11-M, la guerra que nos trajeron a casa

Sigue sin exigirse responsabilidades más allá de las recibidas por los ejecutores materiales, juzgados y condenados. Sin embargo, siguen sin arrepentimiento ni justicia para los causantes políticos del 11 de marzo. Ese día de 2004, diez artefactos explosivos colocados en trenes de cercanías de Madrid a unas horas que solo podían matar personas que se dirigían a sus trabajos, provocaron 193 muertos y cerca de dos mil heridos. Fue el atentado terrorista más grave de la historia de España y uno de los más mortíferos cometidos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Aquel día lo tenemos grabado en la memoria individual y colectiva como una tragedia de magnitudes históricas por eso reducir el 11-M a un acto terrorista aislado es ignorar el contexto político que lo precedió. Aquella matanza fue también la irrupción violenta en territorio español de un conflicto internacional en el que el propio gobierno presidido por José María Aznar había decidido implicar a España pocos meses antes y al margen del parlamento: la invasión de Irak de 2003. Veintidós años después, la memoria de las víctimas sigue planteando una pregunta que la política española nunca ha querido responder plenamente: ¿cómo llegó España a convertirse en objetivo del terrorismo yihadista internacional? Responderla exige reexaminar una decisión política que alteró profundamente la relación entre política exterior, legalidad internacional y seguridad de Estado. Lo exije también el respeto por las víctimas.

El 20 de marzo de 2003 Estados Unidos y el Reino Unido rompieron el orden jurídico internacional ignorando la posición de Naciones Unidas e iniciaron la invasión de Irak con el apoyo político de varios gobiernos aliados, entre ellos el de España. Aquella intervención se justificó mediante dos argumentos: la existencia de armas de destrucción masiva en poder del régimen de Saddam Hussein y su presunta relación con el terrorismo internacional. Ambas afirmaciones resultaron ser falsas. El Informe Chilcot, oficialmente Iraq Inquiry, publicado en 2016 por el Parlamento británico concluyó que la guerra se basó en informaciones de inteligencia defectuosas, exageradas o interpretadas de forma selectiva, y que las alternativas diplomáticas no habían sido agotadas.

Desde el punto de vista jurídico, la invasión planteó una cuestión aún más grave. La Carta de las Naciones Unidas, aprobada en 1945 tras el trauma de la Segunda Guerra Mundial, establece en su artículo 2.4 la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales salvo en dos supuestos: la legítima defensa frente a un ataque armado o la autorización expresa del Consejo de Seguridad. La invasión de Irak no cumplía ninguno de esos requisitos. Por ello, el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, afirmó en 2004 que la guerra era “incompatible con la Carta de las Naciones Unidas y, por tanto, ilegal”.

A pesar de ello, España decidió alinearse con el llamado “trío de las Azores” formado por George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar, que en realidad fue un cuarteto pues siempre se olvidan del anfitrión, Durao Barroso. Aquella fotografía de la reunión celebrada el 16 de marzo de 2003 simbolizó algo más que una alianza política. Representó la ruptura del cuerpo jurídico internacional que subordinaba la fuerza al derecho.

La decisión del gobierno español de 2004 se adoptó contra la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas mostraban que más del 80 % de los españoles se oponían a la guerra. Las manifestaciones celebradas en febrero y marzo de 2003 constituyeron algunas de las mayores movilizaciones sociales registradas en Europa desde el final de la Guerra Fría. Millones de personas salieron a la calle bajo una consigna simple: “No a la guerra”. El presidente del gobierno no apareció por el parlamento durante diez meses.

La invasión de Irak fue precisamente uno de esos momentos en los que la razón de la mentira se impuso sobre la razón jurídica y moral generando una catástrofe humana que todavía persiste en los países que fueron víctimas y en el propio desorden mundial como ahora nos demuestra la última sinrazón de la guerra contra el régimen teocrático de Irán iniciada por el régimen también teocrático de Israel arrastrando a los EEUU bajo el gobierno del reo del pederasta Epstein.

El terrorismo que golpeó Madrid el 11-M invocó explícitamente la participación española en la guerra de Irak como uno de los motivos de su acción. Nos trajo la guerra a casa abriendo una cadena de atentados por toda la Unió Europea. No hay nada que pueda justificar el asesinato de civiles, pero comprender el contexto en el que se producen los atentados forma parte del deber intelectual de cualquier sociedad democrática para imputar la parte de responsabilidad que les corresponde a aquellos que tiran la piedra y esconden la mano.

Mantener que las decisiones en política exterior no tienen consecuencias es engañar a la ciudadanía. España que había sufrido durante décadas el terrorismo de ETA de repente pasó a ser considerada un objetivo prioritario del terrorismo yihadista global. La foto de Aznar en las Azores nos trajo ese escenario, nos trajo la guerra a Madrid. La tragedia se vio agravada por la gestión política de la información en las horas posteriores al atentado. Mientras las investigaciones policiales comenzaban a apuntar hacia una autoría yihadista, el gobierno con su portavoz, el condenado por corrupción Eduardo Zaplana, al frente insistió pública y falsamente en imputar el atentado a los terroristas de ETA prefiriendo que la masacre fuera atribuida al terrorismo vasco antes que al yihadismo y a la acción de participar en una guerra ilegal a miles de kilómetros de nuestras fronteras. La resistencia a modificar ese relato cuando las evidencias comenzaban a contradecirlo provocó una profunda crisis de confianza institucional. La mentira sobrevoló el duelo por las víctimas que fueron revictimizadas y abrió en canal la confianza de la sociedad en sus líderes. De aquella gran mentira de hace dos décadas se ha transitado a los bulos de hoy que todo lo contaminan. Existe una perfecta concatenación de conductas. El objetivo oculto de la mentira no está solo en engañar sino conseguir que una catarata de mentiras induzca a que la ciudadanía termine por no creer en nada, como ya dijo Arendt.

El historiador Tony Judt advirtió, al analizar las intervenciones militares posteriores al 11-S, que las guerras emprendidas en nombre de la seguridad podían terminar generando exactamente lo contrario: inestabilidad, radicalización y violencia transnacional como así ha ocurrido. Veintidós años después, la autocrítica política sobre la guerra de Irak sigue siendo prácticamente inexistente entre aquellas fuerzas políticas y medios afines que impulsaron la gran mentira. Ni responsabilidades ni arrepentimiento. Ninguna de las principales figuras que impulsaron la participación española en aquella intervención ha asumido responsabilidades políticas o morales, sus herederos políticos, tampoco. El filósofo Michael Walzer, en su teoría de la guerra justa, recuerda que el poder político que decide iniciar una guerra adquiere una responsabilidad especial: la responsabilidad de justificarla ante la comunidad internacional y ante sus propios ciudadanos. Cuando esa justificación se revela inexistente, falsa o jurídicamente insostenible, la legitimidad política queda gravemente dañada.

El aniversario del 11-M tiene ecos en el presente. Coincide con un momento internacional marcado por nuevas guerras y por el deterioro del orden jurídico internacional. El genocidio del pueblo palestino en Gaza ha generado acusaciones de graves violaciones del derecho internacional humanitario sin consecuencias. La invasión de Ucrania por Rusia también. El régimen teocrático de Israel sigue comerciando desde una posición privilegiada con una noqueada Unión Europea, sus cantantes y deportistas exhibiéndose obscenamente por los festivales y estadios defendiendo las masacres de su gobierno genocida y a pesar de que el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó en 2024 órdenes de arresto por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y también contra los dirigentes de Hamás, la otrora organización terrorista financiada por Israel para debilitar a la Autoridad Palestina.

Tras los juicios de Núremberg, la comunidad internacional estableció un principio fundamental: los dirigentes políticos pueden ser penalmente responsables por crímenes contra la población civil. Ese principio fue recordado por Primo Levi, superviviente de Auschwitz, cuando advertía que la memoria de las catástrofes del siglo XX debía servir para impedir que el poder político volviera a situarse por encima del derecho. A pesar de todo ello, en España, el PP y VOX y sus voceros mediáticos vienen defendiendo posiciones de apoyo prácticamente incondicional a las estrategias ilegales de Estados Unidos e Israel hasta el punto de estar alineándose con quien amenaza a España con represalias y a la Unión Europea con invadir un territorio bajo su soberanía. El problema no es la existencia de diferencias políticas que son democráticamente legítimas. El problema surge cuando ese alineamiento se convierte en subordinación y sumisión a una potencia extranjera que se comporta como un enemigo que genera conflictos graves contra el derecho internacional o contra los intereses estratégicos europeos.

El Código Penal español, en sus artículos dedicados a los delitos de traición, contempla supuestos en los que la colaboración con intereses extranjeros en perjuicio del Estado puede constituir responsabilidad penal. Naturalmente que el debate político no puede equipararse automáticamente a un delito, pero sí existe una frontera ética y constitucional clara: cuando la defensa de los intereses de potencias extranjeras se sitúa por encima de la defensa del interés general del propio país y sus ciudadanos, entonces la cuestión deja de ser meramente ideológica para convertirse en un problema de responsabilidad institucional y legal.

El 11-M fue una tragedia histórica y también fue una advertencia. Nos recuerda que las decisiones de política exterior, especialmente las relacionadas con las guerras, tienen consecuencias profundas y duraderas en la política interior y hacia la ciudadanía. Cualquier política democrática debe condenar el terrorismo y las agresiones a los derechos humanos, pero también se debe obligar a impedir que las decisiones políticas alimenten los conflictos armados que contravienen el derecho internacional. Los desastres del siglo XX nos dejó muy claro que ningún dirigente político debe situarse por encima del derecho internacional. Los juicios de Núremberg establecieron que iniciar guerras ilegales, cometer crímenes de guerra o atacar a la población civil son actos que generan responsabilidad penal individual. Ese principio sigue siendo hoy la base del sistema de justicia internacional. Si las acusaciones formuladas por fiscales internacionales prosperan, dirigentes como Donald Trump o Benjamin Netanyahu deberían terminar enfrentándose a responsabilidades ante la Corte Penal Internacional por sus decisiones causantes de devastación y sufrimiento masivo.

Pero la responsabilidad no termina en quienes declaran ilegalmente las guerras. También alcanza a quienes legitiman, justifican o facilitan políticamente esas acciones, ignorando deliberadamente el derecho internacional o subordinando los intereses de su propio país a los de potencias extranjeras agresoras. La defensa de la democracia exige algo más que condenar el terrorismo, exige también defender el derecho internacional frente a la política de la fuerza y exige responsabilidades políticas, jurídicas y morales a quienes contribuyen a destruirlo directa e indirectamente. Porque la historia ha demostrado una y otra vez que cuando el poder actúa por encima del derecho y cuando la política abandona la defensa del interés general de la ciudadanía y normaliza la guerra como instrumento de gobierno y dominación, las víctimas siempre terminan siendo los ciudadanos.

El 11-M debería recordarnos precisamente eso. Que las guerras que los gobiernos deciden lejos de casa siempre terminan viniendo a casa, de múltiples formas. Y que las democracias solo pueden sobrevivir si los autores de esas decisiones saben que, tarde o temprano, tendrán que responder por ellas ante la justicia.