El atasco invisible del carné de conducir en Aragón: faltan examinadores y el proceso se alarga durante meses

Sacarse el carné de conducir en Aragón en abril de 2026 ha dejado de ser un simple trámite para convertirse en una carrera de fondo. Lo que hace unos años podía resolverse en pocos meses, hoy exige planificación, paciencia y, en muchos casos, una notable capacidad de adaptación tanto por parte de los alumnos como de las autoescuelas.

Aragón roza ya las decenas de miles de exámenes de conducir al año, pero el sistema no logra absorber la demanda creciente. Según los datos más recientes, en 2025 se realizaron 32.938 exámenes teóricos en la comunidad, frente a los 21.536 registrados en 2022, lo que supone un incremento del 53 % en apenas tres años. La evolución ha sido progresiva: 23.789 pruebas en 2023 y 27.035 en 2024, consolidando una tendencia al alza.

Sin embargo, este aumento de actividad no se traduce en una mayor fluidez del sistema porque el porcentaje de aspirantes no aptos también ha crecido, pasando del 44,28% en 2021 al 48,85% en 2025, lo que incrementa el número de repetidores y presiona aún más la capacidad disponible. De hecho, la queja procede incluso de las propias autoescuelas, que ven una mayor exigencia en las pruebas que años atrás no se registraba.

En cuanto a datos más desagregados, en 2025 se contabilizaron 23.310 exámenes teóricos con un 52,9% de aptos, y 24.540 pruebas de circulación, en las que solo el 46,9% de los aspirantes logró superar la evaluación. La estadística del primer trimestre de 2026 todavía no está cerrada, aunque el volumen de actividad se mantiene elevado.

A los exámenes teóricos anuales se suman decenas de miles de pruebas prácticas, aunque estas últimas en menor número debido a las limitaciones del sistema.

Los exámenes, el verdadero cuello de botella

El problema no está en la falta de actividad, sino en la capacidad de respuesta. El sistema continúa realizando un alto volumen de pruebas, pero insuficiente para atender el ritmo de nuevos aspirantes.

Las tres Jefaturas Provinciales de Tráfico de Aragón cuentan con una plantilla de 32 examinadores, de los cuales solo 26 están actualmente en activo (18 en Zaragoza, 4 en Huesca y 4 en Teruel), con seis vacantes pendientes de cubrir. Esta escasez se traduce en una operativa diaria limitada y en un incremento de las listas de espera.

La asignación de citas de examen práctico se realiza mediante el sistema automatizado CAPA, que distribuye las pruebas en ciclos de entre 10 y 15 días conforme a lo establecido en el Reglamento General de Conductores. Este sistema garantiza un reparto equitativo entre autoescuelas, pero también introduce un techo operativo: el número de pruebas depende directamente de los examinadores disponibles en cada periodo.

Para reforzar la plantilla, se han puesto en marcha varias vías: concursos de provisión de puestos, una nueva oposición del Cuerpo General Administrativo (especialidad tráfico) —cuyo examen teórico ya se ha celebrado— y la creación de bolsas de interinos con los aspirantes que no superen el proceso selectivo, que podrán cubrir vacantes de forma temporal.

Meses de espera y estrategias alternativas

El resultado es un retraso generalizado que sitúa la espera para el examen práctico entre dos y cuatro meses en las principales zonas urbanas, e incluso más en áreas rurales.

Ante esta situación, algunos alumnos optan por lo que ya se conoce como “turismo de examen”, o lo que es lo mismo, desplazarse a otras provincias en busca de fechas más próximas. Zaragoza, sin embargo, suele ser lugar de acogida, sobre todo de estudiantes procedentes de Cataluña que se desplazan durante uno o dos días de forma intensiva, con el fin de volverse con la prueba realizada.

Pese a las dificultades, Aragón mantiene una red de formación vial profesionalizada y bien implantada. Sin embargo, el sistema público de evaluación atraviesa un momento de fuerte tensión que impacta directamente en la movilidad, especialmente en el medio rural, donde el carné de conducir no es solo una comodidad, sino una necesidad básica.

A nivel nacional, el problema adquiere una dimensión estructural. Aunque actualmente hay 855 examinadores en activo —la cifra más alta desde 2012—, la reducción del número de pruebas diarias por examinador (de 16 en 2011 a 12 en la actualidad) ha recortado la capacidad operativa del sistema. En paralelo, el crecimiento de la población ha provocado una caída cercana al 29 % en la capacidad de examen por habitante. Según el sector, serían necesarios más de 1.200 examinadores para recuperar los niveles de servicio de hace una década.

Un problema común en toda España

La comunidad de Aragón cuenta con una red consolidada de centros de formación vial, aunque su distribución refleja cierto desequilibrio territorial. Solo en la provincia de Zaragoza existen 151 autoescuelas, a las que se suman 17 centros de formación en transporte de mercancías peligrosas y 30 centros de reeducación y sensibilización para la recuperación de puntos. Frente a la concentración urbana, en Huesca y Teruel predominan estructuras más pequeñas y dispersas, muchas de ellas con fuerte arraigo local y carácter familiar.

A pesar de las dificultades que atraviesa el sector en las tres provincias aragonesas, la situación de la comunidad se sitúa en una posición intermedia si se compara con los puntos negros que actualmente asfixian el mapa de la Dirección General de Tráfico en España. Mientras que un alumno aragonés afronta una espera media de entre ocho y doce semanas para el examen práctico, la situación no ha llegado a los extremos de parálisis total que se observan en el noroeste o en el Mediterráneo. La comunidad se beneficia de una mayor estabilidad en sus plantillas de examinadores en comparación con las zonas donde el alto coste de la vida ahuyenta a los funcionarios, aunque el déficit en las zonas rurales de Huesca y Teruel sigue siendo el principal talón de Aquiles del sistema regional.

El caso más sangrante se vive en el arco mediterráneo y en los archipiélagos, donde provincias como Barcelona o las Islas Baleares registran demoras que superan el medio año, o incluso el año en la comunidad valenciana. En estos puntos, el altísimo coste de la vida provoca que los examinadores recién titulados rechacen las plazas asignadas, dejando las plantillas en un déficit crónico que Aragón, afortunadamente, solo sufre de manera puntual por jubilaciones o bajas no cubiertas.

El caso de León representa hoy el escenario más sangrante de España. Con una lista de espera que supera los 3.300 alumnos y una plantilla reducida a la mínima expresión por bajas y vacantes, la provincia castellanoleonesa sufre retrasos que ya alcanzan los seis meses. La falta de personal operativo ha llegado a paralizar por completo los exámenes en varias cabeceras de comarca, dejando a miles de jóvenes sin opción de obtener un permiso esencial para la movilidad laboral en una provincia castigada por la despoblación.

También el archipiélago canario presenta dificultades, especialmente en la provincia de Las Palmas, donde el problema no es solo la falta de fechas, sino una dureza en la evaluación que no tiene parangón en la península. Con una tasa de aprobados que apenas roza el 37%, el sistema genera un cuello de botella circular porque los alumnos suspenden masivamente y vuelven a engrosar unas listas ya saturadas.