Un alcalde de Huesca impulsa dos granjas de cerdos mientras tramita una polémica planta de biogás desde el Consistorio

La localidad oscense de Loporzano se encuentra en el centro de un creciente conflicto tras conocerse que su alcalde, David Suelves (PP), es el promotor de dos nuevas explotaciones porcinas que sumarán 14.000 plazas en la pedanía de Barluenga. El proyecto, que incluye una granja de 2.000 cerdos de engorde y otra de recría con 12.000 lechones –equivalentes a 240 unidades de ganado mayor (UGM)–, duplicaría con creces la capacidad ganadera actual del municipio, que hasta hace dos años apenas contaba con 5.700 plazas repartidas en tres instalaciones.

Se da la circunstancia de que esta expansión coincide en el tiempo con la tramitación de una polémica planta de biogás diseñada para gestionar 95.000 toneladas de residuos anuales –entre ellos, los purines de las granjas–, lo que ha reabierto una brecha social en un territorio con una década de movilizaciones contra la ganadería industrial.

Ahora gobernado por el PP, este municipio altoaragonés fue paradójicamente años atrás ejemplo de oposición al desarrollo de granjas de ganadería intensiva de la mano de la asociación Loporzano Sin Ganadería Extensiva y de la agrupación Loporvenir, que incluso estuvo al frente de la Alcaldía entre 2019 y 2023 tras un acuerdo con el PSOE y el PAR. En las últimas elecciones municipales, Loporvenir ganó en votos, pero el acuerdo entre los tres concejales populares y uno de la FIA proporcionó el bastón de mando a Suelves.

Las iniciativas del actual primer edil, de profesión agricultor, pasan por la construcción de diferentes instalaciones para una explotación 2.000 cerdos de cebo y otra de recría de lechones de 12.000 plazas, una cifra que en términos de carga contaminante y gestión de residuos equivale al impacto de unos 480 cerdos de cebo adultos –240 cada una–. Esta 'traducción' a UGM es la escala que utiliza la administración para evaluar el verdadero potencial contaminante de las explotaciones, independientemente de la edad o el peso de los animales.

Pero en las últimas semanas ha resurgido un movimiento vecinal contrario a ambos proyectos por su posible impacto en olores, ruidos, tráfico de camiones pesados y captación de agua. A los vecinos más críticos no se les escapa que el número total de animales es el que realmente genera el tráfico de camiones, el ruido y la gestión masiva de purines.

Alegaciones

Según consta en el tablón de anuncios, se ha abierto período de información pública de quince días naturales desde la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de Aragón para que se presenten las observaciones que consideren pertinentes a los proyectos presentados, antes de obtener la declaración de impacto ambiental favorable del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).

La alarma ha calado hondo entre numerosos residentes. Una vecina de Barluenga, Eva Fañanás, ha presentado ya alegaciones formales cuestionando la viabilidad hídrica de los proyectos y recuerda que la población sufre restricciones de agua potable durante el verano y que el propio Consistorio ha denegado permisos en el pasado por falta de recursos. En la misma línea, la propietaria de esta finca colindante alerta sobre la posible afección a los acuíferos dada la cercanía de las instalaciones a la presa de Montearagón. También expresa una sensación de “impotencia”, tras haber rehabilitado la vivienda familiar en suelo rústico y ahora teme que los olores, el ruido y el tráfico constante de camiones pesados degraden el entorno.

Por su parte, el alcalde David Suelves defiende la legalidad de sus iniciativas y asegura que se abastecerá del río Flumen para no afectar a la red municipal. El edil sostiene que cumple con los rigurosos requerimientos medioambientales y que, aunque aún no ha precisado el volumen exacto de purín generado, su memoria técnica garantiza terrenos suficientes para el vertido de los desechos. Respecto a las críticas por la proximidad a núcleos urbanos, el promotor recalca en la documentación que sus granjas respetan los límites de las normas subsidiarias: la instalación se ubica a 1.380 metros de Barluenga, superando los 1.300 metros exigidos por la normativa para suelos urbanos.

Una planta de biogás de amplio radio

Paralelamente, la planta de biogás promovida por Catalana de Biogás –una compañía nacida en 2022 respaldada financieramente por Sinia Renovables, inversor especializado en proyectos de energía renovable integrado en el Grupo Banco Sabadell– añade otra capa de incertidumbre. La firma, que se presenta como especialista en biometano, ofrece soluciones integrales en colaboración con otros socios, como cooperativas agrícolas, gestores de residuos y empresas del sector energético, sin que se conozca una instalación gestionada por ellos.

El propio alcalde facilitó un encuentro en el Ayuntamiento de Loporzano para que la empresa presentara el proyecto, al que acudieron más de 160 personas. La mayoría expresó su rechazo y su preocupación por el tamaño de la instalación, la falta de información previa y el impacto territorial, que también afectaría a los municipios vecinos de Tierz y Quicena. Algunos asistentes reclaman más transparencia ya que del proyecto, que lleva sobre la mesa desde febrero de 2025, no se han conocido demasiados detalles, ni se ha respondido a varias preguntas planteadas, ni se ha ampliado posteriormente información, pese a haber facilitado un correo electrónico de contacto.

La firma, que cuenta con una veintena de sociedades limitadas y un capital social de 3.000 euros, genera dudas entre algunos vecinos que sospechan que este tipo de iniciativas pueden tener un objetivo más logístico que productivo, ya que se localiza junto al gasoducto donde verter el metano.

El proyecto contempla la generación de biometano a partir de residuos orgánicos, con distintas vías de aprovechamiento: inyección en la red de gas natural o producción de Gas Natural Licuado o Comprimido (GNL/GNC). Este tipo de instalaciones no necesariamente se destinan al tratamiento de purines –habitual en zonas con gran concentración ganadera–, sino que también pueden utilizar subproductos de la industria agroganadera, residuos alimentarios, restos de jardinería, pesca, industria textil o lodos de depuradora, para producir energía renovable y biofertilizantes.

Desde Catalana de Biogás, que en la actualidad desarrolla “más de diez proyectos en diferentes territorios”, señalan a este periódico que defienden “un compromiso firme con el territorio y con el diálogo cercano con las comunidades locales en cada uno de sus proyectos”. Aseguran que sus proyectos tienen un “tamaño mediano y reducido” y que “generan un impacto positivo en el entorno” al priorizar “un modelo de proximidad”.

Respecto a la iniciativa en Loporzano, fuentes de la compañía explican que su enfoche está “centrado en la integración ambiental”, con una “tecnología pionera” en su diseño. El proyecto se ha “dimensionado en función de la generación actual de residuos locales” para evitar “cualquier efecto llamada o incentivo para la llegada de nuevas granjas”. De las 400.000 toneladas de residuos ganaderos que se generan actualmente en el entorno, desde Catalana de Biogás remarcan que “gestionará una cuarta parte” y que no hará con “un criterio de proximidad”.

La instalación, que se someterá a “un proceso muy estricto a nivel ambiental y técnico” antes de recibir el visto bueno, producirá alrededor de 30 GWh anuales de biometano, lo que equivalente “al consumo anual de gas natural de aproximadamente 3.000 viviendas”. Y aclaran que el impacto económico en el municipio será “positivo” entre los impuestos y la inversión, que dará lugar a entre seis y diez empleos directos en la fase operativa más entre 25 y 30 indirectos.

“Solucionar un problema que no existe”

En cuanto a la carga ganadera, en las 15 pedanías de Loporzano hay tres granjas de porcino y cuatro de terneros donde cada ganadero gestiona sus residuos. Por ello, un vecino de Terz y veterinario de profesión, José Antonio Olivares, cree que la planta “vendría a resolver un problema que no existe, salvo que la intención sea otra, como actuar como promotora o intermediaria”. También es posible que, una vez implantada, pueda proponerse un cambio de actividad en el futuro si no prospera en sus fines iniciales. Muchos recelan del 'boom' de estas instalaciones, como ocurre con las plantas de renovables y de los centros de datos.

Sin embargo, el alcalde discrepa sobre la falta de idoneidad de la planta porque explica que su radio de acción es de 20 kilómetros a la redonda, y engloba a varios municipios más en la comarca oscense de la Hoya de Huesca, con localidades como Angüés o Alcalá del Obispo, donde existen numerosas granjas, “si bien ha coincidido que todo se hará en Loporzano”. Incluso sus futuras granjas podrían ser usuarias de la planta de biogás.

Igualmente, Suelves ha organizado una visita para que los vecinos de Loporzano, Tierz y Quicena puedan conocer el funcionamiento de una a la planta de Alcarrás, promovida por 150 ganaderos de este municipio leridano y otras localidades vecinas, y ubicada en terrenos anexos a la planta de compostaje que ya funciona en la zona de Vallmanya. Estas dos instalaciones están dedicadas a tratar deyecciones ganaderas, restos de poda y otros residuos orgánicos.

Este escenario ha dado lugar al nacimiento de la plataforma Stop Biogás Loporzano, que se suma a la histórica lucha de la Plataforma Loporzano SIN Ganadería Intensiva, creada a finales de 2015. La plataforma vecinal ha surgido tras la alarma social provocada por los dos proyectos de porcino intensivo y la planta de biogás en este municipio de unos 550 habitantes, repartidos en 15 núcleos de población, parte de cuyo término municipal se encuentra dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.

Por su parte, el alcalde niega que Loporzano sea “antigranjas”, sino que hay vecinos que no están de acuerdo mientras que otros sí, y recuerda que ya existen granjas como una de miles de gallinas. Para Suelves son tramitaciones diferentes que solo son coincidentes en el tiempo y ambas “siguen los plazos y rigurosos requerimientos medioambientales”.

Detalles técnicos y marco normativo

Los proyectos impulsados por el alcalde de Loporzano, que suponen una inversión superior al millón de euros, se ubican en las parcelas 84 y 149 del polígono 1 de Barluenga. Según la documentación técnica, las instalaciones prevén una gestión de residuos mediante fosas de purines de 1.695 m3 –superando los 1.440 m3 necesarios– y fosas de cadáveres estancas.

Aunque el municipio es zona vulnerable a la contaminación por nitratos y está bajo el plan de protección del quebrantahuesos, los informes señalan que las parcelas quedan fuera de las áreas críticas y de la Red Natura. Asimismo, el promotor asegura cumplir con las distancias legales, situándose a 1.380 metros de Barluenga (el mínimo exigido es 1.300 m) y a 1.296 metros de la granja más cercana.

No obstante, la calificación de estos proyectos reabre el debate sobre las llamadas “macrogranjas”. Aunque el término carece de validez jurídica, define coloquialmente a las explotaciones que, por su escala, deben someterse a una Autorización Ambiental Integrada (AAI) o una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La normativa estatal (RD 306/2020) sitúa el umbral para este control riguroso en 2.000 plazas de cebo de más de 30 kg o 750 cerdas reproductoras. En Aragón, líder nacional con cerca de 15 millones de cabezas, existe cierta controversia dado que la legislación permite ampliar capacidades hasta los 7.200 cerdos bajo condiciones específicas, una flexibilidad que, según sectores críticos, incentiva la proliferación de instalaciones que ajustan sus dimensiones para evitar los trámites medioambientales más exigentes.