El fin de los móviles ‘desechables’: así serán las nuevas baterías obligatorias

Durante años, el punto débil de los smartphones ha sido invisible pero decisivo: la batería. Su degradación ha marcado el ritmo de sustitución de millones de dispositivos, incluso cuando el resto del hardware seguía funcionando. Ese modelo está a punto de cambiar en Europa. A partir de febrero de 2027, todos los móviles que se vendan en la Unión deberán incorporar baterías “fácilmente reemplazables” por el propio usuario, según el Reglamento (UE) 2023/1542.

La norma, aprobada en 2023 por el Parlamento y el Consejo, no es una recomendación técnica, sino una obligación legal que afecta a todo el ciclo de vida del producto. El artículo clave establece que las baterías portátiles deberán poder extraerse y sustituirse “en cualquier momento de la vida útil” del dispositivo, sin herramientas especializadas ni conocimientos técnicos avanzados.

Esto supone un cambio estructural en el diseño de los teléfonos. Durante más de una década, la industria ha apostado por dispositivos sellados, compactos y difíciles de abrir. Ahora, los fabricantes tendrán que replantear esa arquitectura para cumplir con un principio básico: si la batería falla, el usuario debe poder cambiarla sin tener que reemplazar todo el terminal.

La medida no surge solo por motivos de consumo, sino por presión ambiental. Europa genera enormes volúmenes de residuos electrónicos, y una parte significativa está vinculada a dispositivos que se desechan prematuramente. La Comisión Europea lleva años señalando que el diseño actual no integra suficientemente criterios de economía circular como la reparabilidad o la durabilidad.

Reparar en lugar de sustituir

El objetivo de fondo es cambiar el comportamiento del mercado. Según datos recogidos en el debate legislativo, millones de móviles se descartan cada año pese a ser funcionales, en gran medida por el coste o la dificultad de sustituir la batería.

La nueva regulación pretende romper ese ciclo incentivando la reparación frente al reemplazo. Para ello, no solo obliga a rediseñar los dispositivos, sino que introduce un enfoque integral: requisitos de recogida de residuos, objetivos de reciclaje de materiales como el litio o el cobalto, y la implantación de sistemas como el “pasaporte de batería”, que permitirá rastrear su composición y ciclo de vida.

Además, la normativa se enmarca en una estrategia más amplia de ecodiseño. La Unión Europea reconoce que los smartphones, junto con otros dispositivos electrónicos de consumo, representan cerca del 70% del mercado de baterías recargables, lo que los convierte en un objetivo prioritario para intervenir desde la regulación.

El resultado es un cambio de paradigma: de productos diseñados para durar lo justo a dispositivos pensados para mantenerse en uso durante más tiempo. Si la legislación cumple su propósito, cambiar la batería dejará de ser una operación compleja (o directamente inviable) y pasará a ser una práctica habitual. En ese escenario, el “móvil desechable” dejaría de ser la norma para convertirse en una anomalía del pasado.