La pareja del exconsejero de Medio Ambiente aragonés administró 22 empresas ligadas al caso Forestalia

La mujer de Alfredo Boné, ex consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón por el PAR entre 2002 y 2011 y que aparece profusamente mencionado en el informe de la Guardia Civil sobre el caso Forestalia, fue administradora durante meses de una veintena de empresas vinculadas supuestamente con la trama. Lo hizo pese a que Lucía Domingo Monserrate trabajaba como empleada pública en Sarga, empresa del Gobierno de Aragón, con la que aún sigue ligada laboralmente como jefa de área.

Exalcaldesa de Fortanete (Teruel) entre 1999 y 2007, primero por el PP y a continuación por el PAR, Domingo Monserrate es psicóloga, consultora y técnico medioambiente, tal y como consta en el informe de la Unidad Central Operativa de Medioambiente (UCOMA) de la Guardia Civil. Ejercía al menos hasta el año pasado como responsable del centro medioambiental de La Alfranca, que pertenece a Sarga. Esta empresa proviene de la fusión en su día de otras dos firmas autonómicas de capital público, Sirasa y Sodemasa, la segunda de las cuales estuvo bajo el control de Alfredo Boné en su etapa como consejero.

Fue entre mediados de 2020 y principios de 2021, en plena pandemia, cuando Lucía Domingo pasó a convertirse en administradora única o solidaria de más de dos decenas empresas —todas relacionadas con el sector energético— que menciona la Guardia Civil en sus pesquisas sobre el caso Forestalia. Según los datos recabados por este periódico, la empleada de Sarga participó entre otras en Tenere Gestión Integral SL, Pallaruelo Energy SL (de la I a la X) o Peonia SL. De esta última, el informe de la UCOMA plasma que fue constituida por el matrimonio junto con otra persona jurídica, Evama Building SL, en 2018.

De hecho, el informe del Instituto Armado sitúa a Domingo como “interviniente” en la fundación de todas estas compañías. Solo en un día, el 11 de marzo de 2020, las cuatro mismas personas —Boné, su mujer, Sebastien Jean Claude Pérez y la mercantil Evama Building, representada por María Pilar Rufas Calasanz— crearon 19 sociedades a través del mismo notario. El matrimonio vendió cuatro meses después participaciones de siete de estas firmas. La Guardia Civil apunta a que Domingo continuaba teniendo presencia en empresas, ya que recoge que en julio de 2023 hubo otras 19 transmisiones a Evama Building SL.

Implicaciones administrativas

Los investigadores, en todo caso, no llegan a plasmar en la documentación remitida al Juzgado ninguna actuación delictiva por parte de Domingo con este baile de empresas, más allá de las implicaciones administrativas de compaginar estos cargos con su Jefatura en Sarga. Cuestionado acerca de esta circunstancia por elDiario.es, el Gobierno de Aragón se ha limitado a asegurar que no va a dar “información de ningún trabajador de Sarga”. Hay que recordar que la actividad de la empresa pública en la que trabaja Lucía Domingo es precisamente de carácter medioambiental.

Por otro lado, y al igual que su cónyuge, la empleada de Sarga figura como titular o autorizada en cuatro decenas de productos bancarios de cinco entidades distintas.

Este periódico ha intentado contactar con Lucía Domingo pero no ha sido posible.

Aunque no está formalmente investigado, el informe de la Guardia Civil apunta en la documentación remitida al juez de Teruel que consideran la venta de una empresa propiedad de Alfredo Boné a Fernando Samper —Viadós Gestión Integral de Proyectos SL, más tarde Athmos Sostenibilidad SL— en 2018 un vehículo instrumental para materializar el cobro a posteriori de supuestos favores a cambio de facilitar la tramitación de parques eólicos. Por esta transmisión, Boné percibió según el Sepblac (el organismo antiblanqueo de capitales) 1.450.862 euros, frente a 1.333.333 euros escriturados.

El pasado miércoles, el propio ex consejero autonómico hizo público un comunicado en el que aseguró que estos “pagos de más” tienen que ver con el periodo entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 en que siguió colaborando con Forestalia y se corresponden con “las sumas de las 13 facturas emitidas como autónomo, de las que el UCOMA y/o el Banco de España tienen que tener conocimiento”. “Maliciosamente, algunas informaciones han atribuido una sombra de fraude fiscal por ese supuesto 'sobreprecio'. Todas y cada una de las cantidades han sido producto de actividad profesional, facturadas en su totalidad y satisfechos los tributos correspondientes”, añadió Boné.