El PP y Vox chocan ya por la 'prioridad nacional' en Aragón: los populares tumban en Teruel una moción ultra

El Ayuntamiento de Teruel ha vivido este lunes su primer choque político en el seno del nuevo escenario político tras el acuerdo entre el PP y Vox en el Gobierno de Aragón. Una moción de Vox sobre la llamada 'prioridad nacional' ha evidenciado diferencias con el PP en esta cuestión, hasta el punto de que los populares han unido su voto de rechazo al PSOE y Teruel Existe para tumbarla, justo en el mismo día en que los consejeros autonómicos de la coalición han tomado posesión.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Teruel, Elena Fernández, ha defendido una iniciativa en línea con otras impulsadas por su formación y que ya han generado polémica en el Congreso de los Diputados. La moción se ha estructurado en siete puntos. Entre ellos, Vox ha planteado instar al Gobierno de España a repatriar a inmigrantes en situación irregular, establecer la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, servicios públicos y vivienda, revisar la normativa de extranjería y el acceso a la asistencia jurídica gratuita en procesos de expulsión, así como limitar el acceso a la sanidad pública de extranjeros sin residencia legal. También ha propuesto aplicar ese principio en vivienda desde Aragón y reservar las prestaciones y pensiones no contributivas a ciudadanos españoles.

Tanto solo el tercer punto ha sido el único que ha concitado cierto acuerdo, al centrarse en garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público mediante un uso “adecuado” de los servicios.

La alcaldesa, la popular Emma Buj, ha hecho un llamamiento a no criminalizar a los extranjeros en aras de la moderación y ha peedido modificar cinco puntos de la moción y retirar uno —el relativo a reservar prestaciones y pensiones no contributivas a españoles—. Sin embargo, Vox no ha aceptado ninguna enmienda y ha reprochado al grupo municipal del PP su falta de “valentía” por no votar el texto directamente, sin intentar introducir cambios.

“Segrega entre ciudadanos de primera y segunda categoría”

Desde el PSOE, el portavoz José Guillén ha señalado que el debate “no aporta ninguna novedad” respecto a lo ya visto en el Congreso. “De hecho, no han sido capaces de introducir la palabra Aragón en la exposición de motivos”, ha criticado. A su juicio, la llamada “prioridad nacional” pretende “dinamitar los principios fundamentales del Estado de Derecho” y vulnera el derecho internacional. Además, ha considerado que “segregar entre ciudadanos de primera y segunda categoría es una vergüenza” y ha advertido de que este planteamiento podría extenderse en el futuro a otros colectivos por razones ideológicas, culturales o religiosas.

Guillén también ha denunciado que se “señala a los más vulnerables” al asociar inmigración y criminalidad, y ha recordado el rechazo de organizaciones como la Iglesia católica o Amnistía Internacional. Además, ha pedido al PP que aclare cómo aplicará el concepto de arraigo.

Por su parte, el portavoz de Teruel Existe, Enrique Marín, ha rechazado la iniciativa al considerarla “inconstitucional” y ha afirmado que “pretende enfrentar a unos vecinos con otros”. “Lo que aquí se plantea no solo es irresponsable desde el punto de vista político, sino claramente ilegal desde el punto de vista jurídico”, ha asegurado, al entender que vulnera varios artículos de la Constitución y excede las competencias municipales.

El PP ha justificado su voto en contra apelando a la “responsabilidad y sentido de Estado” en un debate que, a su juicio, afecta a la convivencia. La concejala de Servicios Sociales, Carmen Romero, ha afirmado que la prioridad nacional “no es una consigna vacía ni un eslogan político” y ha subrayado que los recursos públicos “los sostienen las personas que trabajan y cotizan”, recordando también la contribución de la población extranjera al crecimiento del país.

Romero ha defendido que, para el acceso a ayudas y vivienda, deben tenerse en cuenta “el arraigo real, la contribución y la vinculación con el territorio”, apostando por “criterios de compromiso, esfuerzo e integración, sin hablar del origen de nadie”. Asimismo, ha apelado a actuar “con responsabilidad y humanidad”, manteniendo la asistencia cuando sea necesaria, pero evitando “premiar a quien incumple la ley”. “Ni el buenismo ni el alarmismo solucionarán la situación”, ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de Teruel, la Popular Enma Buj, ha presentado al PP como “el partido de la moderación y el sentido común donde creemos que los extremos no son buenos: no es bueno el buenismo con respecto a todos aquellos que vienen de otros puntos, ni tampoco lo es criminalización porque en Teruel viven miles de personas que han venido de todas partes del mundo que están trabajando y contribuyendo a que nuestra ciudad mejore”, ha defendido. Además, se da la circunstancia de que numerosas empresas de la provincia turolense reclaman trabajadores ante las difcultades para encontrarlos. Buj ha recordado que el Consistorio ofrece desde 2020 ayudas a la natalidad y de apoyo al comercio, sin que hasta ahora se haya generadeo ningún problema. También ha criticado al PSOE por “levantar muros entre españoles” y preocuparse poor cómo va el PP a medir el arraigo pero el gobierno del PSOE no aclare criterios sobre la vulnerabilidad de los inmigrantes.

La moción de la discordia

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Teruel, Elena Fernández, ha defendido una iniciativa calcada a la polémica debatida la pasada semena en el Congreso de los Diputados. Durante su intervención, ha asegurado que el Estado de bienestar “ha sido fruto del esfuerzo de generaciones de españoles”, pero ha advertido de que actualmente atraviesa “una profunda crisis por la gestión de los sucesivos gobiernos, con una asfixiante carga fiscal”.

Fernández ha atribuido el “colapso de los servicios públicos” a “la inmigración masiva y descontrolada” y ha señalado que se ha producido “una alteración demográfica que no responde al crecimiento natural de la población española”, que —según ha afirmado— ha disminuido en más de 750.000 personas desde 2020. En su argumentación, ha vinculado el aumento de población extranjera con un impacto en el padrón, los servicios sociales, la atención básica y la seguridad, citando incrementos en distintos tipos de delitos.

Según Vox, esta situación “limita el acceso de los nacionales a las ayudas en beneficio de los extranjeros” y provoca “una sustitución progresiva de la población española”, así como cambios en la identidad de los barrios. La formación ha defendido que “la preferencia de los nacionales en el acceso a las ayudas es legítima” y la ha enmarcado en un principio de “responsabilidad política”.