El duro alegato de La Puebla de Alfindén frente a un centro de datos: afecciones hídricas, económicas e industriales

El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén presentó el pasado 27 de enero ocho alegaciones contra el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) para la instalación de un centro de datos promovido por ACS y Benbros Energy, centrando sus objeciones en el fuerte incremento de los costes de urbanización y en la consiguiente inviabilidad del desarrollo del resto del polígono. Asimismo, advierte de que el proyecto tensiona el sistema de abastecimiento de agua y traslada al municipio cargas económicas y operativas que considera inasumibles. Como contrapartida, reclama la incorporación de medidas de retorno local, entre ellas una aportación económica cercana a los 27 millones de euros destinada al fomento del desarrollo económico y social.

El denominado ACS DC La Puebla obtuvo la declaración de interés general de Aragón (DIGA) en julio de 2025 y el plan de interés general de Aragón (PIGA) en diciembre de 2025. Está concebido como un complejo destinado al almacenamiento y procesamiento masivo de datos, ocupará más de 25 hectáreas de suelo industrial y contará con una potencia inicial de 150 megavatios, ampliable hasta 300 en fases posteriores, lo que lo sitúa dentro de la categoría de centros de datos de gran escala.

Las alegaciones, a las que ha tenido acceso elDiario.es, aún no han sido contestadas y “buscan defender el interés general del municipio”, según la alcaldesa, Pilar Villanueva, fundamentalmente en lo referente al uso del agua.

La expansión de los promotores genera costes, reduce ingresos y obliga al Ayuntamiento a asumir infraestructuras, además de no existir control efectivo sobre el planeamiento, según denuncia la oposición municipal. La multinacional persigue maximizar beneficios aportando lo mínimo posible: está exenta del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), lo que supondría dejar de ingresar alrededor de 40 millones de euros, y tampoco abonará el IBI durante cinco años. A ello se suma el uso de recursos municipales sin la presentación de medidas específicas de contraprestación social o cultural, ni de fomento de actividades o construcción de equipamientos.

El inviable desarrollo industrial

El análisis realizado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de La Puebla sobre la implantación de un Plan de Interés General de Aragón (PIGA) en el sector SP1 sostiene que su ubicación contradice el criterio legal de situarlo en suelos con mayor autonomía, dado que se inserta en un sector ya ordenado pero no desarrollado, alterando su equilibrio. El principal impacto es el fuerte incremento de los costes de urbanización, que pasan de 23 a más de 82 millones de euros, elevando la repercusión hasta 123,51 €/m² de suelo y 186,26 €/m² edificable, sin que se justifique adecuadamente su viabilidad. Además, el promotor obtiene un beneficio adicional del 10% al incluir la parcela de cesión al Ayuntamiento —exenta de estos costes— dentro del ámbito del PIGA.

Aunque formalmente no se modifican los porcentajes de contribución, en la práctica los gastos de urbanización del resto de parcelas casi se triplican, superando su valor de mercado y generando un escenario de inviabilidad económica, en el que las parcelas resultantes tendrían incluso un valor negativo. Esta situación se agrava porque el nuevo uso industrial tecnológico se concentra exclusivamente en el ámbito del PIGA, sin trasladar beneficios al resto del sector, que mantiene usos tradicionales menos rentables en un municipio con poco término municipal que hasta ahora había mantenido un crecimiento ordenado y que se pone en entredicho al acaparar el centro de datos todo el sector productivo.

Asimismo, las infraestructuras proyectadas responden únicamente a las necesidades del centro de datos, pese a lo cual su mantenimiento recaería posteriormente en el Ayuntamiento, incluso si el resto del sector no llega a desarrollarse ni a beneficiarse de dichas obras.

A ello se suma una importante complejidad jurídica, ya que cualquier desarrollo futuro queda condicionado a la participación de los propietarios del ámbito PIGA, dificultando posibles modificaciones del planeamiento o de las cargas urbanísticas. En conjunto, se concluye que, de no adoptarse medidas como la división del sector o la creación de ámbitos jurídicamente independientes, el PIGA compromete tanto la viabilidad económica como la gestión futura del sector SP1.

Afecciones al abastecimiento de agua

En la cuarta alegación se expone la interrelación y afecciones del PIGA a la ordenación estructural y a las infraestructuras y servicios municipales, poniendo de manifiesto, en primer lugar, las limitaciones del sistema de abastecimiento de agua. La tubería de captación desde Zaragoza presenta de forma recurrente tensiones de disponibilidad, hasta el punto de que la reserva anual asignada al municipio se agota cada ejercicio, generando sanciones en caso de sobreconsumo. Aunque cabe la posibilidad de solicitar ampliaciones a ACUAES, su concesión no está garantizada al depender de la disponibilidad global del sistema y de la concurrencia con otras solicitudes.

En este contexto, la documentación del PIGA no define con claridad la fuente de abastecimiento ni acredita la disponibilidad real de recursos para atender una demanda industrial intensiva adicional. Pese a que se prevé la conexión a la red municipal, lo que implica el uso de la reserva existente —ya insuficiente—, el proyecto no concreta el origen del agua ni justifica su suficiencia. Se limita a una estimación conjunta de consumo con el sector SP-1 de 3.465 m³ diarios, cifra que supera el consumo ordinario del municipio, sin desglose ni justificación técnica suficiente. Esta indeterminación, unida a la magnitud de la demanda, obliga a exigir un sistema de abastecimiento propio, garantizado y autosuficiente, que detalle recursos, reservas, alternativas e infraestructuras necesarias, evitando que el consumo industrial detraiga caudal del abastecimiento municipal o degrade la calidad del agua de consumo humano.

Asimismo, el proyecto no establece garantías operativas que aseguren la prioridad del consumo humano ni medidas que eviten afecciones a la calidad del agua de la red residencial. En paralelo, se plantea el derribo del depósito municipal existente, un bien patrimonial que costó 900.000 euros, y su sustitución por uno nuevo al norte del sector. Aunque no se rechaza esta actuación, se condiciona a que la nueva infraestructura sea financiada íntegramente por el promotor, tenga utilidad para todo el municipio y quede plenamente integrada en la red general, con capacidad operativa real. No resulta admisible sustituir una infraestructura de sistema general por otra de uso limitado al PIGA sin integración efectiva en la malla municipal.

Para garantizar la viabilidad del sistema sin perjudicar el abastecimiento, se considera imprescindible incorporar infraestructuras específicas de regulación y tratamiento, como una nueva balsa de agua bruta y el refuerzo o implantación de sistemas de potabilización, así como una red de distribución separativa que permita diferenciar el uso industrial del residencial, asegurando siempre la prioridad del consumo humano. Todas estas actuaciones, derivadas directamente del incremento de demanda asociado al PIGA, deben ser, según alega el Ayuntamiento de La Puebla, definidas, presupuestadas y financiadas íntegramente por el promotor, incluyendo su mantenimiento, evitando cualquier traslado de cargas al Ayuntamiento.

En cuanto al sistema de drenaje de aguas pluviales, la solución propuesta para el Barranco de Las Casas no acredita suficientemente la capacidad hidráulica del cauce receptor ni garantiza la ausencia de afecciones aguas abajo, especialmente en tramos no encauzados. Además, su viabilidad queda condicionada a la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Por ello, se exige que el PIGA incluya, como condición previa, la ejecución completa del encauzamiento y adecuación hidráulica del barranco en el tramo afectado, asegurando la continuidad del sistema, la estabilidad del cauce y la correcta laminación de avenidas. Estas actuaciones, necesarias por el incremento de escorrentía generado por el proyecto, deberán ser igualmente asumidas en su totalidad por el promotor.

Finalmente, en relación con el sistema de saneamiento y las aguas fecales, se considera imprescindible que el PIGA incorpore un estudio específico de capacidad y funcionamiento de la red aguas abajo, con modelización hidráulica que analice escenarios de caudal punta y situaciones desfavorables, identificando posibles puntos críticos. En caso de ser necesarias obras de refuerzo o ampliación para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, estas deberán ser igualmente definidas, ejecutadas y financiadas íntegramente por el promotor, sin que se produzca transferencia alguna de cargas al municipio.

Medidas de retorno local valoradas en 27 millones de euros

La quinta alegación municipal critica que el PIGA no contempla medidas específicas dirigidas al fomento de actividades económicas, sociales o culturales en el municipio afectado, lo que resulta especialmente relevante atendiendo a la magnitud de la inversión prevista. En este sentido, se considera necesario que el proyecto incorpore mecanismos concretos de retorno local que contribuyan al desarrollo del municipio, bien mediante actuaciones directas o, alternativamente, a través de la aportación de una cantidad económica destinada a tales fines, sujeta a la correspondiente fiscalización.

A efectos de cuantificación, el ayuntamiento tiene en cuenta que la inversión asociada al proyecto supera los mil millones de euros. Considerando que la normativa permite establecer un canon de hasta el 5% de la inversión, estima razonable fijar una aportación del 2,5%, lo que equivale a 27 millones de euros. Esta cuantía se considera proporcionada, máxime cuando el PIGA no prevé actualmente ningún tipo de canon o compensación económica para el municipio, lo que refuerza la necesidad de incorporar este mecanismo como medida de equilibrio y retorno social.

Opacidad

Los grupos de la oposición municipal han criticado la opacidad con la que se ha llevado el proyecto. El pasado mes de septiembre, con la Declaración de Interés General de Aragón ya obtenida, el PSOE solicitó una sesión pública informativa que permitiese conocer los efectos que va a tener en la localidad y en los servicios e infraestructuras el futuro centro datos, lo que fue aprobado por unanimidad, si bien luego no se llegó a concluir.

El concejal socialista Juan Ramón Enfedaque volvió a solicitarlo de urgencia incluir en el orden del día del pleno de enero, cuando ya estaba aprobado el Piga, sesión en la que la alcaldesa comunicó que se habían presentado alegaciones al Piga.

El pasado 10 de marzo, PSOE y Podemos organizaron una sesión informativa en el Hotel Alfindén con el grupo de acción “No es sequía, es saqueo”, a la que también acudieron la alcaldesa y el teniente de alcalde entre otro casi centenar de personas. Posteriormente, el 26 de marzo se convocó una sesión informativa en el Ayuntamiento de la mano de la Cámara de Comercio y la Fundación Basilio Paraíso.

Los socialistas pedían en su reclamación la presencia de técnicos municipales, del Gobierno de Aragón, así como de la promotora, ACS DC Infra La Puebla para conocer cómo va a ser el proceso de urbanización de la parcela municipal SP-1, ya que hay costes que se van a repercutir a pequeños propietarios no afectados por la expropiación. Y recriminaron a la primera edil la falta de información de las reuniones mantenidas con propietarios afectados.

Asimismo, se pidió conocer el impacto del proyecto en los servicios generales de La Puebla, desde la evacuación de aguas pluviales, vialidad, seguridad, limpieza, alumbrado público, hasta la demanda de aguas del complejo. De la misma manera, se inquirió por las nuevas infraestructuras que se han previsto para que no haya afecciones en las zonas residenciales e industriales del municipio, y sobre los beneficios y contraprestaciones que va a recibir la localidad.

“Nuestra petición no va contra nadie, pero parece lógico que los vecinos y los empresarios de la zona conozcan hasta el último detalle sobre las repercusiones de este centro de proceso de datos”, dijo el portavoz socialista, Juan Ramón Enfedaque, quien también recuerda que el Piga también afecta al PGOU del municipio, aprobado en 2025, dado que se pierde la unidad de acción de un proceso urbanizador del polígono industrial, que ahora se centrará en urbanizar las parcelas del centro de datos. Además, el Piga se impone al Plan General local y la altura del edificio será dos metros superiores a la altura máxima de 14 metros que establece el PGOU.

Para Enfedaque, la empresa actúa como un Balrog (un ser oscuro El señor de los anillos de Tolkien) frente a Goofy y Pluto (personajes de Disney), “a los que se ha comido crudos y ahora caen en la cuenta de que hay que presentar alegaciones”.

Este diario ha intentado sin éxito ponerse en contacto con la empresa para obtener su versión.

Centro de hiperescala

Con una inversión inicial de 1.254 millones de euros —ampliable hasta 2.580 millones—, el centro de datos de La Puebla de Alfindén alcanzaría una potencia de entre 150 y 300 MW, situándose en la categoría de hiperescala.

La inversión prevista supera los 1.200 millones de euros en su primera fase, con posibilidad de alcanzar cifras cercanas a los 2.500 millones si se completa la ampliación futura. Solo la construcción y urbanización del recinto ronda los 1.000 millones, a los que se suman decenas de millones adicionales en infraestructuras eléctricas, incluyendo nuevas subestaciones y conexiones a la red de alta tensión a través del nodo de Peñaflor.

El proyecto ha sido declarado inversión de interés autonómico por el Gobierno de Aragón, una figura que permite acelerar su tramitación administrativa al considerarlo estratégico para el desarrollo económico de la comunidad. Esta calificación refleja la apuesta institucional por convertir Zaragoza en un polo de infraestructuras digitales vinculado a la economía del dato, en línea con otros desarrollos similares en la región.

En términos de empleo, las previsiones apuntan a varios miles de puestos de trabajo durante la fase de construcción y a unos 500 empleos estables una vez el centro entre en funcionamiento, principalmente perfiles técnicos y de mantenimiento. A esto se suma un impacto fiscal significativo a nivel estatal y autonómico, con estimaciones que superan los 140 millones de euros en los primeros años de actividad.

Los centros de datos suelen presentarse como motores de desarrollo en cuanto a inversión, empleo y modernización. Pero los datos invitan a matizar ese relato, ya que se trata de infraestructuras altamente automatizadas, que generan relativamente poco empleo estable. Mientras tanto, los costes —consumo de recursos, presión sobre el territorio, necesidad de nuevas infraestructuras energéticas— se concentran a nivel local.

El agua y la energía, recursos en disputa

La expansión de centros de datos en Aragón supone un salto de escala sin precedentes en el consumo de recursos.

En la memoria del PIGA el centro de datos de La Puebla de Alfindén recoge que la potencia solicitada es un 34% inferior a la prevista según la Orden EIE/768/2016. Asimismo, surbraya que, en comparación con la previsión de desarrollo del sector planteada en 2011, que estimaba una potencia de 9,28 MW, la implantación actual supone una reducción del 65 % en la potencia requerida.

Pero en términos energéticos, algunos proyectos individuales de este tipo de infraestructuras ya alcanzan cifras cercanas o superiores a los 10.500 GWh anuales, lo que equivale prácticamente al consumo eléctrico total actual de la comunidad autónoma. En conjunto, el despliegue previsto podría llegar a duplicar —o incluso superar— la demanda energética regional, obligando a ampliar infraestructuras de generación, transporte y distribución.

En paralelo, el impacto hídrico resulta especialmente sensible. El centro de datos proyectado en La Puebla de Alfindén presenta una memoria de un consumo ordinario de agua de 9,31 m³ diarios, lo que equivale al 1,9 % de las previsiones establecidas en el planeamiento urbanístico vigente. Esta cifra implica una reducción de hasta el 98 % respecto al caudal inicialmente previsto. Durante el primer año, se contempla un consumo extraordinario asociado al llenado de los circuitos de climatización (1.200 m³) y de los tanques de incendios (385 m³), sumando un total de 1.585 m³. Este volumen representa el 0,16 % del consumo anual del municipio, estimado en 1.000.000 m³.

Según datos recogidos en proyectos y licencias de centros de datos en Aragón, el consumo de agua puede alcanzar los 755.000 metros cúbicos anuales. Esta cantidad equivale aproximadamente al riego de más de 200 hectáreas agrícolas.

En términos urbanos, distintos análisis sitúan su impacto potencial entre el 7,6% y el 22,9% del consumo anual de agua de Zaragoza. En escenarios agregados, el consumo de 14 hectómetros cúbicos anuales equivale a cerca de una cuarta parte del consumo urbano de Zaragoza.

Además, un elemento que suele quedar fuera del debate público es el consumo indirecto. La mayor parte del agua asociada a los centros de datos no se utiliza dentro de las instalaciones, sino en la generación de la electricidad que necesitan. Esto multiplica su huella hídrica real, situándola muy por encima de las cifras oficiales.

A escala global, un centro de datos medio puede consumir alrededor de 1,1 millones de litros de agua al día. Con el crecimiento de la inteligencia artificial, se estima que el consumo total podría superar el billón de litros anuales en 2028.

Voces como Aurora Gómez Delgado, del movimiento ‘Tu nube seca mi río’ advierten que este uso del agua se produce en un contexto de disponibilidad irregular y tensiones preexistentes, lo que implicaría no solo competir por el recurso, sino también desarrollar nuevas infraestructuras de regulación y almacenamiento. En este sentido, la clave no reside en el consumo de cada instalación por separado, sino en el efecto acumulativo de un modelo que, por su escala, tiene capacidad para desbordar los sistemas energético e hídrico existentes, obligando a redimensionar infraestructuras y reordenar prioridades en el uso de recursos.