El plan para el centro de datos en La Puebla de Alfindén deja al municipio sin 40 millones del impuesto de construcción
El gran centro de datos que promueven Benbros y ACS en La Puebla de Alfindén (Zaragoza) supondrá una inversión milmillonaria que dejará sin embargo lo justo en las arcas municipales. El Plan de Interés General Autonómico (PIGA), publicado este martes, refleja que el impulso de esta granja de servidores en la localidad generará 278.843 euros anuales en ingresos en concepto de impuesto de bienes inmuebles (IBI) y de impuesto de actividades económicas (IAE). Pero, a cambio, el Ayuntamiento se quedará sin ingresar un euro del impuesto de construcciones (ICIO), que ascendería a unos 40 millones de euros.
Estos son los datos que consta en el PIGA –aprobado inicialmente y suscrito por el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López–, para un centro de datos en una parcela de más de 25 hectáreas, en parte de propiedad privada y en parte, pública, y que se va a adaptar a uso industrial tecnológico. El desarrollo urbanístico está aprobado desde hace años, pero las obras de urbanización aún no están ejecutadas.
La instalación tendrá una demanda de 150 megavatios de potencia, que ya tienen autorizados por parte de Red Eléctrica a través del punto de acceso a la Estación de Peñaflor, en Villamayor de Gállego. El documento tramitado por el Gobierno de Aragón refleja que el consumo de agua del centro será muy limitado por el desarrollo de un sistema de climatización de circuito cerrado, gracias al que solo requerirá 9,31 m³/día una vez llenado los circuitos.
Las obras de edificación y urbanización interior ascenderán a 967 millones de euros, lo que sumado a los 36 millones del coste de la urbanización hará un total superior a los 1.000 millones de euros. Eso sin contar con otros 31,5 millones para la construcción y el cableado de dos nuevas subestaciones eléctricas.
Con un impuesto de construcciones (ICIO) al 4% según la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de La Puebla, la pérdida de este gravamen supondrá una merma a las arcas municipales de unos 40 millones de euros.
Lo que sí percibiría la corporación alfindeña serían algo menos de 280.000 euros anuales en concepto de IBI e IAE. Sin bonificaciones, en el escenario 2025-2039 ascenderían a un máximo de 3,3 millones de euros.
Frente a esto, el proyecto publicado este martes en el Boletín Oficial de Aragón refleja una “huella fiscal estimada” durante los primeros diez años de operación “superior a 144 millones de euros”. La mayor parte serán ingresos estatales y autonómicos: 23,5 millones en concepto de impuesto de sociedades y 118 millones de IRPF.
Para el abastecimiento de agua de la parcela y del sector industrial, los promotores ejecutarán un nuevo depósito de regulación de 6.000 metros cúbicos , que se ubicará en la zona noroeste del ámbito de actuación y que sustituirá al existente, fuera de ordenación y que será demolido.
En total, ACS-Benbros prevén crear 2.745 empleos, de los que 946 directos, 1.086 indirectos y 724 inducidos. Según los promotores, 540 puestos de trabajo serán permanentes, entre operación y mantenimiento.
Antes de ver la luz, el centro de datos de La Puebla de Alfindén deberá someterse a sendos estudios de impacto ambiental tanto para las infraestructuras eléctricas y las subestaciones como para la propia granja de servidores. También requerirá la autorización ambiental integrada (AAI).
Sesión informativa sobre el centro
Días atrás, el PSOE de la Puebla de Alfindén presentó una instancia general en el Registro del Ayuntamiento para proponer dos fechas en las que poder celebrar una sesión informativa pública que permita conocer los efectos que va a tener en la localidad y en los servicios e infraestructuras el futuro centro datos. Los socialistas lamentan profundamente el “desinterés” de la alcaldesa, la popular Pilar Villanueva, en cumplir una moción aprobada por mayoría en el pleno de septiembre en este sentido.
Los socialistas pedían en su reclamación la presencia de técnicos municipales, del Gobierno de Aragón, así como de la promotora, ACS DC Infra La Puebla para conocer cómo va a ser el proceso de urbanización de la parcela municipal SP-1, ya que hay costes que se van a repercutir a pequeños propietarios no afectados por la expropiación. Y recriminaron a la primera edil la falta de información de las reuniones mantenidas con propietarios afectados.
Asimismo, se pidió conocer el impacto del proyecto en los servicios generales del La Puebla, desde la evacuación de aguas pluviales, vialidad, seguridad, limpieza, alumbrado público, hasta la demanda de aguas del complejo. De la misma manera, se inquirió por las nuevas infraestructuras que se han previsto para que no haya afecciones en las zonas residenciales e industriales del municipio, y sobre los beneficios y contraprestaciones que va a recibir la localidad.
“Nuestra petición no va contra nadie, pero parece lógico que los vecinos y los empresarios de la zona conozcan hasta el último detalle sobre las repercusiones de este centro de proceso de datos”, dijo el portavoz socialista, Juan Ramón Enfedaque.
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