Vidas truncadas, parejas rotas y tensiones en familia por el desgarro de la L7B de Metro: “Entré en depresión y perdí el trabajo”

Perder una casa, pagar a la vez alquiler e hipoteca, sentir más distancia emocional en pareja. Sumirse en un pozo de desesperación y que ni el paso de los años o la ansiada reapertura de la línea 7B logren aliviar la herida. Desde que en 2011 aparecieron las primeras grietas en edificios de San Fernando de Henares, al este de la Comunidad de Madrid, el 90% de los vecinos que han sufrido las consecuencias sienten que su vida se ha quedado paralizada. Dos décadas después y con la ruta de Metro ya restablecida, el desastre aún es mayúsculo: 73 viviendas demolidas, más de 600 inmuebles afectados y unos 200 desalojos. Otra pregunta que subyace: ¿cómo golpea tanta incertidumbre en lo más pequeño y cotidiano?

“Para mí y mi familia es la experiencia más horrible de nuestras vidas”. Es el testimonio anónimo de una mujer del municipio, que tuvo que desplazar su domicilio a raíz de la construcción del Metro. “Rechazábamos la casa, mi hijo no quería estar allí. A mi marido y a mí nos alejó, y la relación de pareja ha salido resentida”, afirma. Su experiencia, y la de otros 168 entrevistados, se recogen en un informe elaborado por el Centro Sira. Esta es una organización especializada, entre otras cosas, en atención a víctimas de violencia política o violaciones de derechos humanos, que estudió el caso a instancias de una plataforma vecinal de afectados por las obras en la L7B.

El estudio, publicado en febrero, aborda el impacto emocional, social o económico entre los vecinos después de 20 años de inconvenientes. Las conclusiones son, en muchos casos, ligeramente uniformes. Cerca del 60% se ha sentido solo durante el proceso o confiesa haber tenido tensiones familiares y discusiones frecuentes por la nueva convivencia. Una cifra similar dice tener problemas para concentrarse con el ruido de las obras, no pudiendo ni siquiera leer en paz. Una travesía involuntaria que no parece dejar espacio a la normalidad de antes.

Luego está el factor económico: más del 86% menciona pérdidas en el valor de su vivienda, ubicadas sobre un terreno actualmente inestable y en obras, mientras que casi el 20% afirma seguir pagando la hipoteca aun no pudiendo disponer de su casa. Todo este ajetreo viene acompañado de más dificultades para dormir, dolores de cabeza, crisis de ansiedad o el consumo de medicación. En su día, la expresidenta Esperanza Aguirre fue quien aceleró la apertura de un nuevo tramo de Metro entre el municipio y Coslada. Era una promesa electoral que quería cerrar a tiempo para unos nuevos comicios, pero que nada más inaugurarse empezó a sufrir cierres intermitentes por un problema de filtraciones, que acabaron extendiéndose a las viviendas del entorno.

Las respuestas iban llegando a los vecinos de manera progresiva, pero se le exigían una reacción rápida al poco de notificarlas: “Recibes una carta en el buzón, lo lees y entras en pánico”, narra otra voz anónima incluida en el estudio. En este caso, le dieron 10 días para responder sin “tener antes la información suficiente”, y lo mismo ocurrió tiempo más tarde cuando intentaron desalojarla. Cuenta que apenas le dejaron tiempo para coger las cosas, e incluso después seguían exigiendo presupuestos, documentación bancaria o escrituras de la casa para cerrar el trámite. “Son condiciones abusivas y coercitivas. Te piden cosas que saben que no puedes dar y te exigen, bajo un marco legal, cosas que tú pelearías si tuvieras la asesoría necesaria”, intuye.

Me ofrecen 45.000 euros por daños morales después de derribar mi negocio de 30 años, en el que había invertido un dineral en reformas y donde tenía mi vida

Nieves — Vecina de San Fernando de Henares. Perdió su negocio hace cuatro años y medio

Este periódico ha podido hablar directamente con una de las vecinas que sí accede a dar su nombre. Se llama Nieves y hace cuatro años y medio desde que derribaron el edificio donde vivía su padre, de 90 años, y en el que ella misma instaló su negocio hace 30. Era una escuela de danza, bastante conocida en la zona, y también una de las primeras instalaciones en ser derribadas por las filtraciones. “Ver llorar a una persona tan mayor que ha perdido su casa es muy duro”, reconoce, refiriéndose a su padre. Él ahora vive de alquiler en otro piso, muy cerca del suyo, y recibe una compensación económica de la Comunidad de Madrid. Pero llegar hasta ese punto no ha sido fácil.

“Tuvimos que adelantar los primeros ocho meses de alquiler porque aún no se había resuelto la indemnización”, relata Nieves, que junto a sus dos hermanas y la pensión de su padre abonó la renta del nuevo piso y el sueldo de una trabajadora interna. En su caso particular, continúa pendiente de juicio después de rechazar la oferta final de la administración: “Solo 45.000 euros por daños morales, un negocio por el que un año antes invertí un dineral en reformas y todo mi lucro cesado”.

Según los datos registrados por hogares, más del 72% de participantes advirtieron problemas por grietas en sus viviendas. Otros declararon contra el ruido sostenido (un 83%) o los daños en puertas y ventanas (60%), además de contratiempos puntuales por las obras como cortes de luz, agua o gas. La mitad de los entrevistados tuvo abandonar su casa por períodos de entre uno y seis meses, y el 34% ha sido desalojado ante el peligro de un desprendimiento. El estudio muestra casos más extremos, aunque no tan comunes: más del 27% ha pasado ya más de dos años fuera del domicilio, y lograr un sustento no es tarea fácil.

“Nos exigen presentar la documentación rápido o no te pagan las obras por los destrozos. Entonces te vuelves loca, corres a pedir presupuestos, presentas de todo. Y al final, te contestan lo que parece que ya tenían preparado de antemano, una cifra irrisoria con la que no puedes hacer nada. ¿Qué haces? ¿Vas a juicio y esperas años para arreglar tu casa? Vivir así nos hace un daño”, sigue otro testimonio recopilado en el informe. La desesperación da paso a muchas secuelas que aún perduran.

Una investigación pilotada por psicólogas y especialistas

La investigación corre a cargo de Lourdes Carrasco Colom, Gabriela López Neyra y Pau Pérez Sales, que comparten la autoría con María Escalona Castro. Todos proceden del ámbito de la psicología, la psiquiatría o la salud y tienen vínculos con el Centro Sira, encargado del documento. En la exposición de motivos, que ha podido consultar Somos Madrid, se dispone que el análisis pretende entender cómo la actuación de distintas administraciones, empresas e instituciones han influido en las consecuencias personales que hoy arrastran los vecinos.

Algunos testimonios ejemplifican hasta qué punto la inestabilidad amplía la brecha de las desigualdades. “Tenía un trabajo en un puesto de responsabilidad. Como mujer, y en el entorno en el que me muevo, no ha sido fácil llegar. Soy mujer divorciada y así mantenía a mi familia, pero sufrí una mudanza forzosa de la que me avisaron con 15 días”, puede leerse en otra entrevista. En este caso, la afectada tuvo que volver a entregar sus llaves de casa a una empresa que acometería los arreglos, algo que según cuenta ya había ocurrido en el paso, cuando la realojaron en otro inmueble durante un año completo.

Entonces tuvo que dar el adiós definitivo. “Cuando hice la entrega de mis llaves, intuí que ya no iba a volver. Y así fue”, desvelan a las investigadoras. “Empecé a tener problemas: dolores de cabeza, mareos, falta de concentración, temblores, palpitaciones... entré en depresión. Estuve un año de baja y perdí el trabajo. Ahora no soy la de siempre: mis niveles de ansiedad están por las nubes, y tengo miedo a no rendir como antes. […] Para una mujer divorciada, cabeza de familia, es muy duro lidiar contra una administración y hacerlo en soledad”.