Compromís rechaza el informe europeo de vivienda porque “evita abordar la especulación”

Ni resuelve el problema, ni blinda un derecho. Compromís rechaza el informe de la Comisión de Vivienda en Bruselas, impulsado por los populares europeos, al considerar insuficientes sus medidas, incluso contraproducentes. El diputado valencianista Vicent Marzà ha votado en contra del proyecto de vivienda en el pleno de Estrasburgo, celebrado este martes, donde la medida ha sido ampliamente respaldada.

El informe final de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda ha salido adelante por 367 votos a favor, 166 en contra y 84 abstenciones. El texto, defendido por el diputado del PP Borja Giménez Larraz, reconoce condiciones de vida precarias debido a la crisis de la vivienda y plantea medidas que frenen la subida de precios, aunque descarta una limitación en función de los ingresos. Aboga por construir más vivienda y eliminar burocracia, en línea con los argumentos conservadores y la defensa de las leyes de mercado.

El representante de Compromís en Bruselas considera que el informe no resuelve problemas estructurales y rechaza que no considera la vivienda un derecho básico. En conversación con elDiario.es, apunta que la coalición planteó blindar la protección al inquilino o que la vivienda pública no quede nunca desprotegida.

El informe, apoyado por el PSOE, pese a que plantea políticas contrarias a las que defienden en el País Valenciano y en España, tampoco establece condiciones claras para que la inversión pública garantice vivienda estructuralmente asequible a largo plazo, ni fija criterios como que el gasto en vivienda no supere el 30% de la renta disponible.

A los valencianistas les preocupa la propuesta de implicar la Europol en la lucha contra la ocupación de viviendas, vinculando este fenómeno con el crimen organizado, desvía el foco de las causas reales de la crisis y criminaliza situaciones de vulnerabilidad. “La crisis de la vivienda no es un problema policial, es un problema social. No se resuelve con más persecución, sino con más vivienda pública, más regulación y más protección” ha afirmado Marzà. El valencianista recuerda los casos de las viviendas protegidas de Alicante y exige más control público, así como registros de demandantes y transparencia.

Para Compromís, uno de los aspectos más graves es que el texto legitima la financiarización cuando habla de “prácticas abusivas” como si existiera una especulación aceptable. Incluso, reconoce empresas cotizadas como “proveedoras estratégicas” de vivienda social y abre la puerta a la venta de parque público a actores privados sin garantías de asequibilidad permanente. Introduce el silencio administrativo positivo permitiendo permisos automáticos si la administración no responde a tiempo, una lógica de simplificación que recuerda a la burbuja de 2008.