El Congreso rechaza la prórroga de los alquileres con el voto en contra de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV

El decreto de medidas para paliar la crisis de vivienda ya es historia. Este martes, PP, Vox y Junts volvieron a unir sus votos en el Congreso para derogarlo poco más de un mes después de que el Gobierno lo aprobase, lo que supone que decae la posibilidad de que los inquilinos cuyos contratos de alquiler venzan en 2026 y 2027 —tres millones de personas en un millón de hogares, según el Ejecutivo— pidan una prórroga de sus arrendamientos al mismo precio.

A favor de convalidar el texto votaron tanto PSOE y Sumar como sus habituales socios (ERC, EH Bildu, Podemos, BNG o Coalición Canaria), con la notable excepción del PNV, que se abstuvo tras conocer que el decreto ya iba a caer por la negativa de Junts a apoyarlo. La derrota, por tanto, fue contundente. Pero el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, aseguró que la derogación del decreto no va a “disuadir” a Sumar “en la defensa de lo que es justo”, y prometió que el Gobierno va a “seguir peleando lo que haga falta hasta que prevalezca el derecho a la vivienda”. Para ello, Bustinduy pidió al PSOE que tenga la “voluntad política suficiente” para trabajar “desde esta misma noche” para “volver a traer la prórroga” de los alquileres al Congreso.

Esa medida, no obstante, carece hoy por hoy de los apoyos suficientes para salir adelante en la Cámara Baja, como se evidenció este martes. El Gobierno intentó escenificar que la negociación se ha mantenido abierta hasta el último momento, pero lo cierto es que el lunes el paquete de medidas quedó ya abocado al fracaso. Fue entonces cuando Sumar hizo una última intentona para intentar convencer a Junts de que cambiaran de posición cediendo públicamente ante dos de sus exigencias clásicas: la puesta en marcha de más incentivos fiscales para los caseros y la aprobación del IVA franquiciado para los autónomos. Los de Yolanda Díaz instaron al PSOE a aceptar estas dos medidas para, al menos, intentar reencauzar la negociación con los independentistas, pero no hubo movimientos de última hora en el ala socialista del Gobierno, que considera que la formación de Carles Puigdemont tenía decidido desde hace semanas derribar el decreto y que, ante ello, poco se podía hacer.

Al PSOE, de hecho, le molestó que este martes varios portavoces de Sumar criticaran horas antes de la sesión plenaria que la parte socialista del Gobierno no se haya implicado en la negociación. Y esa irritación se evidenció durante el debate, puesto que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defendió el decreto en el Congreso sin que ninguno de los ministros del PSOE estuviera sentado en la bancada azul durante su discurso, si bien los socialistas no suelen acudir a los debates de los martes en el Congreso hasta el momento de la votación. Por el contrario, de Sumar sí estuvieron presentes tanto la vicepresidenta Díaz como el titular de Cultura, Ernest Urtasun; y la de Sanidad, Mónica García.

Sabedor de que el decreto tenía las horas contadas, Bustinduy quiso poner a los grupos parlamentarios ante la disyuntiva de decidir entre “si la vivienda es un derecho de la ciudadanía o un activo especulativo para la acumulación financiera”. El ministro hizo hincapié en su discurso en que derribar la prórroga de los alquileres deja “a la intemperie” a los inquilinos que ya no podrán beneficiarse de ella, y aseguró que “esta votación no va del Gobierno” sino de una “ciudadanía” que “está harta de que, ante su principal preocupación, la política se desentienda. ”Ustedes elegirán qué intereses defienden y de qué lado se ubican“, espetó. Y acusó a PP, Vox y Junts de no tener ”un solo argumento para desproteger a tres millones de personas“. ”Lo van a hacer por cerrazón ideológica y porque se sienten impunes“, denunció.

Bustinduy criticó que “el mercado de la vivienda se lo están repartiendo un puñado de agentes financieros que lo utilizan como una aspiradora para extraer rentas de las familias trabajadoras en España: no son los jubilados que complementan su pensión ni quienes han heredado una segunda vivienda los que suben de golpe los alquileres un 50%”. Y, ante la negativa de la derecha a apoyar el decreto, afirmó que “toda España” sabrá que “cada euro de más que se vaya a pagar un alquiler abusivo”, “cada casting para visitar un piso impagable”, “cada familia que tenga que cambiar a sus hijos de colegio” o “cada trabajador que tarde 30 minutos más en llegar al curro” serán responsabilidad de PP, Vox y Junts.

Esa apelación, sin embargo, no sirvió para mover ni un ápice de su posición a Junts, que presumió de derribar un decreto que calificó de “operación de propaganda [...] jurídicamente muy defectuosa”, en palabras de su diputada Marta Madrenas. Eso sí: más allá de los “graves errores jurídicos”, Madrenas no se esforzó en ocultar que Junts está en contra de lo que la diputada calificó como “un viaje ideológico persistente” del Gobierno y, particularmente, de Sumar, a quienes acusó de tener “una alergia sistemática a los propietarios, a todos”. “Les imponen nuevas cargas, alteran contratos en vigor y no prevén ninguna compensación, nada, ni una: el Gobierno invita a la fiesta y los privados la pagan”, aseveró Madrenas.

La parlamentaria de Junts, asimismo, se refirió concretamente a la prórroga de los alquileres recogida en el decreto para calificarla de medida “estética” y, más aún, contraproducente. “Están generando una inseguridad jurídica sistémica, falsas expectativas y una futura litigiosidad masiva”, denunció Madrenas, que defendió que, frente a la prórroga de los alquileres al mismo precio, Junts plantea “una deducción fiscal al alquiler” más amplia incluso que la que ya existe. “Esto sí que sería una reducción directa del coste para las familias sin perjudicar a los propietarios”, argumentó la diputada, que no obstante evitó cuidadosamente afirmar que la aprobación de esta rebaja fiscal bastaría para que Junts se replanteara su apoyo a la prórroga de los alquileres en un nuevo decreto.

Bustinduy señala a Junts: “No todo son fichas en un tablero”

Bustinduy aprovechó su turno de réplica al final del debate para responder a Madrenas que su rechazo al decreto no se debe a “ninguna de las objeciones técnicas” que ha planteado. “Usted lo sabe, porque si esa fuera la causa, mañana mismo podemos retomar las negociaciones, resolver las dudas y garantizar el derecho a que sigan en sus casas cientos de miles de personas, incluyendo 200.000 hogares en Cataluña, pero no es esa la razón”, lamentó el ministro, que espetó a la diputada de Junts que “no todo son fichas en un tablero de negociación”. “La vida de cientos de miles de personas no debería ser una ficha en un tablero, y ustedes, tumbando este decreto, quizá persigan otras causas, pero el interés general de Cataluña y de los catalanes no”, acusó.

El titular de Derechos Sociales también chocó con el portavoz adjunto de Vox, Carlos Hernández Quero, que le acusó con mucha contundencia al Gobierno de ser el culpable de la crisis de acceso a la vivienda por su política de “fronteras abiertas” que, dijo, ha hecho crecer de forma insostenible la demanda de inmuebles. “Nos ha dicho que su hermana es una de las personas que está en esa situación y que podría beneficiarse de la prórroga, y según esa metáfora, usted tiene a su propia gente al borde del precipicio y lo que va a hacer hoy es empujarles al precipicio”, espetó Bustinduy, que aseguró que, con su rechazo al decreto, Vox vota “a favor del saqueo de los barrios populares, a favor del negocio de buitres aristócratas” y “a favor del expolio a los trabajadores”.

“¿Entre una familia española y un fondo extranjero que expulsa a esas familias a la calle, Vox de qué lado está? ¿Quién tiene prioridad ahí?”, preguntó el ministro a Quero, que previamente había asegurado que la crisis de acceso a la vivienda se debe a que hay “mucha gente buscando casa y pocas casas disponibles”. “Este desequilibrio es una opción política: impedir o limitar la producción de vivienda, abrazar los controles de precios que llevan a desplomes severos de la oferta y, finalmente, abrir de par en par las puertas de nuestro país a millones de personas que también buscan alojamiento”, había resumido el diputado de Vox, a lo que Bustinduy contestó que, “entre España y los fondos buitre”, la ultraderecha elige a los segundos y que “no hay bandera y no hay pulsera que pueda tapar eso”.

El ministro también tuvo un duro cruce de argumentos con el diputado del PP Daniel Pérez, que afirmó que el decreto de medidas de vivienda “es improvisación, propaganda y supervivencia política” y sostuvo que “cada vez que el Gobierno interviene en el mercado ocurre lo mismo, menos oferta, más dificultades y precios más altos”. “Entre su electorado ustedes tienen el doble de inquilinos que de caseros, ¿ustedes creen que van a poder explicar que van ustedes a dejar a tres millones de compatriotas desamparados a su suerte?”, le respondió Bustinduy, que recordó que la derogación de la prórroga de los alquileres va a suponer a los inquilinos “un coste medio de 2.000 euros por hogar al año, y en ciudades como Madrid, de 600 o 700 euros más al mes”. “A sus votantes, a su gente, dos tercios de los cuales apoyan esta medida”, denunció.