La Administración rechazó aportar información, aduciendo el secreto profesional y apuntando que es un aspecto que responde a su actividad privada. Los socialistas también presentaron una moción en la comisión de Participación reclamando un cambio normativo para que los ediles deban explicitar sus conflictos de intereses, que la mayoría de PP y Vox en el Ayuntamiento tumbó.

En la resolución de admisión a trámite y apertura de investigación, el Síndic apunta: “Del análisis de los hechos descritos y la normativa aplicable se deduce que la actuación del Ayuntamiento de València podría afectar al derecho fundamental de acceso a la información pública”, un derecho de los concejales y de la ciudadanía. La institución estatutaria da un mes al Ayuntamiento de València para aportar “un informe detallado y razonado sobre los hechos que han motivado la apertura del presente procedimiento de queja, junto con su valoración sobre la posible afectación al derecho invocado”.

En concreto, dice el escrito, se reclama el “detalle de las medidas adoptadas para facilitar el ejercicio del derecho fundamental de la autora de la queja a acceder a la información interesada sobre la identidad de la empresa o empresas que fue objeto de la pregunta presentada”, que se refería al macrocontrato del alcantarillado de Valencia, de más de 293 millones de euros, adjudicado a una UTE encabezada por Acciona y recurrido por dos mercantiles.

El síndic subraya que el conocimiento de la información negada “resulta necesario para disipar cualquier duda de trato de favor o conflicto de intereses y garantizar la ejemplaridad, integridad y transparencia en las actuaciones de las personas que ocupan cargos directivos”.

Marí Olano: “Nadie sabe quienes son mis clientes”

La concejala socialista preguntó en el pleno municipal al delegado de contratación si piensa reconsiderar la moción y explicar con qué empresas trabaja. En la última comisión, Marí Olano admitió que “abre debates” en el órgano que encabeza, y afirmó que no quiere ejercer la abogacía “con una mano detrás”. En la sesión plenaria de julio, celebrada este martes, Valía apuntó que su caso recuerda al del exministro de Hacienda Cristónal Montoro: “Es el concejal de contratación cuando este ayuntamiento va a adjudicar 140 millones de euros que ha dado el Ministerio de Política territorial. Hemos conocido los peligros en el caso Montoro de que una persona tome decisiones dentro de un gobierno y trabaje para determinadas empresas. Entenderá que hay un interés especial en saber que todo se hace bien y de manera transparente”, planteó la edil socialista, que reprochó: “Cuando surjan conflictos de interés entre el ayuntamiento y las empresas... Usted cobrará lo mismo como concejal decida lo que decida, pero probablemente no cobrará lo mismo fuera de aquí decida lo que decida”.

El edil, que no suele intervenir en los plenos, defendió: “Yo no he actuado. Me he abstenido. Yo no voy a adjudicar nada. El órgano de contratación, para los contratos de más de 300.000 euros, es la junta de gobierno local o la alcaldesa. Yo soy el órgano de contratación por delegación de la alcaldesa para los contratos de menos de 300.000 euros; para el resto, soy miembro de un órgano que la ley lo define como órgano asesor, soy un apoyo del órgano de contratación, que es la mesa de contratación”.

Y a continuación, planteó una suerte de reflexión: “Aquí hay un concejal que ha incurrido en causa de abstención, objetivamente y muy bien definida en la ley -en referencia a sí mismo-. Yo soy el único que puede apreciar causa de abstención porque nadie sabe quiénes son mis clientes. Habría sido muy difícil que ustedes me hubieran recusado si yo no me hubiera abstenido, porque hubiera presupuesto que saben quienes son mis clientes. Y no lo saben”, expuso el edil, vanagloriándose de la opacidad que se le reprocha y poniendo en valor el secreto profesional.

“Señal de que respeto muchísimo su labor de control es que estoy dando explicaciones”, continuó su intervención, para plantear: “Si ustedes a alguien que cumple la ley, que la cumple sin que nadie le incite a cumplirla, y sin posibilidades de que nadie supiera que estaba incumpliendo la ley si no me hubiera abstenido... Si montan todo este lío... ¿Qué acicate tiene uno para cumplir la ley?”, concluyó el concejal. La respuesta a la pregunta de la edil de la oposición, sobre si se replantearía explicar con qué mercantiles trabaja, fue un “no” rotundo.