El fiscal apunta a un “entramado” de firmas pantalla para surtir de camiones a los narcos del Puerto de València

El fiscal antidroga apunta a un “entramado estructurado y consciente”, en el marco de la presunta trama de narcotráfico a gran escala en el Puerto de València, “destinado a facilitar la comisión de delitos de tráfico de drogas, mediante la utilización instrumental de sociedades mercantiles”. Así figura en un auto del juez instructor, al que ha tenido acceso elDiario.es, que desestima el recurso de la representación jurídica de la empresa Castellón Renting SL contra la resolución que ordenó el decomiso cautelar y el uso policial de un Audi modelo Q8 y de un camión Man, además de un semirremolque marca Kassboher. El fiscal vincula el camión con la extracción de un alijo de 1.160 kilos de cocaína en el Puerto.

El representante del Ministerio Fiscal detalla los indicios de la “intervención directa” del investigado Julio E. G. en la “puesta a disposición de vehículos para la organización criminal” y recuerda la “entrega de importantes cantidades de dinero (40.000 euros) realizada en las propias instalaciones de la empresa, sin emisión de justificante alguno ni soporte documental que ampare la operación”.

La acusación pública cuenta con un elemento fundamental para apuntalar los indicios: el papel de los agentes encubiertos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, especialmente de dos: identificados con el nombre en código de Orca y Rande).

El investigado Julio E. G. hizo ante uno de los infiltrados policiales una “expresa manifestación” de que los contratos de arrendamiento, subordinados a la entrega previa del efectivo, “se configuran para evitar el decomiso de los vehículos en caso de intervención policial”, tal como acaeció a la postre con la 'operación Spider'.

El fiscal considera que no se trataba precisamente de una “actividad mercantil ordinaria” sino de una “operativa para ocultar la verdadera naturaleza de la transacción” de cara a “desvincular formalmente los bienes de su utilización delictiva”.

“En consecuencia”, apostilla, “no se trata de meras conjeturas, sino de una vinculación directa, concreta y acreditada entre los bienes intervenidos y la actividad delictiva investigada, sustentada en elementos objetivos obtenidos mediante actividad encubierta”.

Una empresa integrada en la “operativa delictiva”

Por otro lado, la empresa alegaba la “adquisición lícita” y el “uso ajeno a los hechos investigados” del Audi modelo Q8, uno de los numerosos vehículos de alta gama intervenidos a la presunta red.

Por el contrario, el fiscal antidroga sostiene que, según se desprende de la investigación, el vehículo fue usado “de forma directa y habitual” por parte del investigado Julio E. G.

La mercantil Castellón Renting SL “no puede ser considerada un tercero de buena fe, sino que aparece como un instrumento funcional integrado en la operativa delictiva, utilizado para facilitar la disponibilidad de medios materiales para la organización criminal y evitar la trazabilidad y eventual decomiso de los bienes”.

El fiscal concluye que resulta “plenamente justificada” el decomiso y la autorización del uso policial de los vehículos intervenidos. El juez instructor, Vicente Ríos, “no tiene nada más que añadir” a las alegaciones del Ministerio Fiscal y acuerda la desestimación del recurso, confirmando así la medida.